PS 307

Para establecer la “Ley para Uniformar la Evaluación de Solicitudes de Licencias Ocupacionales por Personas con Antecedentes Penales” con el propósito de…

Ver título completo

Para establecer la “Ley para Uniformar la Evaluación de Solicitudes de Licencias Ocupacionales por Personas con Antecedentes Penales” con el propósito de establecer una política pública con parámetros uniformes para la evaluación de otorgación de licencias ocupacionales a personas con antecedentes penales, implementar un proceso de calificación previa que le permita a las personas con antecedentes penales conocer con anterioridad si las circunstancias particulares de su caso son un impedimento para la obtención de la licencia ocupacional a la que aspiran solicitar.

Medida·Senado·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónRechazada

Resumen de la medida

Qué propone

El proyecto crea una regla uniforme que prevalecería sobre otras leyes para que las Juntas Examinadoras evalúen licencias ocupacionales cuando la razón para denegar, suspender, revocar o no renovar sea un antecedente penal. Solo permitiría considerar condenas por delitos graves no excluidos y delitos menos graves violentos; prohibiría considerar, entre otros, arrestos sin condena, delitos menores no violentos y ciertas condenas de más de tres años, con excepciones para delitos enumerados. Para denegar una licencia, exigiría que el antecedente tenga relación directa y específica con la ocupación y que la Junta lo pruebe de forma clara y convincente; dispone notificación escrita, acceso al expediente solicitado dentro de 5 días laborables, al menos 15 días para pedir y revisión judicial sin costo de sellos o aranceles. También permitiría pedir precalificación antes de completar los requisitos educativos, haría vinculante una determinación favorable sobre los mismos antecedentes salvo cambio material, limitaría la cuota a $100 con para ingresos iguales o inferiores al 300% del nivel federal de pobreza indicado, y ordenaría informes anuales y cambios reglamentarios dentro de un año.

Pros

•Una persona con antecedentes podría conocer si estos le impedirían obtener una licencia antes de pagar por educación o adiestramiento; si la Junta determina que puede cualificar, esa decisión la vincularía para la misma persona y los mismos antecedentes, salvo que cambien materialmente los hechos.
•Quien reciba una denegatoria por antecedentes tendría que recibir razones escritas y detalladas, podría solicitar el expediente dentro de 5 días laborables y tendría al menos 15 días para pedir ; además, podría acudir al Tribunal de Apelaciones sin pagar sellos ni aranceles.
•Al prohibir exclusiones automáticas y excluir de consideración arrestos sin condena, delitos menores no violentos y otras categorías especificadas, el proyecto protegería a solicitantes de que una Junta les niegue una licencia solo por tener antecedentes que la ley considera no pertinentes para esa evaluación.

Contras

•La Junta no podría considerar ciertas categorías aunque entienda que un antecedente concreto es relevante para una ocupación: por ejemplo, los delitos menores no violentos quedan excluidos, y muchas condenas dejan de poder considerarse después de tres años, salvo las excepciones enumeradas. Esa regla categórica puede limitar la evaluación de riesgos para consumidores en ocupaciones particulares.
•La precalificación favorable sería vinculante, pero una determinación adversa solo permitiría a la Junta recomendar medidas correctivas, sin hacerlas obligatorias ni garantizar que completarlas conduzca a una decisión favorable. Esto deja menos certeza a quien recibe una respuesta negativa y luego intenta remediarla.
•El texto contiene referencias internas inconsistentes: el informe anual pide contar peticiones bajo el Capítulo 6, aunque la precalificación aparece en el Capítulo 4, y las disposiciones finales también llevan numeración de artículos del Capítulo 4. Esto podría generar dudas al aplicar los requisitos de información y citar las disposiciones.

Intereses en juego

Beneficia a:: Personas con antecedentes penales que soliciten licencias ocupacionales, en particular quienes necesiten saber antes de invertir en formación si sus antecedentes son un impedimento y quienes reciban una denegatoria que quieran impugnar.
Preocupa a:: Juntas Examinadoras, que perderían margen para considerar antecedentes excluidos por ley; también podrían preocupar a consumidores las exclusiones categóricas si impiden considerar antecedentes relevantes para una ocupación específica.
Quién paga o decide:: Las Juntas Examinadoras tendrían que tramitar precalificaciones, revisar sus reglas y recopilar datos; el Departamento de Estado tendría que establecer el requisito de informes anuales. El texto no asigna una partida específica, permite cuotas de hasta $100 con la indicada y deja a cada Junta la e implementación de los criterios.

En qué va

El proyecto se radicó el 3 de febrero de 2025 y fue referido el 6 de febrero a las comisiones de Gobierno y de Trabajo y Relaciones Laborales del Senado. Tras rendirse un informe conjunto el 7 de noviembre, el Senado lo aprobó con el 10 de noviembre, pero lo derrotó en la ese mismo día. Este resumen describe el texto del 3 de febrero de 2025. El 10 de noviembre de 2025 se aprobó con enmiendas, y el texto aprobado todavía no está disponible.

Generado por IA · puede contener errores y los argumentos a favor/en contra son posibles puntos de debate, no una postura oficial. Verifica con el texto oficial.

Texto completo Fuente de datos, en inglésDar mi opinión

Trámite legislativo

Última acción · 10 de noviembre de 2025

Derrotada por el Senado

Discusión0 comentarios

Tu postura

0 reacciones

Deja un comentario

Entra con tu correo para opinar, comentar y seguir esta medida. La primera vez se crea tu cuenta, gratis.

Entrar

Aún no hay comentarios. Comparte tu opinión sobre esta medida.

Para establecer la “Ley para Uniformar la Evaluación de Solicitudes de Licencias Ocupacionales por Personas con Antecedentes Penales” con el propósito de…

Ver título completo

Medida·Senado·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónRechazada

Resumen de la medida

Qué propone

Pros

•Una persona con antecedentes podría conocer si estos le impedirían obtener una licencia antes de pagar por educación o adiestramiento; si la Junta determina que puede cualificar, esa decisión la vincularía para la misma persona y los mismos antecedentes, salvo que cambien materialmente los hechos.
•Quien reciba una denegatoria por antecedentes tendría que recibir razones escritas y detalladas, podría solicitar el expediente dentro de 5 días laborables y tendría al menos 15 días para pedir ; además, podría acudir al Tribunal de Apelaciones sin pagar sellos ni aranceles.
•Al prohibir exclusiones automáticas y excluir de consideración arrestos sin condena, delitos menores no violentos y otras categorías especificadas, el proyecto protegería a solicitantes de que una Junta les niegue una licencia solo por tener antecedentes que la ley considera no pertinentes para esa evaluación.

Contras

•La Junta no podría considerar ciertas categorías aunque entienda que un antecedente concreto es relevante para una ocupación: por ejemplo, los delitos menores no violentos quedan excluidos, y muchas condenas dejan de poder considerarse después de tres años, salvo las excepciones enumeradas. Esa regla categórica puede limitar la evaluación de riesgos para consumidores en ocupaciones particulares.
•La precalificación favorable sería vinculante, pero una determinación adversa solo permitiría a la Junta recomendar medidas correctivas, sin hacerlas obligatorias ni garantizar que completarlas conduzca a una decisión favorable. Esto deja menos certeza a quien recibe una respuesta negativa y luego intenta remediarla.
•El texto contiene referencias internas inconsistentes: el informe anual pide contar peticiones bajo el Capítulo 6, aunque la precalificación aparece en el Capítulo 4, y las disposiciones finales también llevan numeración de artículos del Capítulo 4. Esto podría generar dudas al aplicar los requisitos de información y citar las disposiciones.

Intereses en juego

Beneficia a:: Personas con antecedentes penales que soliciten licencias ocupacionales, en particular quienes necesiten saber antes de invertir en formación si sus antecedentes son un impedimento y quienes reciban una denegatoria que quieran impugnar.
Preocupa a:: Juntas Examinadoras, que perderían margen para considerar antecedentes excluidos por ley; también podrían preocupar a consumidores las exclusiones categóricas si impiden considerar antecedentes relevantes para una ocupación específica.
Quién paga o decide:: Las Juntas Examinadoras tendrían que tramitar precalificaciones, revisar sus reglas y recopilar datos; el Departamento de Estado tendría que establecer el requisito de informes anuales. El texto no asigna una partida específica, permite cuotas de hasta $100 con la indicada y deja a cada Junta la e implementación de los criterios.

En qué va

Generado por IA · puede contener errores y los argumentos a favor/en contra son posibles puntos de debate, no una postura oficial. Verifica con el texto oficial.