Para enmendar los Artículos 2 y 4 y añadir un nuevo Artículo 4-A a la Ley 28-2019, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes Deportistas”, a los fines de reconocer el derecho de los niños, niñas y jóvenes deportistas a solicitar y obtener su liberación de una entidad deportiva; establecer un procedimiento uniforme para atender solicitudes de liberación; disponer las circunstancias limitadas bajo las cuales podrá diferirse su expedición; prohibir prácticas dirigidas a retener injustificadamente a un menor en un club, academia, equipo, liga u organización deportiva; establecer mecanismos para la atención expedita de controversias por el Departamento de Recreación y Deportes; preservar las reglas legítimas de elegibilidad, inscripción y competencia establecidas por los organismos rectores del deporte; y para otros fines relacionados.

Contras

• •Aunque la medida preserva las reglas legítimas de elegibilidad y transferencia de organismos rectores, la interacción entre estas reglas y el nuevo derecho de liberación podría generar ambigüedad o conflictos interpretativos si un organismo rector tiene períodos de transferencia o elegibilidad estrictos que entren en conflicto con la expedición expedita de la liberación.
• •El articulado no detalla mecanismos de fiscalización o penalidades específicas para las entidades deportivas que incumplan los plazos o procedimientos de liberación, más allá de la remisión al Artículo 6 de la Ley 28-2019 (que a su vez remite a sanciones por reglamentación del DRD), lo cual podría diluir la efectividad de las nuevas protecciones.
• •Si bien se establece un plazo de cinco (5) días laborables para que la entidad deportiva notifique su determinación sobre la solicitud de liberación, el texto no especifica qué sucede si la entidad no responde dentro de ese término, dejando una posible laguna en cuanto a la presunción de aceptación o rechazo en caso de silencio administrativo.
• •La medida permite que las entidades deportivas conserven sus remedios legales para reclamar obligaciones económicas válidas, pero la existencia de una controversia 'bona fide' sobre una deuda no podrá ser fundamento para negar o diferir la liberación. Esto podría llevar a que las entidades deban expedir liberaciones mientras persiguen deudas, lo que podría generar litigios o fricciones adicionales si la deuda es sustancial.