Para añadir un subinciso (ñ) al inciso (3) de la Sección 6.3 del Artículo 6 de la Ley 8- 2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de agrupar y consolidar en una sola Ley, los requisitos aplicables al reclutamiento y selección de personas con impedimentos cualificados para puestos regulares del servicio de carrera; reafirmar como política pública el que las agencias públicas incluyan en su fuerza laboral, como mínimo, un cinco (5) por ciento de personas con impedimentos cualificadas; enmendar los artículos 2 y 4 de la Ley 81-1996, conocida como “Ley de Igualdad de Oportunidades de Empleo para Personas con Impedimentos”, y los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley 219-2006, según enmendada, conocida como “Ley para Fomentar el Empleo de las Personas con Impedimentos Cualificadas en las Agencias, Dependencias y Corporaciones Públicas de Puerto Rico”, con el propósito de atemperar ambas leyes con la presente; y para otros fines relacionados.

Contras

• •La medida establece el cumplimiento del 5% de personas con impedimentos como política pública, pero el articulado no detalla mecanismos de fiscalización robustos ni penalidades específicas para las agencias que no cumplan con el objetivo paulatino o final, más allá de la auditoría y reglamentación que la OATRH y la Defensoría de Personas con Impedimentos deben velar.
• •Si bien se otorgan puntos adicionales y se exigen acomodos razonables, la excepción para no proveer acomodos razonables se basa en demostrar al Defensor de las Personas con Impedimentos que el acomodo representa un 'esfuerzo extremadamente oneroso en términos económicos', lo cual podría dar pie a interpretaciones discrecionales y litigios sobre la viabilidad económica de los ajustes.
• •La Ley 81-1996 original (Artículo 3(a)) ya establecía la suma de cinco (5) puntos o el cinco (5) por ciento a la calificación, pero la medida actual, al enmendarla, mantiene esta disposición sin aclarar si se integra o reemplaza la existente, y sin abordar la posible duplicidad o conflicto con beneficios para veteranos que la ley base original ya contemplaba una exclusión.
• •La medida delega en la OATRH y la Defensoría de Personas con Impedimentos la responsabilidad de velar por el cumplimiento y crear reglamentación, pero no asigna fondos específicos para la implementación de estos nuevos deberes o para la asistencia a agencias en el proceso de reclutamiento y acomodos, lo que podría generar cargas administrativas y fiscales no cubiertas.