“Para enmendar los Artículos 3, 4 y 5 de la Ley 74-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Capacitación del Personal de Supervisión en el Servicio Público”, con el propósito de añadir la legislación aplicable a los derechos y beneficios de las personas con impedimentos, como parte de las capacitaciones a las que tienen que ser expuestos los funcionarios con responsabilidades de supervisión de personal en las agencias, municipios y entidades gubernamentales; establecer que, corresponderá a la Defensoría de las Personas con Impedimentos, ofrecer dichas capacitaciones, adiestramientos y horas contacto; y para otros fines relacionados.”

Contras

• •La medida elimina el requisito de un número fijo de horas de capacitación (doce horas) establecido previamente por la OATRH, y lo reemplaza por 'las horas necesarias, según sea fijado por la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH)'. Esto introduce discrecionalidad en la OATRH para determinar la carga horaria, lo que podría resultar en una reducción o variabilidad en la capacitación si la OATRH no establece un mínimo adecuado o si sus prioridades cambian.
• •Aunque la ley base original (Ley 74-2017) delegaba la imposición de multas y sanciones por incumplimiento a la Oficina de Ética Gubernamental, la enmienda propuesta en el Artículo 5 transfiere esta facultad a la OATRH y a la Defensoría de las Personas con Impedimentos. Sin embargo, el texto de la enmienda indica que 'dichas entidades establezcan, mediante reglamentación' las multas y sanciones, lo cual podría diluir la uniformidad y la autoridad sancionadora si cada entidad reglamenta de forma distinta, y no especifica un organismo centralizado para la fiscalización general del cumplimiento de las horas de capacitación.
• •La ley base original (Artículo 5) designaba a la Oficina de Ética Gubernamental para velar por el cumplimiento y establecer multas. La enmienda cambia esto a OATRH y Defensoría, pero el texto de la enmienda (Artículo 5, Sección 3) indica que la OATRH y la Defensoría 'podrán imponer... multas y sanciones... según dichas entidades establezcan, mediante reglamentación'. Esto crea una potencial falta de claridad sobre quién es el responsable primario de la fiscalización y la imposición de sanciones, y si la reglamentación que establezcan estas dos entidades será coordinada y uniforme, o si podría haber vacíos o conflictos.