Para añadir un nuevo Artículo 2.19-A a la Ley 173-2016, según enmendada, conocida como la «Ley para el Licenciamiento de Establecimientos de Cuidado, Desarrollo y Aprendizaje de los Menores Elegibles en Puerto Rico», a los fines de establecer un deber de notificación anticipada a las familias y al Departamento de la Familia ante el cese voluntario programado de operaciones o una reducción sustancial y programada de servicios en centros licenciados; disponer contenido mínimo del aviso, deberes de orientación, excepciones, coordinación reglamentaria y una transición de cumplimiento; y para otros fines relacionados.
Qué propone
Añade el Artículo 2.19-A a la Ley 173-2016 para ciertos centros licenciados que ofrecen servicios regulares a infantes, maternales, preescolares o menores en horario extendido; no aplica a hogares de crianza ni a establecimientos residenciales. Exige aviso escrito y verificable al Departamento de la Familia y a cada familia con 30 días calendario de anticipación ante un cierre voluntario definitivo o una reducción permanente de al menos 20% de las horas semanales del grupo del menor, o la eliminación permanente de un servicio especializado que el centro se comprometió expresamente a prestar. El aviso debe indicar, entre otros datos, la fecha y los servicios afectados, un contacto y cómo solicitar o autorizar la transferencia de expedientes; también exige un canal razonable de orientación mientras el centro siga operando. La obligación se exigirá 180 días después de la aprobación y el Secretario debe adoptar o modificar en 120 días; se mantienen las facultades existentes del Departamento y no se crea una multa independiente ni un delito.
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Contras
Intereses en juego
En qué va
El P. del S. 1643 fue en el Senado el 17 de noviembre de 2026. No consta todavía referido a comisión ni acción legislativa posterior.
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Última acción · 17 de noviembre de 2026
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para enmendar el Artículo 3.06 de la Ley 173-2016, según enmendada, conocida como la «Ley para el Licenciamiento de Establecimientos de Cuidado, Desarrollo y Aprendizaje de los Menores Elegibles en Puerto Rico», a los fines de establecer un mecanismo cuatrienal de evaluación técnica de las proporciones reglamentarias de menores por adulto y del tamaño de los grupos; requerir criterios verificables de seguridad y desarrollo infantil, consulta pública y publicación de resultados; disponer la primera evaluación; y para otros fines relacionados.
Enmienda el Artículo 3.06 de la Ley 173-2016 para exigir al Departamento de la Familia una evaluación técnica documentada, al menos cada cuatro años, de las proporciones de menores por adulto y del tamaño de los grupos en los centros de cuidado. La evaluación debe considerar, entre otros asuntos, evidencia científica, edades y necesidades de los menores, datos agregados de incidentes e inspecciones, viabilidad para centros de distintos tamaños y requisitos federales aplicables; también debe ofrecer participación a sectores concernidos y publicar un informe con fuentes, metodología y hallazgos. La primera evaluación tendría que completarse dentro de los 18 meses posteriores a la aprobación; las siguientes, en ciclos no mayores de cuatro años desde el informe anterior. No fija nuevas proporciones ni cambia automáticamente las vigentes: la Oficina de Licenciamiento mantiene la facultad de establecerlas mediante reglamentación, y la ley dispone que continúan aplicándose las normas actuales hasta que se revisen válidamente.
Para enmendar los Artículos 2.04 y 3.10 de la Ley 173-2016, según enmendada, conocida como la “Ley para el Licenciamiento de Establecimientos de Cuidado, Desarrollo y Aprendizaje de los Menores Elegibles en Puerto Rico”, a los fines de establecer un perfil público uniforme para cada centro licenciado; ampliar la información disponible sobre el estatus de la licencia, inspecciones, deficiencias, acciones correctivas, medidas administrativas y querellas o referidos; establecer términos de actualización y salvaguardas de confidencialidad; requerir la exhibición de un código QR o mecanismo equivalente que permita acceso directo al perfil oficial; autorizar reglamentación; y para otros fines relacionados.
Enmienda los artículos 2.04 y 3.10 de la Ley 173-2016: exige que cada centro exhiba junto a su licencia un código QR o mecanismo equivalente, y que incluya un enlace a su perfil si tiene página web o usa medios electrónicos para ofrecer información o tramitar matrículas. El perfil público, gratuito y uniforme conserva los datos básicos y añade, entre otros, fechas y estatus de licencia, inspecciones, deficiencias, acciones correctivas, multas y querellas confirmadas; la información de los incisos (j) al (l) se publicaría por cinco años. Fija actualizaciones dentro de 3 días laborables para ciertos cambios de licencia u órdenes, y de 10 días laborables para informes finales, acciones correctivas validadas y determinaciones finales; permite pedir correcciones, que deben atenderse en 15 días laborables salvo justa causa, y exige reglamentación en 180 días. Al sustituir el texto vigente sobre querellas, cambia el requisito de una determinación «final y firme» por uno de determinación «final»; además, obliga al Departamento a publicar deficiencias de inspección, no solo acciones adjudicadas.
Para enmendar los Artículos 3.03 del Subcapítulo A del Capítulo III de la Ley 173-2016, según enmendada, conocida como la “Ley para el Licenciamiento de Establecimientos de Cuidado, Desarrollo y Aprendizaje de los Menores Elegibles en Puerto Rico”, a los fines de ampliar las vías alternas de credencialización para educuidadores, maestros y asistentes de los centros de cuidado, desarrollo y aprendizaje; reconocer trayectorias que combinen grados asociados, grados técnicos, certificaciones ocupacionales y experiencia laboral acreditada como vías válidas de cumplimiento con los requisitos de preparación académica; y para otros fines relacionados.
Enmienda el Artículo 3.03 de la Ley 173-2016, que fija la preparación académica del personal de los centros. Para educuidadores, conserva el Curso de Desarrollo de la Niñez (CDN) o la certificación de maestro preescolar, y añade como alternativas un grado asociado o técnico en disciplina afín, o cinco años de experiencia documentada en centros licenciados con aval escrito de su director o directora. Para maestros, además del bachillerato en Educación, permite un bachillerato en disciplina afín o un grado asociado afín con tres años de experiencia acreditada; el requisito separado de capacitación del Artículo 3.05 no se elimina. Ordena informes a los 90 días y al año, y armonizar reglamentos en 120 días, aunque la cláusula de vigencia contiene referencias cruzadas inconsistentes.
Para añadir los Artículos 25-A y 26-A a la Ley 61-2018, según enmendada, conocida como «Ley de Adopción de Puerto Rico», a los fines de establecer un deber de divulgación bajo juramento sobre posibles progenitores biológicos identificables cuya filiación no se encuentre legalmente establecida; disponer un procedimiento judicial de evaluación y notificación limitada, cuando corresponda; proteger la confidencialidad, la estabilidad de la adopción y el mejor bienestar de los menores; y para otros fines relacionados.
Añade los Artículos 25-A y 26-A a la Ley 61-2018 para que, al presentar una petición de adopción de un menor, quien tenga información concreta y de buena fe sobre una posible persona progenitora biológica no reconocida legalmente la presente bajo juramento en un anejo confidencial; el Departamento de la Familia o una agencia autorizada también deberá informar al tribunal si posee datos pertinentes. El tribunal evaluará si hay base fáctica suficiente para ordenar una notificación limitada, sin que el aviso por sí solo reconozca filiación, patria potestad, derecho automático a intervenir o consentimiento exigible. La presentación del anejo o la notificación no detendrá automáticamente la adopción, y el mecanismo solo aplica a adopciones pendientes, no reabre decretos finales; se aplicará a peticiones presentadas desde la vigencia, que comienza 120 días después de la aprobación. Familia y Justicia tendrán 120 días desde la aprobación para revisar formularios, guías y protocolos; la medida no elimina los requisitos vigentes de consentimiento ni las reglas de notificación a quienes ya tienen derechos reconocidos.
Para añadir un nuevo Artículo 6-A y enmendar el Artículo 13 de la Ley 158-2013, según enmendada, conocida como “Ley Habilitadora para la Protección, Investigación, Tratamiento e Intervención” o “Ley de los Centros PITI”, a los fines de establecer las normas sobre consentimiento y autoridad para realizar entrevistas forenses, evaluaciones psicosociales y evaluaciones médicas a menores de edad víctimas o bajo sospecha de abuso sexual en los Centros PITI; disponer los casos en que no se requerirá el consentimiento ni la notificación previa del padre, madre o persona responsable del menor; ordenar a la Junta Reguladora atemperar el Protocolo de Intervención; y para otros fines relacionados.
Añade el Artículo 6-A a la Ley 158-2013. Para entrevistas forenses y evaluaciones psicosociales o médicas en un Centro PITI, basta el consentimiento de uno de los progenitores con patria potestad, tutor, custodio o persona responsable, y el Centro no puede exigir el de ambos. Si el menor es referido por Familia, la Policía o Justicia en el ejercicio de sus deberes bajo la Ley 57-2023, o durante una investigación criminal, autoriza esas intervenciones sin consentimiento, aviso previo ni orden judicial; el personal del Centro actuaría como instrumento de la agencia referente. Ordena revisar el protocolo y los formularios en 90 días desde la vigencia, y aplicarlos mientras tanto conforme al nuevo artículo; aunque el título anuncia enmendar el Artículo 13, el texto operativo no contiene esa enmienda.
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