Para enmendar el Artículo 3.06 de la Ley 173-2016, según enmendada, conocida como la «Ley para el Licenciamiento de Establecimientos de Cuidado, Desarrollo y Aprendizaje de los Menores Elegibles en Puerto Rico», a los fines de establecer un mecanismo cuatrienal de evaluación técnica de las proporciones reglamentarias de menores por adulto y del tamaño de los grupos; requerir criterios verificables de seguridad y desarrollo infantil, consulta pública y publicación de resultados; disponer la primera evaluación; y para otros fines relacionados.
Qué propone
el Artículo 3.06 de la Ley 173-2016 para exigir al Departamento de la Familia una evaluación técnica documentada, al menos cada cuatro años, de las proporciones de menores por adulto y del tamaño de los grupos en los centros de cuidado. La evaluación debe considerar, entre otros asuntos, evidencia científica, edades y necesidades de los menores, datos agregados de incidentes e inspecciones, viabilidad para centros de distintos tamaños y requisitos federales aplicables; también debe ofrecer participación a sectores concernidos y publicar un informe con fuentes, metodología y hallazgos. La primera evaluación tendría que completarse dentro de los 18 meses posteriores a la aprobación; las siguientes, en ciclos no mayores de cuatro años desde el informe anterior. No fija nuevas proporciones ni cambia automáticamente las : la Oficina de Licenciamiento mantiene la facultad de establecerlas mediante , y la ley dispone que continúan aplicándose las normas actuales hasta que se revisen válidamente.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
El P. del S. 1642 fue en el Senado el 17 de noviembre de 2026. Todavía no ha sido aprobado.
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Última acción · 17 de noviembre de 2026
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para añadir un nuevo Artículo 2.19-A a la Ley 173-2016, según enmendada, conocida como la «Ley para el Licenciamiento de Establecimientos de Cuidado, Desarrollo y Aprendizaje de los Menores Elegibles en Puerto Rico», a los fines de establecer un deber de notificación anticipada a las familias y al Departamento de la Familia ante el cese voluntario programado de operaciones o una reducción sustancial y programada de servicios en centros licenciados; disponer contenido mínimo del aviso, deberes de orientación, excepciones, coordinación reglamentaria y una transición de cumplimiento; y para otros fines relacionados.
Añade el Artículo 2.19-A a la Ley 173-2016 para ciertos centros licenciados que ofrecen servicios regulares a infantes, maternales, preescolares o menores en horario extendido; no aplica a hogares de crianza ni a establecimientos residenciales. Exige aviso escrito y verificable al Departamento de la Familia y a cada familia con 30 días calendario de anticipación ante un cierre voluntario definitivo o una reducción permanente de al menos 20% de las horas semanales del grupo del menor, o la eliminación permanente de un servicio especializado que el centro se comprometió expresamente a prestar. El aviso debe indicar, entre otros datos, la fecha y los servicios afectados, un contacto y cómo solicitar o autorizar la transferencia de expedientes; también exige un canal razonable de orientación mientras el centro siga operando. La obligación se exigirá 180 días después de la aprobación y el Secretario debe adoptar o modificar reglamentos en 120 días; se mantienen las facultades existentes del Departamento y no se crea una multa independiente ni un delito.
Para enmendar los Artículos 2.04 y 3.10 de la Ley 173-2016, según enmendada, conocida como la “Ley para el Licenciamiento de Establecimientos de Cuidado, Desarrollo y Aprendizaje de los Menores Elegibles en Puerto Rico”, a los fines de establecer un perfil público uniforme para cada centro licenciado; ampliar la información disponible sobre el estatus de la licencia, inspecciones, deficiencias, acciones correctivas, medidas administrativas y querellas o referidos; establecer términos de actualización y salvaguardas de confidencialidad; requerir la exhibición de un código QR o mecanismo equivalente que permita acceso directo al perfil oficial; autorizar reglamentación; y para otros fines relacionados.
Enmienda los artículos 2.04 y 3.10 de la Ley 173-2016: exige que cada centro exhiba junto a su licencia un código QR o mecanismo equivalente, y que incluya un enlace a su perfil si tiene página web o usa medios electrónicos para ofrecer información o tramitar matrículas. El perfil público, gratuito y uniforme conserva los datos básicos y añade, entre otros, fechas y estatus de licencia, inspecciones, deficiencias, acciones correctivas, multas y querellas confirmadas; la información de los incisos (j) al (l) se publicaría por cinco años. Fija actualizaciones dentro de 3 días laborables para ciertos cambios de licencia u órdenes, y de 10 días laborables para informes finales, acciones correctivas validadas y determinaciones finales; permite pedir correcciones, que deben atenderse en 15 días laborables salvo justa causa, y exige reglamentación en 180 días. Al sustituir el texto vigente sobre querellas, cambia el requisito de una determinación «final y firme» por uno de determinación «final»; además, obliga al Departamento a publicar deficiencias de inspección, no solo acciones adjudicadas.
Para enmendar los Artículos 3.03 del Subcapítulo A del Capítulo III de la Ley 173-2016, según enmendada, conocida como la “Ley para el Licenciamiento de Establecimientos de Cuidado, Desarrollo y Aprendizaje de los Menores Elegibles en Puerto Rico”, a los fines de ampliar las vías alternas de credencialización para educuidadores, maestros y asistentes de los centros de cuidado, desarrollo y aprendizaje; reconocer trayectorias que combinen grados asociados, grados técnicos, certificaciones ocupacionales y experiencia laboral acreditada como vías válidas de cumplimiento con los requisitos de preparación académica; y para otros fines relacionados.
Enmienda el Artículo 3.03 de la Ley 173-2016, que fija la preparación académica del personal de los centros. Para educuidadores, conserva el Curso de Desarrollo de la Niñez (CDN) o la certificación de maestro preescolar, y añade como alternativas un grado asociado o técnico en disciplina afín, o cinco años de experiencia documentada en centros licenciados con aval escrito de su director o directora. Para maestros, además del bachillerato en Educación, permite un bachillerato en disciplina afín o un grado asociado afín con tres años de experiencia acreditada; el requisito separado de capacitación del Artículo 3.05 no se elimina. Ordena informes a los 90 días y al año, y armonizar reglamentos en 120 días, aunque la cláusula de vigencia contiene referencias cruzadas inconsistentes.
Para ordenar a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado de Puerto Rico investigar la implantación de la Ley 206-2024, que enmendó la Ley 173-2016, según enmendada, y el estado de revisión, vigencia y armonización de los reglamentos aplicables al licenciamiento de establecimientos de cuidado, desarrollo y aprendizaje de menores elegibles; examinar específicamente el Reglamento 8860 y la compatibilidad de sus disposiciones con las leyes vigentes; evaluar las prácticas de fiscalización y los mecanismos de orientación a los centros; y rendir un informe con hallazgos y recomendaciones.
La RS 692 no enmienda ni deroga la Ley 173-2016: ordena a la Comisión de Familia del Senado investigar cómo se implantó la Ley 206-2024 y qué reglamentos y guías se usan para licenciar establecimientos de cuidado, desarrollo y aprendizaje de menores. El encargo pide identificar esos instrumentos con sus números, fechas, vigencia y fundamento legal; examinar específicamente el Reglamento 8860 y revisar asuntos como personal, proporciones de menores por adulto, inspecciones, correcciones y cierre de establecimientos. La Comisión también podrá requerir información a dependencias del Departamento de la Familia y recibir ponencias; la información sobre menores deberá presentarse de forma agregada o protegida. Debe rendir un informe preliminar dentro de 90 días y uno final dentro de 180 días desde la aprobación, aunque el Senado puede autorizar extensiones.
Para ordenar al Departamento de la Familia y a la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN) revisar, armonizar, adoptar, promulgar e implantar, dentro de un término cierto, la reglamentación aplicable a la Ley Núm. 173-2016, según enmendada por la Ley Núm. 206-2024; disponer para la uniformidad de criterios administrativos entre las dependencias concernidas; requerir la rendición de informes periódicos a la Asamblea Legislativa; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de la Familia y a la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN) a revisar, armonizar, adoptar, promulgar e implantar la reglamentación aplicable a la Ley 173-2016, según enmendada por la Ley 206-2024, en un plazo máximo de 120 días. Busca uniformar criterios administrativos entre ambas agencias y asegurar la compatibilidad de manuales y formularios. Afecta directamente a los proveedores de servicios de cuidado infantil y a las familias que dependen de estos servicios.
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