Para ordenar a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado de Puerto Rico investigar la implantación de la Ley 206-2024, que enmendó la Ley 173-2016, según enmendada, y el estado de revisión, vigencia y armonización de los reglamentos aplicables al licenciamiento de establecimientos de cuidado, desarrollo y aprendizaje de menores elegibles; examinar específicamente el Reglamento 8860 y la compatibilidad de sus disposiciones con las leyes vigentes; evaluar las prácticas de fiscalización y los mecanismos de orientación a los centros; y rendir un informe con hallazgos y recomendaciones.
Qué propone
La RS 692 no ni la Ley 173-2016: ordena a la Comisión de Familia del Senado investigar cómo se implantó la Ley 206-2024 y qué y guías se usan para licenciar establecimientos de cuidado, desarrollo y aprendizaje de menores. El encargo pide identificar esos instrumentos con sus números, fechas, vigencia y fundamento legal; examinar específicamente el Reglamento 8860 y revisar asuntos como personal, proporciones de menores por adulto, inspecciones, correcciones y cierre de establecimientos. La Comisión también podrá requerir información a dependencias del Departamento de la Familia y recibir ; la información sobre menores deberá presentarse de forma agregada o protegida. Debe rendir un informe preliminar dentro de 90 días y uno final dentro de 180 días desde la aprobación, aunque el Senado puede autorizar extensiones.
Pros
Intereses en juego
En qué va
La RS 692 fue el Senado el 17 de noviembre de 2026. No consta en el trámite una aprobación ni un referido a comisión.
Generado por IA · puede contener errores y los argumentos a favor/en contra son posibles puntos de debate, no una postura oficial. Verifica con el texto oficial.
Última acción · 17 de noviembre de 2026
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la implantación y cumplimiento de las disposiciones de la Ley Núm. 84 de 1 de marzo de 1999, según enmendada, conocida como la “Ley para la Creación de Centros de Cuidado Diurno para Niños en los Departamentos, Agencias, Corporaciones o Instrumentalidades Públicas del Gobierno de Puerto Rico”; determinar cuáles departamentos, agencias, corporaciones e instrumentalidades públicas cuentan actualmente con Centros de Cuidado Diurno o proveen servicios de cuidado infantil mediante los mecanismos autorizados por dicha Ley; identificar los factores administrativos, fiscales, reglamentarios, de infraestructura o de otra naturaleza que hayan incidido en su implantación; evaluar la vigencia y efectividad del marco legal existente; y para otros fines relacionados.
La R. del S. 616 no enmienda la Ley Núm. 84-1999; propone ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado investigar su implantación y cumplimiento. La investigación abarcaría qué entidades tienen centros o brindan cuidado infantil por los mecanismos de la ley, además de cierres, capacidad, matrícula, listas de espera, licencias, financiamiento, acuerdos y obstáculos. La Comisión podría citar deponentes, requerir documentos, celebrar vistas e inspeccionar, y tendría 180 días desde la aprobación para rendir un informe final con hallazgos, conclusiones y recomendaciones. La resolución no crea centros ni concede servicios o derechos a empleados públicos.
Para ordenar a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva para conocer el estado actual del Programa de Financiamiento de Centros de Cuidado Diurno para Niños en el Banco de Desarrollo Económico; y para otros fines relacionados.
La R. del S. 71 ordena a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado investigar el estado del Programa de Financiamiento de Centros de Cuidado Diurno para Niños en el Banco de Desarrollo Económico. No crea ni enmienda leyes, ni establece derechos, obligaciones o fondos. El texto reproducido contiene el título y el resultado de votación, pero no las cláusulas operativas completas.
Para ordenar a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación, funcionamiento y efectividad de la Ley 61-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Adopción de Puerto Rico”; evaluar los procedimientos utilizados para identificar, registrar y ubicar a los menores disponibles para adopción; examinar las circunstancias, y las barreras administrativas, legales, sociales o institucionales que puedan dilatar o impedir la culminación de los procesos de adopción; analizar las estrategias utilizadas por el Gobierno de Puerto Rico para orientar a las personas interesadas en adoptar y promover las alternativas de adopción disponibles; identificar medidas dirigidas a agilizar, facilitar y fortalecer dichos procesos, salvaguardando en todo momento el bienestar y el mejor interés de los menores; y para otros fines relacionados.
La R. del S. 600 no enmienda ni deroga la Ley 61-2018; ordena a una comisión del Senado investigar su implementación y los procedimientos administrativos y judiciales de adopción. La sección 2 detalla el encargo: incluye contar menores bajo custodia estatal y disponibles para adopción, revisar adopciones de los últimos cinco años y medir tiempos de espera, evaluación y certificación, además de examinar pareos, barreras, recursos, coordinación y orientación al público. La sección 3 permite celebrar vistas, solicitar documentos y citar a funcionarios, organizaciones y personas con experiencia; la sección 4 exige proteger la información confidencial y la identidad de las personas involucradas. La comisión debe entregar al Senado hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de los 180 días siguientes a la aprobación.
Para ordenar al Departamento de la Familia y a la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN) revisar, armonizar, adoptar, promulgar e implantar, dentro de un término cierto, la reglamentación aplicable a la Ley Núm. 173-2016, según enmendada por la Ley Núm. 206-2024; disponer para la uniformidad de criterios administrativos entre las dependencias concernidas; requerir la rendición de informes periódicos a la Asamblea Legislativa; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de la Familia y a la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN) a revisar, armonizar, adoptar, promulgar e implantar la reglamentación aplicable a la Ley 173-2016, según enmendada por la Ley 206-2024, en un plazo máximo de 120 días. Busca uniformar criterios administrativos entre ambas agencias y asegurar la compatibilidad de manuales y formularios. Afecta directamente a los proveedores de servicios de cuidado infantil y a las familias que dependen de estos servicios.
Para ordenar a la Comisión de Relaciones Federales y Viabilización del Mandato del Pueblo para la Solución del Estatus del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la preparación administrativa, presupuestaria y operacional de los destinatarios y subdestinatarios de Head Start y Early Head Start en Puerto Rico ante las modificaciones propuestas a las normas federales de desempeño mediante el procedimiento identificado como 91 FR 51248, RIN 0970-AD30; examinar los posibles efectos sobre servicios, personal, municipios y organizaciones sin fines de lucro; identificar medidas de contingencia y coordinación; requerir un informe con hallazgos y recomendaciones; y para otros fines relacionados.
La R. del S. 691 no enmienda leyes ni impone por sí misma cambios a Head Start o Early Head Start: ordena a una comisión del Senado investigar cómo se prepararían sus destinatarios y subdestinatarios en Puerto Rico ante la propuesta federal 91 FR 51248, RIN 0970-AD30. La Exposición de Motivos describe esa propuesta como una reducción del límite ordinario de costos de desarrollo y administración del 15 % al 5 %; la resolución pide estudiar escenarios ante el límite de 5 %, incluidas posibles dispensas, si se adoptan. La investigación abarca matrícula, establecimientos, personal, fondos, gastos, servicios, municipios, organizaciones sin fines de lucro y posibles cambios en requisitos educativos y de personal, entre otros asuntos. Ordena un informe preliminar dentro de 90 días y uno final dentro de 180 días de su aprobación, aunque el Senado puede autorizar extensiones.
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