Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la implantación y cumplimiento de las disposiciones de la Ley Núm. 84 de 1 de marzo de 1999, según enmendada, conocida como la “Ley para la Creación de Centros de Cuidado Diurno para Niños en los Departamentos, Agencias, Corporaciones o Instrumentalidades Públicas del Gobierno de Puerto Rico”; determinar cuáles departamentos, agencias, corporaciones e instrumentalidades públicas cuentan actualmente con Centros de Cuidado Diurno o proveen servicios de cuidado infantil mediante los mecanismos autorizados por dicha Ley; identificar los factores administrativos, fiscales, reglamentarios, de infraestructura o de otra naturaleza que hayan incidido en su implantación; evaluar la vigencia y efectividad del marco legal existente; y para otros fines relacionados.
Qué propone
No la Ley Núm. 84-1999 ni crea derechos u obligaciones nuevas: ordena a la Comisión de Gobierno del Senado investigar su implantación y cumplimiento. La Comisión debe identificar qué entidades públicas ofrecen cuidado infantil, examinar centros cerrados y en operación, capacidad, matrícula, listas de espera, licencias, financiamiento y acuerdos con otras entidades o proveedores, entre otros asuntos. Puede citar personas, requerir documentos e información, convocar audiencias e inspeccionar. Debe entregar al Senado un informe final con hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de 180 días de la aprobación; no se asignan fondos.
Pros
Intereses en juego
En qué va
Fue el 1 de octubre de 2026 y apareció en Primera Lectura del Senado el 5 de octubre, cuando también fue referida a comisión. Permanece .
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Última acción · 5 de octubre de 2026
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva para conocer el estado actual del Programa de Financiamiento de Centros de Cuidado Diurno para Niños en el Banco de Desarrollo Económico; y para otros fines relacionados.
La R. del S. 71 ordena a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado investigar el estado del Programa de Financiamiento de Centros de Cuidado Diurno para Niños en el Banco de Desarrollo Económico. No crea ni enmienda leyes, ni establece derechos, obligaciones o fondos. El texto reproducido contiene el título y el resultado de votación, pero no las cláusulas operativas completas.
Para ordenar a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la operación de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, con particular atención al manejo y resolución de querellas; disponibilidad de personal y recursos para el manejo efectivo de casos; la accesibilidad a los servicios que ofrece la agencia; así como el cumplimiento con los demás deberes y funciones delegados en la Ley 20- 2001, según enmendada; y para otros fines relacionados.
La R. del S. 619 ordena a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado investigar la operación de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. La Sección 1 señala como focos el manejo y resolución de querellas, el personal y los recursos para atender casos, el acceso a los servicios y el cumplimiento de las funciones dispuestas en la Ley 20-2001. La Sección 2 autoriza vistas públicas, citaciones y requerimientos de información, documentos y objetos. La Sección 3 exige un informe de hallazgos, conclusiones y recomendaciones legislativas dentro de 90 días de aprobarse; no enmienda ni deroga la Ley 20-2001 ni asigna fondos.
Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico, en conjunto con la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado de Puerto Rico a llevar a cabo una investigación sobre el cumplimiento del Gobierno de Puerto Rico, el Departamento de la Familia, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, las agencias concernidas y la Comisión para Combatir la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social en Puerto Rico con las disposiciones de la Ley Núm. 84-2021, conocida como la “Ley de Política Pública de Puerto Rico para Combatir la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social”; evaluar el estado actual de la Comisión creada por dicha Ley; examinar la composición, nombramientos, reuniones, plan de trabajo, informes, uso de fondos, cumplimiento de metas, coordinación interagencial, creación de subcomités, recomendaciones de política pública y demás deberes impuestos por dicha Ley; autorizar la citación de funcionarios, requerimiento de documentos, celebración de vistas públicas, vistas ejecutivas, inspecciones oculares, referidos a agencias con jurisdicción y cualquier otro trámite necesario para cumplir con esta investigación; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 512 ordena a las Comisiones de Vivienda y Bienestar Social y de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado a investigar el cumplimiento del Gobierno de Puerto Rico, el Departamento de la Familia, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Comisión para Combatir la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social con la Ley 84-2021. La investigación abarcaría la composición, nombramientos, reuniones, plan de trabajo, uso de fondos y metas de dicha Comisión, autorizando la citación de funcionarios y requerimiento de documentos. La medida fue radicada en el Senado en mayo de 2026 y recibió un informe negativo de la Comisión de Asuntos Internos en junio de 2026, siendo rechazada.
Para ordenar a las Comisiones de Vivienda y Bienestar Social; y de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación de la Ley 300-1999, según enmendada, conocida como “Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud”, así como el impacto en la regulación de programas locales y federales; y para otros fines.
La R. del S. 24 no enmienda ni deroga la Ley 300-1999: ordena a las Comisiones de Vivienda y Bienestar Social y de Gobierno del Senado investigar cómo se implementa esa ley y su impacto en la regulación de programas locales y federales. La Sección 2 permite a las comisiones celebrar vistas, requerir comparecencias e información y documentos, y hacer inspecciones oculares. La Sección 3 les exige entregar al Pleno un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones antes del cierre de la cuarta sesión ordinaria, que concluye en noviembre de 2026. No cambia quién debe obtener la certificación ni los requisitos para trabajar en servicios dirigidos a niños, personas de edad avanzada o personas con impedimentos.
Para ordenar a la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la implantación y el cumplimiento de la Ley Núm. 86-2025, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico” a los fines de determinar la cantidad de directores escolares del Sistema de Educación Pública que cuentan con permanencia en dicha posición y cuántos aún no la tienen, identificar aquellos que han ocupado el puesto ininterrumpidamente durante dos (2) años y determinar cuáles cumplen con los requisitos establecidos en la referida ley; examinar los procesos de evaluación y de las solicitudes de permanencia; conocer las razones por cualquier dilación o denegación; evaluar los criterios y procedimientos adoptados por el Departamento de Educación para sus concesión; y para otros fines relacionados.
Es una resolución de investigación: no enmienda la Ley 86-2025 ni cambia los requisitos para obtener permanencia. De aprobarse, ordenaría a la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado examinar cuántos directores tienen permanencia, cuántos llevan dos años ininterrumpidos en el puesto y cuáles cumplen los requisitos. También le permitiría requerir al Departamento de Educación datos sobre solicitudes aprobadas, denegadas o pendientes, dilaciones, períodos probatorios adicionales y criterios de evaluación. La Comisión tendría que rendir un informe dentro de los 90 días siguientes a la aprobación; la medida no asigna fondos.
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