Para crear la “Ley para la Gestión Responsable de Mercancías Nuevas No Vendidas”, a los fines de establecer criterios de reutilización, donación voluntaria, recuperación y reciclaje de determinadas mercancías no alimentarias aptas para su aprovechamiento; prohibir su destrucción deliberada sin causa legítima para comercios comprendidos en la Ley; disponer excepciones sanitarias, medidas de implantación escalonada, reglamentación, fiscalización y vigencia; y para otros fines relacionados.
Qué propone
Crea una ley que prohíbe a comercios de distribución o venta al detal o al por mayor con un promedio anual de 50 empleados o más en Puerto Rico destruir deliberadamente ropa y calzado nuevos, artículos escolares, mobiliario doméstico, enseres domésticos no eléctricos y textiles del hogar cuando haya alternativas seguras y materialmente disponibles; no exige donarlos. Permite disponer de ellos, entre otras causas, si son defectuosos, están contaminados o no hay una alternativa legal y viable a distancia y costo proporcionados; las organizaciones receptoras solo aceptan donaciones si consienten. Exige conservar por 3 años documentación sobre volúmenes agregados, recuperación y motivos de disposición; autoriza multas de hasta $5,000 por infracción y prohíbe multiplicar una infracción por cada unidad de inventario cuando responda a una sola determinación. El DRNA debe aprobar dentro de 180 días de la aprobación, y los comercios tienen 540 días desde esa aprobación para adaptarse; la ley comienza a regir 90 días después, pero la prohibición solo se exige al terminar la transición.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se inscribe en el desafío histórico de la disposición de residuos sólidos en Puerto Rico, un problema crítico que ha llevado a los rellenos sanitarios al límite de su capacidad. La Ley 70-1992 ya buscaba desviar materiales reciclables, y esta medida complementa esos esfuerzos al prohibir la destrucción deliberada de mercancías no alimentarias, promoviendo su reutilización y donación para prolongar la vida útil de los vertederos.
En qué va
El P. del S. 1644 fue en el Senado el 17 de noviembre de 2026. El texto no identifica una comisión de referido ni registra una acción legislativa posterior.
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Última acción · 17 de noviembre de 2026
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para crear la “Ley para Reducción de Desperdicio Alimentario y la Redistribución Solidaria de Alimentos en Puerto Rico”; a los fines de establecer obligaciones de redistribución de alimentos aptos para consumo humano por parte de determinados establecimientos comerciales; prohibir la destrucción intencional de alimentos aptos; disponer sobre reglamentación, fiscalización, responsabilidad y penalidades; y para otros fines relacionados.
Esta medida, el P. del S. 1233, buscaba crear la Ley para la Reducción de Desperdicio Alimentario y la Redistribución Solidaria de Alimentos en Puerto Rico. Establecía la obligación para grandes establecimientos comerciales (supermercados, megatiendas de alimentos con área de venta de 8,000 pies cuadrados o más) de donar alimentos aptos para consumo humano que no se vendieran o utilizaran, antes de desecharlos. Prohibía la destrucción intencional de estos alimentos y designaba al Departamento de Agricultura como agencia fiscalizadora principal, con la participación de otras agencias. Afecta directamente a grandes comercios de alimentos y a organizaciones sin fines de lucro que reciben donaciones.
Para crear la “Ley de Seguridad en la Comercialización de Baterías y Equipos de Micromovilidad Eléctrica”, a los fines de establecer requisitos de certificación técnica, información al consumidor y trazabilidad de determinados equipos y baterías de iones de litio ofrecidos en Puerto Rico; establecer excepciones, fiscalización, coordinación interagencial, reglamentación, implantación escalonada y vigencia; y para otros fines relacionados.
Crea una ley que condiciona la venta de baterías recargables de iones de litio y bicicletas, patinetas y otros dispositivos individuales de micromovilidad a que, cuando la reglamentación los cubra, el fabricante, importador o distribuidor conserve evidencia verificable de cumplimiento con la norma aplicable; el detallista puede usar los documentos de su suplidor. DACO debe reglamentar en 180 días y escoger estándares adecuados por categoría, incluidos los UL mencionados o equivalentes admitidos por autoridades federales. También exige información previa a la venta sobre responsable, modelo, certificación aplicable, uso, carga y advertencias, y reglas de identificación y documentación para baterías reacondicionadas. La ley entraría en vigor 90 días después de aprobarse, pero la certificación se exigiría a productos incorporados al inventario desde los 270 días; no deroga las normas de reciclaje ni establece un plazo para vender el inventario anterior.
“Para establecer la “Ley para el Manejo de Excedentes de Alimentos en el Gobierno”, a los fines de promulgar un protocolo que facilite la transferencia de excedentes de alimentos a organizaciones sin fines de lucro dedicadas a combatir el hambre en Puerto Rico; para disponer sobre el protocolo y demás reglamentaciones; y para otros fines relacionados.”
El PS 568, la 'Ley para el Manejo de Excedentes de Alimentos en el Gobierno', establece un protocolo para facilitar la transferencia de alimentos excedentes aptos para consumo humano del gobierno a organizaciones sin fines de lucro (entidades receptoras) dedicadas a combatir el hambre. Prohíbe desechar o vender como alimento animal comida excedente apta para consumo humano sin evaluar su redistribución. Afecta a todas las agencias, corporaciones públicas, municipios, y los poderes Legislativo y Judicial ('entidades públicas'). Las entidades receptoras deben registrarse anualmente por $25 y cumplir con regulaciones sanitarias.
Para establecer la “Ley para la Cancelación de Suscripciones y Renovaciones Automáticas”; establecer requisitos de divulgación, consentimiento, notificación y cancelación aplicables a las ofertas de renovación automática y servicios continuos; disponer que el mecanismo de cancelación sea sencillo y, como regla general, esté disponible por el mismo medio utilizado por el consumidor para suscribirse o prestar su consentimiento; prohibir prácticas que obstaculicen o retrasen irrazonablemente la cancelación; establecer remedios, restitución y penalidades administrativas; facultar al Departamento de Asuntos del Consumidor para implantar y fiscalizar esta Ley; y para otros fines relacionados.
La medida establece la Ley para la Cancelación de Suscripciones y Renovaciones Automáticas. Crea requisitos para que los comerciantes divulguen términos materiales, obtengan consentimiento afirmativo claro y ofrezcan mecanismos de cancelación tan sencillos como el de suscripción, disponibles por el mismo medio. Prohíbe prácticas obstructivas, establece remedios, penalidades administrativas y faculta al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para su fiscalización. Afecta a comerciantes que ofrecen servicios continuos o renovaciones automáticas y a consumidores en Puerto Rico.
Para establecer la “Ley de Alimentos para el Pueblo”, a los fines de prohibir el desperdicio de alimentos y fomentar la donación solidaria desde los supermercados a organizaciones sin fines de lucro dedicadas a combatir el hambre en Puerto Rico; para disponer sobre el proceso de disposición de excedentes y demás reglamentaciones; y para otros fines relacionados.
La medida PS 1241, titulada 'Ley de Alimentos para el Pueblo', proponía establecer un marco legal para prohibir el desperdicio de alimentos aptos para el consumo por parte de supermercados y fomentar su donación a organizaciones sin fines de lucro dedicadas a combatir el hambre. Afectaría a todos los supermercados, almacenes y tiendas de venta al por mayor en Puerto Rico, obligándolos a priorizar la donación de excedentes alimentarios en lugar de desecharlos. El Departamento de Salud sería el ente regulador, encargado de certificar a las entidades receptoras y supervisar el cumplimiento.
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