Para ordenar al secretario de la Gobernación, licenciado Francisco Domenech, que por conducto de la Secretaría de la Cámara de Representante someta a este Augusto Cuerpo en el plazo de diez días a partir de la aprobación de esta resolución un informe que detalle los gastos en que incurrió el Gobierno de Puerto Rico para sufragar la asistencia de funcionarios públicos en la Cumbre de igualdad y estadidad que tuvo lugar en Washington los pasados 3 y 4 de marzo del corriente año; y para otros fines relacionados.
Qué propone
La Resolución de la Cámara 204 ordena al Secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, que, a través de la Secretaría de la Cámara de Representantes, presente un informe detallado en un plazo de diez (10) días tras su aprobación. Dicho informe debe especificar los gastos incurridos por el Gobierno de Puerto Rico para sufragar la asistencia de funcionarios públicos a la Cumbre de igualdad y estadidad celebrada en Washington, D.C., los pasados 3 y 4 de marzo del corriente año. La medida afecta directamente a la Rama Ejecutiva, específicamente al Secretario de la Gobernación, y a la ciudadanía en su derecho a la transparencia sobre el uso de fondos públicos.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se inscribe en la larga historia de la sociedad civil puertorriqueña exigiendo transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de fondos públicos, un tema recurrente en la política de la isla, especialmente en el contexto de escándalos de corrupción que han afectado a ambos partidos mayoritarios. La medida busca asegurar la fiscalización de los gastos gubernamentales, un mecanismo para fortalecer la confianza pública y prevenir irregularidades, en un contexto donde la intervención federal ha sido vista como un recurso ante la erosión de la confianza.
En qué va
La Resolución de la Cámara 204 fue el 17 de marzo de 2025 y referida a comisión el 20 de marzo de 2025, tras aparecer en Primera Lectura de la Cámara. Se encuentra actualmente en proceso de comisión legislativa.
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Última acción · 20 de marzo de 2025
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre los procesos de las agencias, departamentos y dependencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para implantar los Planes de Reorganización ordenados mediante la Ley Núm. 122-2017.
La Resolución de la Cámara de Representantes 71 ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre cómo las agencias, departamentos y dependencias del Gobierno de Puerto Rico han implementado los Planes de Reorganización establecidos por la Ley 122-2017. La Comisión tiene 180 días para presentar un informe final con hallazgos, conclusiones y recomendaciones, pudiendo emitir informes parciales. Esta medida afecta a todas las entidades de la Rama Ejecutiva sujetas a los Planes de Reorganización de la Ley 122-2017.
“Para conmemorar el Semiquincentenario de los Estados Unidos de América y solicitar al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos la admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión; para requerir que copia de esta Resolución Conjunta sea remitida al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos de América; y para otros fines relacionados.”
Esta Resolución Conjunta conmemora el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y solicita formalmente al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos la admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión. Requiere que una copia de la resolución sea enviada a los líderes federales y establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico la solicitud de estadidad, autorizando el uso de recursos gubernamentales para promover este fin. Afecta directamente a los ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico al reafirmar su deseo de igualdad de derechos y representación.
Para ordenar a la Comisión de Gobierno realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con la creación, modificación, desempeño, división, consolidación, integración y supresión de agencias del Gobierno de Puerto Rico; legislación que afecte a la Oficina propia del Gobernador y las oficinas, departamentos y agencias gubernamentales; legislación relacionada a las leyes de personal y gobierno en general; la gestión de la digitalización del gobierno en la administración pública; alcanzar un nivel óptimo de eficiencia mediante la maximización de las tecnologías de información y comunicación; el intercambio de información entre las entidades gubernamentales y la ciudadanía; el acceso a la información en el Gobierno; legislación de carácter general que incida sobre el gobierno estatal; la evaluación de las propuestas y formulación de la política energética de la Isla, especialmente aquella dirigida a la reducción de la dependencia en los combustibles de fuentes fósiles y el fomento en la creación y uso de combustible orgánico, el uso de tecnología de fuentes renovables, la autosuficiencia energética; todo asunto concerniente a la Autoridad de Energía Eléctrica, que incluya, sin que se entienda como una limitación, los contratos, infraestructura, operación, capacidad de generación, productividad, desempeño, costos, creación de empleos y reducción de tarifas; sobre todo asunto relacionado con el Código Electoral; sobre toda actual y potencial legislación electoral; y para otros fines relacionados.
La resolución ordena a la Comisión de Gobierno investigar asuntos que abarcan la organización de agencias, la administración pública, la digitalización, el acceso a información, la política energética, la Autoridad de Energía Eléctrica y la legislación electoral. Las secciones 2 y 3 autorizan a la Comisión a citar personas y entidades relacionadas con esos asuntos y a solicitar documentos e información. La Comisión debe rendir los informes parciales que estime necesarios y un informe final con hallazgos, conclusiones y recomendaciones antes de que finalice la Vigésima Asamblea Legislativa. No enmienda leyes ni asigna fondos; afecta directamente el trabajo de la Comisión y a quienes esta cite o requiera información.
Para ordenar a la la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre los logros programáticos, administrativos y fiscales, así como la ejecución de políticas públicas, metas estratégicas y uso de fondos públicos de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC), a veinticinco (25) años de su creación; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 616 ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC). La investigación evaluará los logros programáticos, administrativos, fiscales, la ejecución de políticas públicas y el uso de fondos públicos de ODSEC a lo largo de sus 25 años de existencia. La Comisión podrá requerir documentos, citar funcionarios y deberá rendir un informe con hallazgos y recomendaciones.
Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre aquellas acciones realizadas por el Gobierno de Puerto conducentes a divulgar información confidencial de residentes de Puerto Rico que pudieran constituir una violación a los derechos garantizados por las leyes y la Constitución de Puerto Rico; y que estén dirigidas a colaborar con los esfuerzos de arrestos y deportaciones de personas con estatus migratorio irregular por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos; y para otros fines relacionados
La Resolución de la Cámara 358 ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva. Esta investigación se centrará en acciones del Gobierno de Puerto Rico que divulgaron información confidencial de residentes, potencialmente violando derechos constitucionales y legales. El objetivo es determinar si estas acciones colaboraron con esfuerzos de arresto y deportación de personas con estatus migratorio irregular por parte de autoridades federales de inmigración (ICE). La Comisión deberá presentar un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un plazo de 180 días.
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