Qué propone
La Resolución de la Cámara 206 ordena a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento del gobierno de Puerto Rico y las compañías aseguradoras con la ley federal COBRA, específicamente en lo referente a la continuidad de cubierta médica para servidores públicos. La investigación evaluará estadísticas de empleados beneficiados e identificará si las aseguradoras cumplen con notificar a los asegurados sobre sus derechos bajo esta ley federal. El objetivo es determinar el grado de conocimiento y aplicación de estos beneficios en Puerto Rico.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
La medida se enmarca en la discusión sobre el sistema de salud de Puerto Rico, un tema central en los fragmentos históricos que abordan la Reforma de Salud de los 90, el Plan Vital, la emigración de profesionales y la sostenibilidad fiscal. La investigación sobre COBRA para servidores públicos y el cumplimiento de las aseguradoras se relaciona con la evolución del sistema de salud hacia un modelo de aseguradoras privadas y la fiscalización de estas, un punto de tensión histórica en el debate sobre la Reforma.
En qué va
La Resolución de la Cámara 206 fue el 19 de marzo de 2025, referida a comisión, por unanimidad el 27 de junio de 2025, y posteriormente referida a comisión.
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Última acción · 27 de junio de 2025
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el cumplimiento con la Ley Núm. 219-2006, según enmendada, conocida como “Ley para Fomentar el Empleo de Personas con Impedimentos Cualificados en las Agencias, Dependencias y Corporaciones Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; con el propósito de recomendar las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 406 ordena a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes realizar una investigación sobre el cumplimiento de la Ley 219-2006, que exige a las agencias públicas emplear al menos un 5% de personas con impedimentos cualificados. El propósito es recomendar acciones legislativas y administrativas para mejorar la implementación de dicha ley. Afecta directamente a las agencias gubernamentales sujetas a la Ley 219-2006 y a la Comisión investigadora.
Para ordenar a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con la implantación de la política pública de todos los servicios públicos y privados que inciden sobre la salud; la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades y la conservación de la salud; los servicios médico-hospitalarios y ambulatorios; las investigaciones y las estadísticas vitales; las facilidades físicas, médicas y paramédicas y el equipo; la administración, implantación y gerencia de cualquier modificación de carácter general en los sistemas de salud, tales como el plan de salud del gobierno; la salud mental; la reglamentación y supervisión de la fabricación, distribución y venta de productos médicos; los profesionales de la salud; los servicios que combaten el alcoholismo y la drogadicción; la salud en general
La Resolución de la Cámara 110 ordena a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre todos los aspectos relacionados con la implantación de la política pública de salud en Puerto Rico. Esto abarca desde la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, hasta los servicios médico-hospitalarios, salud mental, y la reglamentación de productos médicos. La medida busca evaluar la administración y gerencia de los sistemas de salud, incluyendo el plan de salud del gobierno, y los servicios de salud mental, alcoholismo y drogadicción. Afecta a la ciudadanía al buscar mejorar la calidad de los servicios de salud recibidos.
Para ordenar a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación en torno a los procesos de contratación, fiscalización, auditoria y de cumplimiento utilizados por la Administración de Seguros de Salud relacionados con las operaciones fiscales y de administración del Plan de Salud Gubernamental, de conformidad con los hallazgos encontrados en el Informe OC 25-76 por la Oficina de la Contralor de Puerto Rico; así como analizar los planes correctivos a implementarse por la Administración de Seguros de Salud para atender las recomendaciones hechas en dicho Informe. En específico, sobre las acciones correspondientes de recobro por el Gobierno de más de $37 millones de dólares que fueron pagados mediante incumplimiento con leyes y reglamentos estatales y federales vigentes, según se determinó en dicho informe e identificar las enmiendas a leyes, reglamentaciones u órdenes vigentes, recursos humanos y fiscales adicionales, si algunos, que sean necesarios a los fines de evitar que situaciones similares continúen ocurriendo en perjuicio de los beneficiarios del Plan de Salud Gubernamental y de los proveedores de servicios que prestan los mismos, y el fijar, si alguna, las responsabilidades correspondientes a los funcionarios señalados, entre otros fines relacionados.
Esta Resolución de la Cámara de Representantes (RC 338) ordena a la Comisión de Salud de la Cámara realizar una investigación sobre los procesos de contratación, fiscalización, auditoría y cumplimiento de la Administración de Seguros de Salud (ASES) en la administración del Plan de Salud Gubernamental. La investigación debe basarse en los hallazgos del Informe OC 25-76 de la Oficina del Contralor, analizar los planes correctivos de ASES, y evaluar el recobro de más de $37 millones pagados indebidamente. Busca identificar enmiendas legislativas, recursos adicionales o responsabilidades para evitar futuras irregularidades y proteger a beneficiarios y proveedores.
Para ordenar a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, realizar una investigación exhaustiva en torno al cumplimiento de la Ley Núm. 212 de 9 de agosto de 2008, conocida como “Ley para Requerir que en Todo Contrato de Seguros de Salud, se Incluya dentro de su Póliza el Pago de la Cubierta de Servicios Clínicos para el Tratamiento de la Obesidad Mórbida y el Síndrome Metabólico con la Cirugía Bariátrica”; analizar el proceso de autorización y aprobación por parte de los Planes Médicos, para los pacientes que necesitan este tipo de cirugía; identificar la disponibilidad de recursos de ambulancias bariátricas públicas y privadas para atender emergencias de dichos pacientes; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 257 ordena a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento de la Ley Núm. 212 de 2008, que exige la cobertura de cirugía bariátrica en planes de salud. La investigación analizará los procesos de autorización de los planes médicos, la disponibilidad de ambulancias bariátricas y propondrá acciones legislativas o administrativas. Afecta a pacientes que requieren cirugía bariátrica, los planes médicos y los proveedores de servicios de emergencia.
Para ordenar a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes del Gobierno de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva en torno a las prácticas de las aseguradoras relacionadas con cambios en medicamentos, sustituciones terapéuticas, modificaciones en formularios, exclusiones de cubierta, requisitos de preautorización y otros procesos vinculados al beneficio farmacéutico, tanto en la cubierta de salud pública como privada, para evaluar su impacto sobre la continuidad del tratamiento, la notificación efectiva al paciente, la deferencia al criterio médico y la protección de las personas de edad avanzada y demás pacientes vulnerables; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 670 ordena a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre las prácticas de las aseguradoras y administradores de beneficios farmacéuticos, tanto en el sistema público como privado. Busca evaluar cómo los cambios en medicamentos, sustituciones, formularios, exclusiones y preautorizaciones afectan la continuidad del tratamiento, la notificación al paciente y el criterio médico, especialmente en personas mayores y vulnerables. La investigación debe concluir antes de que finalice la actual Asamblea Legislativa (2025-2028).
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