Para ordenar a las comisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano; y de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el cumplimiento de los deberes legales y administrativos por parte de las Juntas de Directores o Consejos de Titulares en propiedades sujetas al régimen de propiedad horizontal en Puerto Rico, particularmente en lo relativo al manejo de cuotas, derramas y fondos de seguros, el acceso a información financiera y la protección de los derechos de los adultos mayores residentes, incluyendo una evaluación de la capacidad fiscalizadora del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), conforme a las facultades que le otorga la ley; y para otros fines relacionados.
Qué propone
La Resolución de la Cámara 267 ordena a las comisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano, y de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes, realizar una investigación sobre el cumplimiento de deberes legales y administrativos por parte de las Juntas de Directores o Consejos de Titulares en propiedades bajo el régimen de propiedad horizontal. La investigación se centrará en el manejo de cuotas, derramas, fondos de seguros, acceso a información financiera y la protección de los derechos de los adultos mayores residentes, evaluando también la capacidad fiscalizadora del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). La investigación deberá completarse y presentarse un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de 180 días a partir de su aprobación.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
La Resolución de la Cámara 267 fue el 23 de abril de 2025, aprobada con por la Cámara de Representantes por unanimidad el 27 de junio de 2025, y ha tenido varias y desde entonces.
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Última acción · 31 de agosto de 2026
: Oficina de la Comisión
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con viabilizar la política pública que propenda las condiciones de salubridad y de convivencia en un ambiente enriquecedor a la vida de los residentes de nuestras comunidades; la planificación y uso adecuado de los terrenos en el desarrollo y construcción de la vivienda, la infraestructura relacionada a ésta y las facilidades vecinales; promover mejores condiciones y alternativas para el desarrollo de la vivienda rural y urbana; la propiedad horizontal; el Código de Construcción; promoción de alternativas para el mejoramiento de la calidad de vida para las comunidades más marginadas, como también las urbanizaciones públicas y privadas; las invasiones de terreno; y los programas federales y estatales con respecto a la vivienda.
La Resolución de la Cámara 109 ordena a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre múltiples aspectos de la política pública de vivienda en Puerto Rico. Esto incluye salubridad, convivencia comunitaria, planificación y uso de terrenos, desarrollo de vivienda rural y urbana, propiedad horizontal, el Código de Construcción, mejoras para comunidades marginadas y programas de vivienda federales y estatales. La investigación busca informar recomendaciones a las tres ramas del gobierno.
Para enmendar la Sección 6 de la R. de la C. 267, aprobada el 27 de junio de 2025, a los fines de extender hasta final de la Vigésima Asamblea Legislativa, el término otorgado a las Comisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano; y de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, para rendir sus correspondientes informes finales con respecto a la medida; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 604 enmienda la Sección 6 de la Resolución de la Cámara 267 (aprobada el 27 de junio de 2025) para extender el plazo de entrega de informes finales. Las Comisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano, y de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes ahora tienen hasta el final de la Vigésima Asamblea Legislativa (que concluye en junio de 2028) para presentar sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones sobre la investigación iniciada por la R. de la C. 267. Esta medida afecta directamente a las comisiones legislativas mencionadas y a la Cámara de Representantes en su conjunto, al modificar el cronograma de una investigación en curso.
Para ordenar a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación sobre la cantidad de condominios existentes en Puerto Rico sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal; la cantidad de estos que se encuentran debidamente registrados ante el Departamento de Asuntos del Consumidor, así como en el registro que ordena mantener el Artículo 67 de la Ley 129-2020, según enmendada, conocida como “Ley de Condominios de Puerto Rico”; la cantidad de unidades de vivienda y de personas que residen en dichos inmuebles; y para otros fines relacionados.
La R. del S. 618 no enmienda la Ley 129-2020 ni crea derechos u obligaciones para condominios; ordena a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado investigar el inventario de inmuebles bajo propiedad horizontal, sus registros en DACO y en la base de datos del Artículo 67, y la cantidad de unidades y residentes. La investigación incluye desglose por municipio y clasificación residencial, comercial o mixta, además del estado de los registros, estimados de ocupación y población, condición estructural, planes de emergencia, agua, energía y financiamiento para resiliencia. La Comisión debe rendir un primer informe parcial dentro de 90 días de aprobada la resolución, pero el texto no fija fecha para completar la investigación ni para un informe final. No asigna fondos.
Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre los procesos que siguen el Departamento de la Vivienda y la Administración de Vivienda Pública, así como sus agentes administradores, para la adjudicación de unidades de vivienda en los residenciales públicos de Puerto Rico; en particular, sobre el manejo de las listas de espera, la observancia del orden de turnos y las preferencias establecidas por reglamento, las alegaciones de que se están otorgando apartamentos a solicitantes sin seguir el turno que les corresponde, los mecanismos de supervisión, auditoría y querellas disponibles, y las medidas correctivas que procedan; y para otros fines relacionados.
La Resolución de Cámara 794 ordena a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva sobre los procesos de adjudicación de unidades de vivienda pública. Esto incluye el manejo de listas de espera, el orden de turnos, las preferencias reglamentarias, y las alegaciones de adjudicaciones indebidas. La investigación deberá identificar causas, responsables y proponer medidas correctivas, rindiendo un informe en 180 días.
Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre los lanzamientos, desahucios, terminaciones de arrendamiento, remociones y/o radicaciones de casos de desahucio en vivienda pública, vivienda subsidiada, proyectos financiados bajo el Programa de Créditos Contributivos para Viviendas de Ingresos Bajos (LIHTC, por sus siglas en inglés) y égidas en Puerto Rico; con énfasis particular en las personas adultas mayores, sin excluir a otras poblaciones afectadas; evaluar los criterios, procedimientos y salvaguardas aplicables; examinar los mecanismos de prevención del desplazamiento y la provisión de servicios obligatorios; analizar la imposición de periodos de inelegibilidad para reingreso; y para otros fines relacionados.
La Resolución de Cámara 537 ordena a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre los procesos de desahucio, lanzamientos y terminaciones de arrendamiento en viviendas públicas, subsidiadas, proyectos LIHTC y égidas en Puerto Rico. La investigación debe enfocarse en los criterios, procedimientos, salvaguardas, mecanismos de prevención de desplazamiento y la imposición de periodos de inelegibilidad, con énfasis en personas adultas mayores, pero sin excluir otras poblaciones afectadas. La Comisión podrá requerir información de varias agencias y organizaciones, y deberá rendir informes parciales y uno final dentro del término de la Vigésima Asamblea Legislativa.
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