Para ordenar a la Comisión de Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre la exposición de los aeropuertos que ubican en o cerca de la zona costanera, como el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Carolina, el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández Marín en Aguadilla, el Aeropuerto José Aponte de la Torre en Ceiba, el Aeropuerto Fernando Luis Ribas Dominicci en Isla Grande, el Aeropuerto Eugenio María de Hostos de Mayagüez y el Aeropuerto Internacional de Mercedita en Ponce, ante los escenarios del aumento del nivel del mar; y sobre la necesidad de diseñar un plan de acción de operación de las instalaciones por fases para enfrentar el aumento del nivel del mar y otras manifestaciones del cambio climático que incluya la combinación de estrategias de protección, adaptación y relocalización según apliquen; y fortalecer la infraestructura más segura ante las manifestaciones del cambio climático con planes de transporte por tierra y extensión de instalaciones, entre otras.

Para ordenar a la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes realizar un estudio sobre las acciones de la empresa operadora del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín para acomodar el uso de los Vehículos Avanzados de Movilidad Aérea (AAM, por sus siglas en inglés), y para otros fines.

Esta Resolución ordena a la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar un estudio exhaustivo. El objetivo es evaluar las acciones y preparativos de Aerostar Holdings, LLC, la empresa operadora del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, para integrar los Vehículos Avanzados de Movilidad Aérea (AAM) en sus operaciones. La Comisión deberá presentar informes parciales y un informe final antes de que concluya la vigésima Asamblea Legislativa.

Para ordenar a las comisiones de Transportación e Infraestructura; y de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar un estudio sobre el progreso y ejecución de las obras de construcción de la pista de aterrizaje y del terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández en Aguadilla subvencionados con fondos federales y estatales asignados por la Administración de Aviación Federal, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos y la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico.

La Resolución de la Cámara 223 ordena a la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes realizar un estudio exhaustivo sobre el estado actual de los trabajos de construcción de la pista de aterrizaje y el terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández en Aguadilla. El estudio debe abarcar la ejecución de las obras financiadas con fondos federales (provenientes de la FAA y el Departamento de Vivienda de EE.UU.) y fondos estatales (de la Autoridad de los Puertos). La Comisión tiene un plazo de 180 días para presentar un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones a la Cámara de Representantes. Esta medida busca fortalecer la supervisión legislativa sobre proyectos de infraestructura pública de gran envergadura.

Para ordenar a la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico a que los ingresos que se reciban como resultado del acuerdo de arrendamiento reciente formalizado con el Gobierno de los Estados Unidos, a través de sus componentes militares, para el uso de áreas o facilidades del Aeropuerto Internacional Mercedita (PSE), en Ponce, se utilicen en dicho aeropuerto para atender necesidades de mantenimiento, mejoras, modernización y fortalecimiento operacional; y para otros fines relacionados.

La Resolución Conjunta de la Cámara 263 ordena a la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR) que los ingresos generados por un acuerdo de arrendamiento reciente con componentes militares del Gobierno de Estados Unidos para el uso de facilidades en el Aeropuerto Internacional Mercedita (PSE) en Ponce, se reinviertan exclusivamente en dicho aeropuerto. Estos fondos deberán destinarse a mantenimiento, mejoras estructurales, modernización, fortalecimiento operacional, seguridad aeroportuaria y optimización de servicios. La APPR deberá incorporar este uso de fondos en su planificación y rendir informes a la Asamblea Legislativa.