Para ordenar a la Comisión de Asuntos de la Juventud realizar una investigación exhaustiva sobre el tiempo promedio de adjudicación de casos de menores en las distintas regiones judiciales del país, a fin de evaluar la necesidad de enmiendas procesales o de establecer un sistema más eficaz que garantice celeridad, equidad y protección de derechos en los procesos judiciales que involucran a menores e identificar cómo dichos procesos pueden enfrentarse con el menor efecto adverso en su etapa como jóvenes, identificar cómo se impacta su potencial de inserción en el mercado laboral, y cómo mejorar los servicios directos e indirectos que reciben por parte de las instituciones públicas y privadas.

Para ordenar a la Comisión de Asuntos de la Juventud realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con la política pública que viabilice la entrada del joven a los mercados de empleo; adiestramiento vocacional; la atención preferente a la búsqueda de soluciones a los problemas de la juventud en sus distintas facetas; instituciones públicas y privadas para el tratamiento social de menores; adiestramiento, empleo y rehabilitación vocacional de menores del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; la División de Asuntos Juveniles de la Policía; el Programa de Desarrollo de la Juventud del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio; programas culturales para jóvenes promovidos por el Instituto de Cultura Puertorriqueña; instituciones gubernamentales y privadas que entiendan con las necesidades e inquietudes de la juventud; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 44 ordena a la Comisión de Asuntos de la Juventud de la Cámara de Representantes llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre políticas públicas relacionadas con el empleo juvenil, adiestramiento vocacional, tratamiento social de menores, y programas de desarrollo e institucionales dirigidos a la juventud. La Comisión tendrá la facultad de citar personas y entidades, solicitar información y documentos, y deberá presentar informes parciales y uno final antes de que concluya la Vigésima Asamblea Legislativa. Afecta directamente a la Comisión, a las agencias gubernamentales y entidades privadas que trabajan con jóvenes, y a la juventud puertorriqueña en general.

Para ordenar a las comisiones de Asuntos de la Juventud y de lo Jurídico de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizar una exhaustiva investigación sobre la implementación y cumplimiento de las disposiciones de la Resolución Conjunta 1-2023, conocida como Resolución Conjunta del Plan de Emergencia para Atender la Crisis de Abuso y Maltrato de Menores en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución de la Cámara (RC 575) ordena a las Comisiones de Asuntos de la Juventud y de lo Jurídico de la Cámara de Representantes llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre cómo se ha implementado y cumplido la Resolución Conjunta 1-2023. La RC 1-2023, aprobada en enero de 2023, exigía a varios departamentos del Poder Ejecutivo crear un Plan de Emergencia para atender la crisis de abuso y maltrato de menores en un plazo de 60 días, además de otras responsabilidades como campañas educativas y colaboración estadística. La investigación busca determinar si estas disposiciones se han cumplido adecuadamente.

Para ordenar una investigación exhaustiva sobre el estado de la educación en los Centros de Tratamiento Social adscritos al Departamento de Corrección y Rehabilitación, incluyendo los servicios provistos por el Departamento de Educación de Puerto Rico, así como la disponibilidad, pertinencia y efectividad de programas de formación técnica, vocacional y de desarrollo ocupacional.

Esta Resolución ordena a la Cámara de Representantes, a través de su Comisión de Asuntos Internos, a realizar una investigación exhaustiva sobre los servicios educativos y de formación técnica, vocacional u ocupacional disponibles para los jóvenes en los Centros de Tratamiento Social adscritos al Departamento de Corrección y Rehabilitación. La investigación deberá identificar políticas, recursos, programas, alianzas y necesidades insatisfechas, y se espera un informe con hallazgos y recomendaciones en un plazo de 180 días tras su aprobación.