Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico a realizar una investigación exhaustiva sobre el impacto que tiene la transmisión y difusión mediática masiva de los procesos judiciales en etapas previas al juicio sobre la imparcialidad de los procesos, los derechos constitucionales de la persona imputada o acusada, la percepción pública del sistema de justicia penal y la protección de testigos, víctimas, familiares y demás partes; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el manejo de las querellas administrativas presentadas contra empleados de la Policía de Puerto Rico relacionadas con el manejo inadecuado de casos de violencia de género; evaluar la efectividad de los protocolos, procedimientos disciplinarios y mecanismos de supervisión existentes; identificar potenciales deficiencias institucionales; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 667 ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre cómo se manejan las querellas administrativas contra policías por mal manejo de casos de violencia de género. Busca evaluar la efectividad de los protocolos, procedimientos y supervisión, e identificar deficiencias institucionales. Afecta directamente a la Policía de Puerto Rico y a las víctimas de violencia de género, al buscar mejorar la respuesta institucional.

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el funcionamiento y efectividad de la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras; creada en virtud de la Ley Núm. 449-2000, según enmendada.

La Resolución de la Cámara 666 ordena a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes investigar el funcionamiento y la efectividad de la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras, creada por la Ley 449-2000. La investigación deberá evaluar la administración de la Junta, sus procesos de licenciamiento e inspección de programas, la cantidad y características de dichos programas (públicos y privados), datos sobre participantes y las tasas de reincidencia, así como los informes anuales rendidos al Gobernador. La Comisión tiene 120 días para presentar un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con el Sistema Judicial, incluyendo entes de naturaleza cuasi judicial de la Rama Ejecutiva, los jueces y tribunales, el ejercicio de la profesión de la abogacía, los servicios sociales en los tribunales, los servicios legales para el gobierno estatal, municipal y los ciudadanos indigentes y la profesión de la notaría; el Departamento de Justicia, el Procurador General de Puerto Rico, el Registro de la Propiedad y los registradores; el cuerpo legal que rige el sistema civil, tales como el Código Civil, las Reglas de Procedimiento Civil, la “Ley Hipotecaria” y su Reglamento, entre otros; el cuerpo legal que rige el sistema penal, tales como el Código Penal y las Reglas de Procedimiento Criminal; las Reglas de Evidencia; la Comisión de Derechos Civiles; la protección de los derechos civiles de los ciudadanos y las asignaciones de fondos y recursos para programas de acceso a la justicia; y para otros fines legales relacionados.

Esta Resolución ordena a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el Sistema Judicial, incluyendo entidades cuasi-judiciales, jueces, tribunales, el ejercicio de la abogacía, servicios legales y de acceso a la justicia, el Departamento de Justicia, el Procurador General, el Registro de la Propiedad, y el cuerpo legal que rige los sistemas civil y penal, así como la protección de derechos civiles. La Comisión podrá citar personas y entidades, solicitar documentos y realizar estudios. Se requiere la presentación de informes parciales y un informe final antes de que concluya la Vigésima Asamblea Legislativa.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento del Departamento de Corrección y Rehabilitación con la transmisión de videoconferencias de los imputados que se encuentran sumariados; además, del acceso de los abogados a las instituciones carcelarias y los mecanismos utilizados para que estos se reúnan con sus clientes; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 156 ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva. Esta investigación se centrará en dos puntos clave: 1) el cumplimiento del Departamento de Corrección y Rehabilitación con la transmisión de videoconferencias para imputados sumariados, y 2) el acceso de los abogados a las instituciones carcelarias y los mecanismos para reunirse con sus clientes. La medida busca evaluar si se están cumpliendo los protocolos y garantías constitucionales en estos ámbitos.

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre la implantación en la Administración de los Tribunales del Programa para Acceso a la Justicia de Personas con Condiciones de Salud Mental; el cumplimiento con el horario de los “jueces de turno” para la atención de casos de salud mental; los acuerdos con el Negociado de la Policía para la radicación de estos casos fuera del horario regular de trabajo y el cumplimiento con dichos acuerdos; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 15 ordena a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación del Programa para Acceso a la Justicia de Personas con Condiciones de Salud Mental en la Administración de los Tribunales. Se enfocará en el cumplimiento de horarios de jueces de turno para casos de salud mental y los acuerdos con la Policía para radicaciones fuera de horario regular, afectando a ciudadanos, oficiales del orden público y trabajadores sociales que interactúan con estos procesos.