Para ordenar a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico impulsar acuerdos con instituciones de educación superior especializadas, con el propósito de facilitar que sus estudiantes, una vez culminados sus grados, puedan transferirse a programas de estudios superiores dentro del sistema universitario público, promoviendo así la continuidad académica y el fortalecimiento de la matrícula de la Universidad de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 9A de la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de la Universidad de Puerto Rico”; ampliar transitoriamente, por un término improrrogable de cinco (5) años contado a partir de la aprobación de esta Ley, la composición de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico mediante la incorporación como miembros, con voz y voto, de la Presidenta o Presidente de la Universidad de Puerto Rico y de los Rectores y Rectoras de los once (11) recintos y unidades autónomas del sistema universitario; conferirle a la Junta de Gobierno, durante dicho término, las facultades extraordinarias y centralizadas necesarias para atender la crisis económica, fiscal, operacional y de gobernanza por la que atraviesa la Universidad de Puerto Rico, incluyendo todas las determinaciones académicas, fiscales, presupuestarias, de personal, de infraestructura, de admisiones, de oferta académica, de cierre o consolidación de programas, de negociación colectiva, de relaciones interagenciales, de cumplimiento con la Junta de Supervisión Fiscal y de cualquier otra naturaleza institucional o sistémica del sistema universitario; suspender, durante el mismo término improrrogable, las facultades decisionales de los Senados Académicos, las Juntas Administrativas, la Junta Universitaria, los Claustros y demás cuerpos de gobierno interno de los recintos y unidades del sistema, las cuales se reducirán a funciones consultivas y de asesoramiento; ordenar la continuidad del servicio académico esencial, prohibir la paralización del proceso educativo y disponer un Plan de Continuidad Académica de Emergencia; establecer un Plan de Estabilización Institucional, Operacional y Fiscal de la Universidad de Puerto

La medida propone enmendar la Ley de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para otorgar facultades extraordinarias y centralizadas a la Junta de Gobierno por un periodo improrrogable de cinco (5) años. Esto se logrará ampliando su composición para incluir a la Presidenta/e de la UPR y a los Rectores/as de los once recintos, quienes tendrán voz y voto. Durante este tiempo, se suspenderán las facultades decisionales de los Senados Académicos, Juntas Administrativas y otros cuerpos internos, reduciéndolos a funciones consultivas. El objetivo es atender una crisis fiscal, operacional y de gobernanza declarada, buscando estabilizar la institución y asegurar la continuidad académica y el cumplimiento con la Junta de Supervisión Fiscal.

Para ordenar a la Secretaría de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 16.2 sobre “Petición de Información o Documentos”, del Reglamento de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una petición a la Universidad de Puerto Rico (UPR), a los fines de requerir información y documentos a la Junta de Gobierno de la UPR, a la Presidenta de la UPR, a los Rectores de cada unidad institucional, al Director de la Oficina de Auditoría Interna de la UPR, y al Director de la Oficina Central de Recursos Humanos de la UPR, sobre la composición, costo y cumplimiento normativo de la estructura de personal de confianza del sistema universitario, con el objetivo de evaluar su presupuesto, así como el cumplimiento con las metas de transformación administrativa y reducción de gastos en puestos de confianza y de apoyo administrativo redundante a tenor a Plan Fiscal Certificado por la JSAF; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución ordena a la Secretaría de la Cámara de Representantes solicitar formalmente a la Universidad de Puerto Rico (UPR) información detallada sobre la composición, costo y cumplimiento normativo de su personal de confianza, así como datos sobre oficinas de transformación administrativa. El objetivo es evaluar el presupuesto universitario y el cumplimiento de metas de reducción de gastos y transformación administrativa estipuladas en el Plan Fiscal certificado por la JSAF. La información debe ser provista en un plazo de cinco (5) días calendario.