Qué propone
La Resolución Conjunta de la Cámara 295 ordena a la Policía de Puerto Rico, al Departamento de Educación y a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública a colaborar en la creación y ejecución de un ciclo de orientaciones para padres, madres o encargados de estudiantes del sistema público y el público en general. El objetivo es informar sobre los riesgos de publicar fotos de menores en redes sociales. Las orientaciones deben realizarse utilizando recursos existentes, sin costo adicional, y se espera que se coordinen en 90 días y se cumplan en 120 días tras la aprobación, con informes a la Asamblea Legislativa.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
La Resolución Conjunta de la Cámara 295 fue el 18 de febrero de 2026 y referida a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes el 19 de febrero de 2026.
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Última acción · 19 de febrero de 2026
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar al Negociado de la Policía, el Departamento de Educación y a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, que realicen en conjunto un ciclo de orientaciones a los padres, madres o encargados de los estudiantes del sistema público de enseñanza y al público en general, sobre los riesgos de subir fotos de los menores en las redes sociales.
Esta Resolución Conjunta ordena a la Policía de Puerto Rico, al Departamento de Educación y a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) a colaborar en un ciclo de orientaciones dirigidas a padres, madres o encargados de estudiantes del sistema público y al público en general. El objetivo es educar sobre los riesgos y consecuencias de publicar fotos de menores en redes sociales. Las agencias tienen 90 días para coordinar y 120 días adicionales para cumplir con las orientaciones tras la aprobación. La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Departamento de Hacienda y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) deben identificar y garantizar los fondos necesarios anualmente. Las agencias también pueden formalizar acuerdos de colaboración con otras entidades y buscar financiamiento externo.
Para ordenar al Departamento de la Familia y al Departamento de Educación de Puerto Rico, a crear e implementar una campaña educativa de prevención contra el maltrato de menores, utilizando recursos internos de las agencias y estableciendo colaboraciones con la Universidad de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de la Familia y al Departamento de Educación a crear e implementar una campaña educativa de prevención contra el maltrato de menores. La campaña deberá utilizar recursos internos de ambas agencias y establecer colaboraciones con la Universidad de Puerto Rico. Se establecen plazos de 30 días para el diseño del plan y 60 días para la implementación, y se requiere un informe a la Asamblea Legislativa 180 días después de su inicio. Afecta directamente a las agencias ordenadas, a la Universidad de Puerto Rico, y de forma indirecta a la población escolar (estudiantes, padres, personal docente) y a la ciudadanía en general.
Para ordenar a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), en conjunto con la Junta Reguladora de los Centros para la Protección, Investigación, Tratamiento e Intervención, diseñar y ofrecer una campaña educativa dirigida a las madres, padres y encargados de la niñez sobre el problema del abuso sexual a menores de edad.
Esta Resolución Conjunta exhorta a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) y a la Junta Reguladora de los Centros para la Protección, Investigación, Tratamiento e Intervención a diseñar y ofrecer una campaña educativa dirigida a madres, padres y encargados sobre el abuso sexual infantil. La campaña debe identificar características de menores víctimas, lugares y personas de riesgo, y los profesionales participantes deben tener experiencia práctica, según la Ley 112-2017. Afecta directamente a los padres y encargados de menores, y a las entidades públicas encargadas de la difusión y la protección infantil.
Para ordenar a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, la Comisión para la Prevención del Suicidio del Departamento de Salud, al Departamento de Educación y a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, que realicen en conjunto un ciclo de orientaciones a los padres, madres o encargados de los estudiantes del sistema público de enseñanza y al público en general, sobre las señales de un comportamiento suicida y los mecanismos de ayuda para prevenirlo.
Esta Resolución Conjunta ordena a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), la Comisión para la Prevención del Suicidio del Departamento de Salud, el Departamento de Educación y la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública a coordinar y realizar un ciclo de orientaciones dirigidas a padres, madres o encargados de estudiantes del sistema público y al público general. El objetivo es informar sobre las señales de comportamiento suicida y los mecanismos de ayuda para su prevención. Las agencias tienen 90 días para coordinar, 10 días laborables adicionales para informar a la Asamblea Legislativa, y 120 días para completar las orientaciones tras la coordinación.
Para ordenar al Departamento de Educación que realice un ciclo de adiestramientos con los padres, madres o encargados de los estudiantes del sistema público de enseñanza, sobre los protocolos que atienden situaciones de tirador activo en las escuelas públicas y sobre tiroteos en los predios cercanos a los planteles escolares, así como ordenar revisar dichos protocolos para que incluyan la notificación, participación e información a los padres, madres o encargados.
La Resolución Conjunta de la Cámara 14, en su versión original aprobada por la Cámara, ordenaba al Departamento de Educación (DE) realizar un ciclo de adiestramientos para padres, madres o encargados sobre protocolos de tirador activo y tiroteos cercanos a escuelas. También ordenaba revisar dichos protocolos para incluir notificación, participación e información a los padres. Sin embargo, el Senado emitió un informe negativo, no recomendando su aprobación, basándose en las preocupaciones del DE sobre la viabilidad y seguridad de tales adiestramientos para padres.
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