Para ordenar al Departamento de la Familia y al Departamento de Educación de Puerto Rico, a crear e implementar una campaña educativa de prevención contra el maltrato de menores, utilizando recursos internos de las agencias y estableciendo colaboraciones con la Universidad de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), a través de su Presidente, en conjunto con el Negociado de la Policía de Puerto Rico, el Departamento de la Familia y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres realizar una campaña de prevención sobre el abuso sexual a menores y adultos, las implicaciones de cometer una agresión sexual, así como las ayudas gubernamentales pertinentes para las víctimas sobrevivientes de esta lamentable acción, asimismo, deberá contar con la colaboración y pericia de entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias, profesionales, universidades, entre otras, relacionadas a la salud mental y de servicios a las víctimas y familiares. La campaña incluirá, sin que se entienda como una limitación, las estaciones de televisión, canales seis (6) y tres (3) y las estaciones de radio 940 AM y Allegro 91.3 así como la cobertura a través de sus redes sociales; y para otros fines relacionados.

Esta resolución conjunta ordena a la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), en colaboración con el Negociado de la Policía, el Departamento de la Familia y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, a realizar una campaña de prevención sobre abuso sexual y agresión sexual. La campaña debe informar sobre las implicaciones de estos actos y las ayudas gubernamentales disponibles para las víctimas, utilizando los canales de televisión (Canal 6 y 3), radio (940 AM y Allegro 91.3) y redes sociales de WIPR, además de contar con la participación de entidades sin fines de lucro y académicas.

Para ordenar a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, la Comisión para la Prevención del Suicidio del Departamento de Salud, al Departamento de Educación y a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, que realicen en conjunto un ciclo de orientaciones a los padres, madres o encargados de los estudiantes del sistema público de enseñanza y al público en general, sobre las señales de un comportamiento suicida y los mecanismos de ayuda para prevenirlo.

La Resolución Conjunta de la Cámara 17 ordena a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, la Comisión para la Prevención del Suicidio del Departamento de Salud, el Departamento de Educación y la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública a coordinar y realizar conjuntamente un ciclo de orientaciones. Estas orientaciones deben dirigirse a padres, madres o encargados de estudiantes del sistema público y al público en general, enfocándose en las señales de comportamiento suicida y los mecanismos de ayuda. Las agencias tienen 90 días para coordinar y cumplir, y deben informar a la Asamblea Legislativa sobre sus gestiones.

Para ordenar a las Comisiones de Gobierno y de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el manejo de los casos de maltrato a menores, la cantidad de trabajadores sociales reclutados luego de la entrada en vigor de la Ley Núm. 57 de 11 de mayo de 2023, mejor conocida como “Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores”; y cotejar el cumplimiento de la certificación requerida en el Artículo 83 de la Ley 57-2023; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 389 ordena a las Comisiones de Gobierno y de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes a realizar una investigación sobre cómo se manejan los casos de maltrato a menores. Específicamente, se busca determinar la cantidad de trabajadores sociales reclutados tras la aprobación de la Ley 57-2023 y verificar si cumplen con la certificación requerida en el Artículo 83 de dicha ley. El objetivo es evaluar la capacidad institucional del Departamento de la Familia para proteger a los menores.