Para ordenar a la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), a través de su Presidente, en conjunto con el Negociado de la Policía de Puerto Rico, el Departamento de la Familia y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres realizar una campaña de prevención sobre el abuso sexual a menores y adultos, las implicaciones de cometer una agresión sexual, así como las ayudas gubernamentales pertinentes para las víctimas sobrevivientes de esta lamentable acción, asimismo, deberá contar con la colaboración y pericia de entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias, profesionales, universidades, entre otras, relacionadas a la salud mental y de servicios a las víctimas y familiares. La campaña incluirá, sin que se entienda como una limitación, las estaciones de televisión, canales seis (6) y tres (3) y las estaciones de radio 940 AM y Allegro 91.3 así como la cobertura a través de sus redes sociales; y para otros fines relacionados.
Qué propone
Esta Resolución Conjunta ordena a la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), en conjunto con el Negociado de la Policía, el Departamento de la Familia y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, a realizar una campaña de prevención sobre abuso sexual y agresión sexual. La campaña debe incluir información sobre las implicaciones de cometer estos actos y las ayudas disponibles para las víctimas sobrevivientes. Se requiere la colaboración de entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, universidades y profesionales de la salud mental y servicios a víctimas. La campaña se difundirá a través de los medios de WIPR (canales 6 y 3, radio 940 AM y Allegro 91.3, y redes sociales). Además, se instruye a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Departamento de Hacienda y la Autoridad de Asesoría Financiera a identificar y garantizar anualmente los fondos necesarios para esta iniciativa.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se inscribe en el marco de la fiscalización institucional de los derechos de la mujer y la respuesta gubernamental a la violencia de género, un tema que ha estado marcado por la presión cívica y la acción ejecutiva, como lo fue la declaración de estado de emergencia por violencia de género en 2021 y la creación del Comité PARE. La Oficina de la Procuradora de las Mujeres, mencionada en la medida, es un organismo clave en este esfuerzo, encargado de velar por el cumplimiento de las políticas públicas en beneficio de la población femenina.
En qué va
Esta Resolución Conjunta fue presentada el 12 de agosto de 2025 y referida a las Comisiones de Gobierno y de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes el 18 de agosto de 2025.
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Última acción · 18 de agosto de 2025
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar al Departamento de la Familia y al Departamento de Educación de Puerto Rico, a crear e implementar una campaña educativa de prevención contra el maltrato de menores, utilizando recursos internos de las agencias y estableciendo colaboraciones con la Universidad de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de la Familia y al Departamento de Educación a crear e implementar una campaña educativa de prevención contra el maltrato de menores. La campaña deberá utilizar recursos internos de ambas agencias y establecer colaboraciones con la Universidad de Puerto Rico. Se establecen plazos de 30 días para el diseño del plan y 60 días para la implementación, y se requiere un informe a la Asamblea Legislativa 180 días después de su inicio. Afecta directamente a las agencias ordenadas, a la Universidad de Puerto Rico, y de forma indirecta a la población escolar (estudiantes, padres, personal docente) y a la ciudadanía en general.
Para ordenar a la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), a través de su Presidente, en colaboración y pericia de entidades sin fines de lucro y organizaciones de bases de fe, comunitarias, profesionales, universitarias, entre otras, realizar a través de todos los medios de comunicación, a su cargo, una campaña educativa para rescatar los principios y valores de integridad, justicia, valor, tolerancia, honestidad, rendición de cuentas, cooperación, responsabilidad, respeto, paz, lealtad, trabajo, amor y esperanza en aras de forjar una mejor sociedad. La campaña incluirá, sin que se entienda como una limitación, las estaciones de televisión, canales seis (6) y tres (3) y las estaciones de radio 940 AM y Allegro 91.3 así como la cobertura a través de sus redes sociales; y para otros fines relacionados.
La Resolución Conjunta de la Cámara 164 (RCC 164) proponía ordenar a la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), a través de su Presidente, la realización de una campaña educativa para promover valores cívicos y sociales. Adicionalmente, imponía a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), al Departamento de Hacienda y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) el deber de identificar y separar anualmente los fondos necesarios para dicha campaña. La medida afectaría directamente a WIPR en su programación y a las agencias fiscales en la identificación de fondos.
Para ordenar al Negociado de la Policía, el Departamento de Educación y a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, que realicen en conjunto un ciclo de orientaciones a los padres, madres o encargados de los estudiantes del sistema público de enseñanza y al público en general, sobre los riesgos de subir fotos de los menores en las redes sociales.
La Resolución Conjunta ordena a la Policía de Puerto Rico, al Departamento de Educación y a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) a coordinar y realizar conjuntamente un ciclo de orientaciones dirigidas a padres, madres o encargados de estudiantes del sistema público de enseñanza y al público en general. El objetivo es informar sobre los riesgos y consecuencias de subir fotos de menores en redes sociales. Se establecen plazos de 90 días para la coordinación y 120 días para el cumplimiento, con deberes de informar a la Asamblea Legislativa y de identificar fondos necesarios por parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Departamento de Hacienda y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.
Para ordenar a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, la Comisión para la Prevención del Suicidio del Departamento de Salud, al Departamento de Educación y a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, que realicen en conjunto un ciclo de orientaciones a los padres, madres o encargados de los estudiantes del sistema público de enseñanza y al público en general, sobre las señales de un comportamiento suicida y los mecanismos de ayuda para prevenirlo.
Esta Resolución Conjunta ordena a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), la Comisión para la Prevención del Suicidio del Departamento de Salud, el Departamento de Educación y la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública a coordinar y realizar un ciclo de orientaciones dirigidas a padres, madres o encargados de estudiantes del sistema público y al público general. El objetivo es informar sobre las señales de comportamiento suicida y los mecanismos de ayuda para su prevención. Las agencias tienen 90 días para coordinar, 10 días laborables adicionales para informar a la Asamblea Legislativa, y 120 días para completar las orientaciones tras la coordinación.
Para ordenar a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, la Comisión para la Prevención del Suicidio del Departamento de Salud, al Departamento de la Familia, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, que realicen en conjunto un ciclo de orientaciones sobre las señales de un comportamiento suicida en adultos mayores y los mecanismos de ayuda para prevenirlo.
Esta Resolución Conjunta ordena a cinco agencias gubernamentales (ASSMCA, Comisión para la Prevención del Suicidio del Departamento de Salud, Departamento de la Familia, Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada y la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública) a colaborar en la creación y ejecución de un ciclo de orientaciones dirigidas al público general, con énfasis en cuidadores de adultos mayores. El objetivo es educar sobre las señales de comportamiento suicida en esta población y los mecanismos de ayuda disponibles. Las agencias tienen plazos definidos para coordinar (90 días), informar a la Asamblea Legislativa (10 días laborables después de la coordinación) y completar las orientaciones (120 días después de la coordinación).
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