Para ordenar al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), en coordinación con el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Pública, el Negociado de la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Junta de Libertad Bajo Palabra y el Poder Judicial, diseñar, desarrollar e implementar una aplicación digital oficial del Gobierno de Puerto Rico, accesible en todas las plataformas electrónicas y dispositivos móviles, que integre el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores, según establecido mediante la Ley 266-2004, según enmendada, y el Registro de Personas Convictas por Violaciones a la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, según dispuesto mediante la Ley 29-2017, según enmendada, entre otros registros compatibles con este propósito, con el fin de crear una plataforma de fácil acceso, ágil, uniforme y de mayor alcance para mantener informada y protegida a la ciudadanía; establecer parámetros básicos de funcionalidad, ciberseguridad; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Departamento de Corrección y Rehabilitación que de forma inmediata verifique el sistema de supervisión electrónica para que mejore el método de alerta, de forma que refleje el perímetro correcto en protección de la víctima y provea una alerta adecuada cuando se violan las zonas de exclusión; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) que, de forma inmediata y en un plazo de 90 días, revise y mejore su sistema de supervisión electrónica. Busca asegurar que los perímetros de exclusión para proteger a las víctimas de violencia doméstica sean correctos, que el sistema emita alertas de proximidad adecuadas y audibles ante violaciones, y que se informe a la Asamblea Legislativa sobre las gestiones realizadas. Afecta directamente a las personas bajo supervisión electrónica por violencia doméstica y a las víctimas que dependen de este sistema para su seguridad.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento del Negociado de la Policía de Puerto Rico con el Acuerdo para la Reforma Sostenible de la Policía de Puerto Rico en los temas relacionados con la violencia doméstica y las agresiones sexuales; y para otros fines relacionados.

Esta resolución ordena a la Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva. El propósito es evaluar el cumplimiento del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) con el Acuerdo para la Reforma Sostenible de la Policía de Puerto Rico, específicamente en lo referente a la respuesta e investigación de casos de violencia doméstica y agresiones sexuales. La investigación busca determinar las razones por las cuales no se han alcanzado las métricas de cumplimiento establecidas y proponer recomendaciones legislativas.

Para crear la “Ley del Registro de Personas Convictas Reincidentes por Violaciones a la Ley Núm. 54-1989”, con el propósito de establecer un registro oficial de personas que hayan sido convictas en dos (2) o más ocasiones por delitos tipificados en la Ley Núm. 54-1989, según enmendada, conocida como la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”; establecer un sistema de recopilación y monitoreo de información administrado por la Policía de Puerto Rico en coordinación con el Departamento de Justicia; crear un portal electrónico de acceso público limitado; disponer deberes de notificación y actualización de información; establecer el término de inscripción en el registro; fijar penalidades por incumplimiento; y para otros fines relacionados.

La medida propone la creación de la 'Ley del Registro de Personas Convictas Reincidentes por Violaciones a la Ley Núm. 54-1989'. Establece un registro oficial administrado por la Policía de Puerto Rico, que incluirá personas con dos o más convicciones finales y firmes por delitos de violencia doméstica. Se creará un portal electrónico de acceso público limitado y se fijarán deberes de notificación y actualización para los inscritos, con penalidades por incumplimiento. La inscripción tendrá una duración de 24 meses tras cumplir la sentencia.