Para ordenar al Departamento de Corrección y Rehabilitación que de forma inmediata verifique el sistema de supervisión electrónica para que mejore el método de alerta, de forma que refleje el perímetro correcto en protección de la víctima y provea una alerta adecuada cuando se violan las zonas de exclusión; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Superintendente de la Policía de Puerto Rico y al Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación a cumplir con lo dispuesto en el Artículo 59 del Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011 (Plan 2-2011, según enmendado), mediante la elaboración, adopción e implementación de un protocolo conjunto que establezca los acuerdos de intervención e investigación de delitos y faltas dentro de las instituciones correccionales; establecer parámetros para su cumplimiento; y para otros fines relacionados

Esta Resolución Conjunta ordena al Superintendente de la Policía y al Secretario de Corrección y Rehabilitación a crear, adoptar e implementar un protocolo conjunto. Este protocolo detallará cómo ambas agencias intervendrán e investigarán delitos y faltas dentro de las instituciones correccionales, cumpliendo así con una disposición ya existente en el Plan de Reorganización de Corrección de 2011. Se establece un plazo de 90 días para presentar un informe a la Asamblea Legislativa sobre el cumplimiento y el protocolo adoptado.

Para asignar la suma de un millón quinientos mil dólares ($1,500,000), a ser distribuidos a organizaciones sin fines de lucro dedicadas a atender a sobrevivientes de violencia de género para que puedan garantizar sus operaciones administrativas y puedan brindar sus servicios de manera diligente, directa a sobrevivientes de violencia; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución Conjunta propone asignar $1,500,000 para ser distribuidos a organizaciones sin fines de lucro que atienden a sobrevivientes de violencia de género. Los fondos se destinarán a gastos operacionales y administrativos para garantizar la continuidad y diligencia de sus servicios. La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) será responsable de elaborar guías de distribución, y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) deberá identificar y consignar los fondos para el Año Fiscal 2026-2027. Las organizaciones receptoras deberán rendir informes sobre el uso de fondos y el impacto.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el alarmante aumento en las muertes de la población del sistema correccional de Puerto Rico; con énfasis en los hallazgos encontrados y recomendaciones contenidas en el “Informe sobre las Muertes de Personas Privadas de Libertad bajo la Custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación” emitido por la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico.

La Resolución de la Cámara 272 ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre el aumento de muertes en el sistema correccional de Puerto Rico. El enfoque principal será examinar los hallazgos y recomendaciones del informe de la Comisión de Derechos Civiles sobre muertes de personas privadas de libertad entre 2011 y 2024, identificando acciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación y la posible necesidad de nueva legislación para mejorar la salud y seguridad de los confinados. La medida no crea nuevos mecanismos de fiscalización ni asigna fondos, sino que delega una función de investigación a una comisión legislativa existente.