Para ordenar al Superintendente de la Policía de Puerto Rico y al Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación a cumplir con lo dispuesto en el Artículo 59 del Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011 (Plan 2-2011, según enmendado), mediante la elaboración, adopción e implementación de un protocolo conjunto que establezca los acuerdos de intervención e investigación de delitos y faltas dentro de las instituciones correccionales; establecer parámetros para su cumplimiento; y para otros fines relacionados

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva para constatar el estado físico de las facilidades del Negociado de la Policía de Puerto Rico, el Negociado del Cuerpo de Bomberos, el Negociado de Manejo Emergencias y Administración de Desastres, el Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas, el Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1 y el Negociado de Investigaciones Especiales, así como la suficiencia y condiciones de trabajo de su personal, los materiales, herramientas tecnológicas en uso y equipos necesarios, entre otros, para el pleno descargue de sus responsabilidades como parte de los componentes del Departamento de Seguridad Pública, conforme a la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”. Además, identificar las medidas legislativas, recursos, fondos y acciones precisas para atender esta situación de carácter urgente en toda nuestra jurisdicción territorial, en particular luego del paso de los huracanes Irma y María y de los terremotos que nos afectaron en diciembre de 2019 y que se repiten en algún grado de intensidad al presente; y para otros fines relacionados.; y para otros fines relacionados.

La Resolución de Cámara 58 ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva. Esta investigación evaluará el estado físico de las facilidades, la suficiencia y condiciones del personal, así como los materiales y equipos tecnológicos de varios negociados del Departamento de Seguridad Pública (Policía, Bomberos, Manejo de Emergencias, Emergencias Médicas, Sistemas 9-1-1, Investigaciones Especiales). El objetivo es identificar medidas legislativas, recursos, fondos y acciones necesarias para atender estas urgencias, especialmente tras desastres naturales. La medida afecta directamente a estos negociados y a la ciudadanía que depende de sus servicios.

Para ordenar al Negociado de Energía de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico a comenzar dentro del término de noventa (90) días, contados a partir de la fecha de vigencia de esta Resolución Conjunta, el proceso de adopción de un nuevo reglamento integral de interconexión de sistemas de generación con la red eléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico que sea consistente con todos los mandatos, objetivos, y principios rectores del sistema eléctrico de Puerto Rico, así como con la Política Pública Energética, según establecidos en la Ley Núm. 17-2019, según enmendada, conocida como “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución Conjunta ordena al Negociado de Energía de la Junta Reglamentadora de Servicio Público a iniciar, en un plazo de noventa (90) días desde su vigencia, el proceso para adoptar un nuevo reglamento integral sobre la interconexión de sistemas de generación a la red eléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). El nuevo reglamento deberá ser consistente con los mandatos, objetivos y principios de la Ley de Política Pública Energética (Ley 17-2019). La medida busca actualizar las normas de interconexión, especialmente para comunidades solares y microrredes, que según la Exposición de Motivos, han enfrentado obstáculos regulatorios.

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico y a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos de la Justicia del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre los protocolos, reglamentos y planes de manejo que implementa el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico al momento de excarcelar a personas que han cumplido sus sentencias, con especial atención a los mecanismos de prevención de reincidencia, incluyendo delitos de agresión sexual y violencia grave, y para otros fines relacionados.

Esta Resolución ordena a dos Comisiones del Senado de Puerto Rico (Comisión de lo Jurídico y Comisión de Seguridad Pública y Asuntos de la Justicia) a realizar una investigación sobre los protocolos del Departamento de Correcciones y Rehabilitación (DCR) para la excarcelación de confinados. La investigación debe centrarse en los mecanismos de prevención de reincidencia, especialmente para delitos de agresión sexual y violencia grave, y debe evaluar procedimientos previos a la liberación, planes de transición, coordinación interagencial y seguimiento post-liberación. Las Comisiones deberán presentar un informe conjunto con hallazgos y recomendaciones en un plazo de 90 días.