Qué propone
Esta Resolución Conjunta ordena al Superintendente de la Policía y al Secretario de Corrección y Rehabilitación a crear, adoptar e implementar un protocolo conjunto para la intervención e investigación de delitos y faltas dentro de las instituciones correccionales. Establece un plazo de 90 días para que ambas agencias presenten un informe de cumplimiento y el protocolo adoptado ante la Asamblea Legislativa. Afecta directamente a ambas agencias y, por extensión, a la seguridad dentro del sistema correccional.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida aborda la coordinación entre la Policía y Corrección para investigar delitos en prisiones, un tema que se relaciona con la contracción estructural del sistema correccional y las condiciones de habitabilidad y servicios en las cárceles, como se discute en el fragmento 6. La medida busca establecer un protocolo para mejorar la seguridad y la investigación dentro de un sistema que ha experimentado cambios significativos en su población y operación.
En qué va
Esta Resolución Conjunta fue el 30 de marzo de 2026 y referida a comisión en el Senado de Puerto Rico el 6 de abril de 2026, tras aparecer en Primera Lectura.
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Última acción · 6 de abril de 2026
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar al Superintendente de la Policía de Puerto Rico y al Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación a cumplir con lo dispuesto en el Artículo 59 del Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011 (Plan 2-2011, según enmendado), mediante la elaboración, adopción e implementación de un protocolo conjunto que establezca los acuerdos de intervención e investigación de delitos y faltas dentro de las instituciones correccionales; establecer parámetros para su cumplimiento; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución Conjunta ordena al Superintendente de la Policía y al Secretario de Corrección y Rehabilitación a crear, adoptar e implementar un protocolo conjunto para la intervención e investigación de delitos y faltas dentro de las instituciones correccionales. El protocolo debe delimitar funciones, jurisdicciones, procedimientos, canales de comunicación y responsabilidades entre ambas agencias. Las agencias deben presentar un informe y el protocolo adoptado a la Asamblea Legislativa en un plazo de 90 días tras la aprobación de la medida.
Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación del estado actual y el detalle de todos los programas e iniciativas de rehabilitación dirigidos a la población correccional bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 66 ordena a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre todos los programas e iniciativas de rehabilitación dirigidos a la población correccional bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). La investigación deberá detallar el estado actual de estos programas, su disponibilidad, accesibilidad, impacto y continuidad, y se espera que culmine con informes parciales y finales para la Vigésima Asamblea Legislativa.
Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el manejo de las querellas administrativas presentadas contra empleados de la Policía de Puerto Rico relacionadas con el manejo inadecuado de casos de violencia de género; evaluar la efectividad de los protocolos, procedimientos disciplinarios y mecanismos de supervisión existentes; identificar potenciales deficiencias institucionales; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 667 ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre cómo se manejan las querellas administrativas contra policías por mal manejo de casos de violencia de género. Busca evaluar la efectividad de los protocolos, procedimientos y supervisión, e identificar deficiencias institucionales. Afecta directamente a la Policía de Puerto Rico y a las víctimas de violencia de género, al buscar mejorar la respuesta institucional.
Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la preocupante crisis de salud mental que afecta a las personas privadas de su libertad en las instalaciones del sistema correccional bajo custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación; con énfasis en la estadísticas de incidencia de condiciones de salud mental, las medidas de consejería tomadas para atender a esta población y el uso de farmacoterapia como tratamiento.
La Resolución de la Cámara 582 ordena a las Comisiones de Seguridad Pública y Salud de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre la crisis de salud mental en la población correccional del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Se enfoca en estadísticas de incidencia, medidas de consejería y uso de farmacoterapia. La investigación debe concluir y presentarse en un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un plazo de 180 días. Afecta directamente a las personas privadas de libertad, al DCR y a las comisiones legislativas encargadas de la investigación.
Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva para constatar el estado físico de las facilidades del Negociado de la Policía de Puerto Rico, el Negociado del Cuerpo de Bomberos, el Negociado de Manejo Emergencias y Administración de Desastres, el Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas, el Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1 y el Negociado de Investigaciones Especiales, así como la suficiencia y condiciones de trabajo de su personal, los materiales, herramientas tecnológicas en uso y equipos necesarios, entre otros, para el pleno descargue de sus responsabilidades como parte de los componentes del Departamento de Seguridad Pública, conforme a la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”. Además, identificar las medidas legislativas, recursos, fondos y acciones precisas para atender esta situación de carácter urgente en toda nuestra jurisdicción territorial, en particular luego del paso de los huracanes Irma y María y de los terremotos que nos afectaron en diciembre de 2019 y que se repiten en algún grado de intensidad al presente; y para otros fines relacionados.; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 58 ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre el estado físico de las facilidades de varias agencias del Departamento de Seguridad Pública (Policía, Bomberos, Manejo de Emergencias, Emergencias Médicas, 9-1-1, Investigaciones Especiales), así como la suficiencia de su personal, materiales y equipos. Además, debe identificar medidas legislativas, recursos y fondos para atender estas necesidades urgentes, considerando los impactos de huracanes y terremotos.
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