Qué propone
La Resolución Concurrente del Senado 3 propone exigir formalmente al Congreso de los Estados Unidos que enmiende la Ley Jones de 1920 y otras leyes de cabotaje para excluir a Puerto Rico de su aplicación. El objetivo es aliviar los costos del transporte marítimo y fomentar el desarrollo económico de la Isla, abordando lo que la medida describe como intereses monopolísticos y coloniales.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
La Resolución Concurrente del Senado 3 fue el 27 de enero de 2025. Tras ser referida a comisión, la Comisión de Asuntos Internos del Senado emitió un el 19 de mayo de 2026, no recomendando su aprobación.
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Última acción · 19 de mayo de 2026
Comisión no recomienda aprobación de la medida
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para solicitar al Congreso de los Estados Unidos la aprobación de legislación para eximir a la isla de Puerto Rico de la exclusividad de cabotaje contenida en la Ley Jones de 1920, y para expresar el reclamo de que Puerto Rico sea incluido en toda iniciativa congresional reciente o futura, incluyendo aquellas dirigidas a los territorios estadounidenses del Pacífico, que busque aliviar o eliminar restricciones de cabotaje; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución Concurrente solicita formalmente al Congreso de los Estados Unidos que apruebe legislación para eximir a Puerto Rico de las restricciones de cabotaje impuestas por la Ley Jones de 1920. También insta al Congreso a incluir a Puerto Rico en cualquier iniciativa futura, similar a las dirigidas a territorios del Pacífico, que busque aliviar o eliminar dichas restricciones. Se pide al Presidente de EE.UU. y su administración que apoyen estas gestiones. Afecta directamente la política federal de transporte marítimo y, de ser aprobada, podría impactar los costos de importación y exportación de bienes hacia y desde la isla.
Para requerir al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos de América que respondan diligentemente, y actúen de conformidad con el reclamo de autodeterminación de los ciudadanos americanos de Puerto Rico para que, después de 127 años, se termine de una vez y por todas con el estatus territorial actual; que se inicie el proceso para admitir a la Isla como un Estado de la Unión, según reclamado con la mayoría absoluta de los votos emitidos en el plebiscito de 5 de noviembre de 2024; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución Concurrente insta al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos a responder y actuar sobre el reclamo de autodeterminación de los ciudadanos de Puerto Rico. Busca que se ponga fin al estatus territorial actual y se inicie el proceso para admitir a Puerto Rico como un estado de la Unión, basándose en los resultados del plebiscito del 5 de noviembre de 2024. La medida se dirige a las autoridades federales de EE.UU. y afecta indirectamente a los ciudadanos de Puerto Rico al formalizar su reclamo ante el Congreso.
Para exigir al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos de América la cancelación inmediata de todo ejercicio de práctica por parte de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en nuestro territorio y aguas cercanas a nuestra jurisdicción; así como cualquier plan de remilitarización o reapertura de bases militares en Puerto Rico; reclamar que se finalice con la limpieza y descontaminación de los terrenos contaminados por los ejercicios de guerra; y comenzar un proceso de descolonización en el cual el Pueblo de Puerto Rico pueda escoger entre las alternativas no coloniales, y no territoriales.
La Resolución Concurrente del Senado 13 (R. Conc. del S. 13) exige al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos la cancelación inmediata de ejercicios militares en Puerto Rico y aguas cercanas, así como detener planes de remilitarización o reapertura de bases. También reclama la limpieza de terrenos contaminados por ejercicios bélicos y el inicio de un proceso de descolonización para que el pueblo escoja alternativas no coloniales y no territoriales. La medida se dirige a las ramas ejecutiva y legislativa federal de Estados Unidos, y a la comunidad internacional a través de la difusión de sus reclamos.
Para exigir al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos de América la cancelación inmediata de todo ejercicio de práctica por parte de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en nuestro territorio y aguas cercanas a nuestra jurisdicción; así como cualquier plan de remilitarización o reapertura de bases militares en Puerto Rico; reclamar que se finalice con la limpieza y descontaminación de los terrenos contaminados por los ejercicios de guerra; y comenzar un proceso de descolonización en el cual el Pueblo de Puerto Rico pueda escoger entre las alternativas no coloniales y no territoriales
Esta Resolución Concurrente de la Cámara (R. Conc. de la C. 29) exige al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos la cancelación inmediata de ejercicios militares en Puerto Rico y aguas cercanas, la detención de planes de remilitarización o reapertura de bases, la limpieza de terrenos contaminados por ejercicios bélicos, y el inicio de un proceso de descolonización para que el pueblo escoja alternativas no coloniales y no territoriales. Afecta directamente al gobierno federal de EE. UU. al presentarle estas demandas, y a la ciudadanía puertorriqueña al articular reclamos sobre su territorio y futuro político.
Para requerir al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos de América que respondan diligentemente, y actúen para garantizar que Puerto Rico reciba un trato equitativo en la asignación de fondos federales para el sistema de salud; que se termine con las disparidades históricas en la distribución de dichos fondos; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución Concurrente solicita al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos que garanticen un trato equitativo para Puerto Rico en la asignación de fondos federales para el sistema de salud. Específicamente, pide la paridad en los reembolsos médicos bajo Medicare, la igualdad en la asignación de fondos de Medicaid eliminando límites globales y aplicando el mismo porcentaje de financiamiento que los estados, y la asignación de recursos adicionales para la modernización de la infraestructura médica. El Departamento de Estado de Puerto Rico debe remitir esta resolución al Congreso de EE.UU. en inglés.
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