“Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre cuántas tutelas diferidas en sede notarial se han otorgado y registrado en Puerto Rico desde enero de 2021 hasta el presente, incluyendo el perfil y la edad de las personas bajo tutela, con el fin de evaluar el uso, la supervisión y las garantías de protección de derechos que rodean esta figura jurídica no reglamentada expresamente, a la luz de las disposiciones del Código Civil de 2020; y para otros fines relacionados.”

Para ordenar a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación de la Ley Núm. 22-2021, conocida como "Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico", por parte de la Defensoría de las Personas con Impedimentos del Gobierno de Puerto Rico, con el propósito de garantizar su cumplimiento efectivo y su impacto en la comunidad sorda del país; y para otros fines relacionados.

Esta medida, una Resolución del Senado (RS 172), ordena a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación de la Ley 22-2021, la cual creó la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda. La investigación se enfocará en la labor de la Defensoría de las Personas con Impedimentos en dicha implementación, buscando garantizar el cumplimiento efectivo de la ley y su impacto en la comunidad sorda. La medida no crea nuevas leyes ni asigna fondos, sino que encarga un estudio legislativo.

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre la aplicación, implementación y vigencia de la Ley 131 de 13 de mayo de 1943, según enmendada, conocida como “Ley para la Protección de los Derechos Civiles”; evaluar su efectividad frente a las realidades sociales y jurídicas del Puerto Rico contemporáneo; considerar posibles actualizaciones legislativas que garanticen su cumplimiento sustantivo y su alineación con principios constitucionales y estándares internacionales; y para otros fines relacionados.

La Resolución del Senado 168 ordena a la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la Ley 131 de 1943 (Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico). La investigación evaluará su aplicación, implementación y vigencia actual frente a las realidades sociales y jurídicas contemporáneas, y considerará posibles actualizaciones legislativas. Afecta a la ciudadanía al buscar determinar si la ley vigente protege adecuadamente los derechos civiles en el Puerto Rico de hoy y si requiere reformas.

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la situación fiscal, administrativa y operacional de todos los componentes del Departamento de Justicia de Puerto Rico, en aras de mejorar los servicios que brinda dicha Agencia; conocer sus programas, necesidades y dificultades.

La Resolución del Senado 93 ordena a la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la situación fiscal, administrativa y operacional de todos los componentes del Departamento de Justicia. El objetivo es identificar áreas de mejora para optimizar los servicios que brinda la agencia, así como conocer sus programas, necesidades y dificultades actuales. Esta medida no crea nuevas leyes ni asigna fondos, sino que solicita un informe detallado para informar futuras acciones legislativas o administrativas.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, investigar el proceso de traslado de los agentes de la Policía de Puerto Rico; evaluar la necesidad de efectivos policiales en el área metropolitana en comparación con el resto de las regiones policiales; analizar el modus operandi en la implementación de reglamentos vigentes en la Policía de Puerto Rico, específicamente en lo relativo a los tiempos de respuesta a las peticiones de traslado presentadas por los agentes; y para otros fines relacionados.

La Resolución del Senado 69 ordena a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el proceso de traslados de agentes de la Policía de Puerto Rico. La investigación evaluará la necesidad de efectivos policiales en el área metropolitana comparada con otras regiones, y analizará cómo se implementan los reglamentos vigentes, particularmente en cuanto a los tiempos de respuesta a las peticiones de traslado de agentes. La Comisión deberá rendir informes parciales y uno final antes de que concluya la Tercera Sesión Ordinaria de la Vigésima Asamblea Legislativa (antes del 30 de junio de 2026).

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el flujo, tratamiento legal, tratamiento operacional, aceptación, validación, fiscalización y uso de los poderes, mandatos, autorizaciones y demás instrumentos análogos utilizados para efectuar transacciones bancarias, cooperativistas, de seguros o financieras por cuenta de terceros, particularmente en los casos que involucran a adultos mayores y adultos con impedimentos; evaluar la suficiencia del marco jurídico vigente y de los protocolos institucionales aplicables; examinar los riesgos asociados a la explotación financiera, apropiación indebida, abuso de confianza y uso excesivo o desviado de dichos instrumentos; y rendir un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones, incluyendo recomendaciones legislativas y administrativas.

La Resolución del Senado 534 ordena a la Comisión de Desarrollo Económico del Senado realizar una investigación exhaustiva sobre el uso de poderes y autorizaciones para transacciones financieras por cuenta de terceros, especialmente para adultos mayores y personas con impedimentos. Busca evaluar el marco jurídico y los protocolos institucionales, así como los riesgos de explotación financiera, y rendir un informe con recomendaciones legislativas y administrativas.