Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre la aplicación, implementación y vigencia de la Ley 131 de 13 de mayo de 1943, según enmendada, conocida como “Ley para la Protección de los Derechos Civiles”; evaluar su efectividad frente a las realidades sociales y jurídicas del Puerto Rico contemporáneo; considerar posibles actualizaciones legislativas que garanticen su cumplimiento sustantivo y su alineación con principios constitucionales y estándares internacionales; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación, cumplimiento y efectividad de la Ley Núm. 229-2003, según enmendada, conocida como “Ley para garantizar el Acceso de Información a las Personas con Impedimentos”; y para otros fines relacionados.

La Resolución del Senado 169 ordena a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación, cumplimiento y efectividad de la Ley Núm. 229-2003, conocida como la Ley para garantizar el Acceso de Información a las Personas con Impedimentos. La investigación debe evaluar el grado de cumplimiento en agencias, corporaciones públicas y municipios, identificar obstáculos, analizar la pertinencia de los estándares tecnológicos actuales y proponer recomendaciones legislativas o administrativas. Afecta directamente a las personas con impedimentos al buscar mejorar su acceso a la información gubernamental digital y a las entidades gubernamentales sujetas a la ley.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, realizar investigaciones continuas sobre los aspectos concernientes a la seguridad pública de Puerto Rico, tanto a nivel estatal, como municipal que repercuten sobre el cumplimiento a cabalidad del derecho ciudadano al libre disfrute de la vida y la propiedad; evaluar los planes, programación, obra pública, organización y la prestación de los servicios ordenados a las agencias gubernamentales de seguridad pública y la seguridad civil en casos de emergencia; verificar el cumplimiento de dichas agencias con las leyes y los reglamentos aplicables, así como los funcionarios responsables de ejecutar dichas gestiones inherentes a sus puestos; investigar los aspectos concernientes a los servicios que se brindan y reciben los veteranos y que repercuten en el disfrute de su derecho a recibir los servicios que le garantice una mejor calidad de vida; cualquier otro asunto que afecte la seguridad pública y los asuntos de los veteranos en Puerto Rico.

La Resolución del Senado 81 ordena a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico realizar investigaciones continuas sobre la seguridad pública a nivel estatal y municipal, y sobre los servicios que reciben los veteranos. La medida busca evaluar planes, programas, obra pública, organización y prestación de servicios de agencias de seguridad pública y civil, así como verificar el cumplimiento de leyes y reglamentos por parte de dichas agencias y sus funcionarios. La investigación debe abarcar también los servicios a veteranos y cualquier otro asunto que afecte la seguridad pública y a los veteranos, con el fin de preparar informes parciales y finales con hallazgos y recomendaciones legislativas y administrativas dentro del término de la 20ma. Asamblea Legislativa.

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la situación fiscal, administrativa y operacional de todos los componentes del Departamento de Justicia de Puerto Rico, en aras de mejorar los servicios que brinda dicha Agencia; conocer sus programas, necesidades y dificultades.

La Resolución del Senado 93 ordena a la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la situación fiscal, administrativa y operacional de todos los componentes del Departamento de Justicia. El objetivo es identificar áreas de mejora para optimizar los servicios que brinda la agencia, así como conocer sus programas, necesidades y dificultades actuales. Esta medida no crea nuevas leyes ni asigna fondos, sino que solicita un informe detallado para informar futuras acciones legislativas o administrativas.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, investigar el proceso de traslado de los agentes de la Policía de Puerto Rico; evaluar la necesidad de efectivos policiales en el área metropolitana en comparación con el resto de las regiones policiales; analizar el modus operandi en la implementación de reglamentos vigentes en la Policía de Puerto Rico, específicamente en lo relativo a los tiempos de respuesta a las peticiones de traslado presentadas por los agentes; y para otros fines relacionados.

La Resolución del Senado 69 ordena a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el proceso de traslados de agentes de la Policía de Puerto Rico. La investigación evaluará la necesidad de efectivos policiales en el área metropolitana comparada con otras regiones, y analizará cómo se implementan los reglamentos vigentes, particularmente en cuanto a los tiempos de respuesta a las peticiones de traslado de agentes. La Comisión deberá rendir informes parciales y uno final antes de que concluya la Tercera Sesión Ordinaria de la Vigésima Asamblea Legislativa (antes del 30 de junio de 2026).

Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación del estado actual y el detalle de todos los programas e iniciativas de rehabilitación dirigidos a la población correccional bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

La Resolución del Senado 66 ordena a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre todos los programas e iniciativas de rehabilitación dirigidos a la población correccional bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). La investigación deberá detallar el estado actual de estos programas, su disponibilidad, accesibilidad, impacto y continuidad, y se espera que culmine con informes parciales y finales para la Vigésima Asamblea Legislativa.