Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, realizar investigaciones continuas sobre los aspectos concernientes a la seguridad pública de Puerto Rico, tanto a nivel estatal, como municipal que repercuten sobre el cumplimiento a cabalidad del derecho ciudadano al libre disfrute de la vida y la propiedad; evaluar los planes, programación, obra pública, organización y la prestación de los servicios ordenados a las agencias gubernamentales de seguridad pública y la seguridad civil en casos de emergencia; verificar el cumplimiento de dichas agencias con las leyes y los reglamentos aplicables, así como los funcionarios responsables de ejecutar dichas gestiones inherentes a sus puestos; investigar los aspectos concernientes a los servicios que se brindan y reciben los veteranos y que repercuten en el disfrute de su derecho a recibir los servicios que le garantice una mejor calidad de vida; cualquier otro asunto que afecte la seguridad pública y los asuntos de los veteranos en Puerto Rico.
Qué propone
La Resolución del Senado 81 ordena a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico a realizar investigaciones continuas sobre la seguridad pública a nivel estatal y municipal, y sobre los servicios que reciben los veteranos. La medida busca evaluar planes, organización, prestación de servicios de agencias de seguridad pública y civil en emergencias, verificar el cumplimiento de leyes y , y examinar los servicios a veteranos para mejorar su calidad de vida. Afecta directamente a la Comisión senatorial designada y, de forma indirecta, a las agencias gubernamentales de seguridad pública, seguridad civil, y a los veteranos.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se inscribe en la historia de la seguridad pública en Puerto Rico, que ha estado marcada por la necesidad de reformas y supervisión, incluyendo la intervención federal para abordar el uso excesivo de la fuerza y la corrupción. La centralización de agencias bajo el Departamento de Seguridad Pública en 2017 también refleja esfuerzos por reestructurar el aparato de seguridad, buscando optimizar recursos y mejorar la respuesta ante emergencias, aspectos que la medida busca evaluar.
En qué va
Esta medida es una Resolución del Senado (RS 81) que fue de Puerto Rico. El trámite reciente indica que se han rendido múltiples informes parciales entre agosto y marzo de 2025 y 2026, y se han realizado e inspecciones oculares, demostrando actividad investigativa en curso.
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Última acción · 22 de septiembre de 2026
: Salón Héctor Martínez Colón
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Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre el impacto de las políticas públicas de la administración del presidente Donald Trump sobre los servicios dirigidos a los veteranos y veteranas; evaluar la efectividad de los servicios de salud, así como la disponibilidad de médicos, incluyendo de salud mental, que reciben los veteranos residentes en Puerto Rico; evaluar el plan de trabajo del Procurador del Veterano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para abogar y atender las necesidades de los veteranos cesanteados por el gobierno federal; evaluar el impacto de los despidos acontecidos en el Departamento Federal de Asuntos del Veterano; evaluar la accesibilidad y calidad de todos los servicios dirigidos a los veteranos en Puerto Rico; y evaluar cualquier otro asunto que incida sobre la calidad de vida de nuestros veteranos; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 99 ordena a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el impacto de las políticas de la administración del presidente Donald Trump en los servicios para veteranos en Puerto Rico. La investigación evaluará la efectividad de los servicios de salud, la disponibilidad de profesionales de salud mental, el plan de trabajo del Procurador del Veterano para atender a veteranos cesanteados federalmente, el efecto de despidos en el Departamento Federal de Asuntos del Veterano, y la accesibilidad y calidad general de los servicios. La medida busca generar hallazgos, conclusiones y recomendaciones para proponer política pública.
Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la operación de la Oficina del Procurador del Veterano, con particular atención al manejo y resolución de querellas; disponibilidad de personal y recursos para el manejo efectivo de casos; la accesibilidad a los servicios que ofrece la agencia; así como el cumplimiento con los demás deberes y funciones delegados en la Ley 79-2013, según enmendada; y para otros fines relacionados.
La R. del S. 622 ordena a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado investigar la operación de la Oficina del Procurador del Veterano, en particular sus querellas, personal y recursos, accesibilidad de servicios y cumplimiento de la Ley 79-2013. La Comisión podrá celebrar vistas, citar personas y requerir información y documentos; deberá entregar hallazgos, conclusiones y recomendaciones legislativas dentro de 90 días después de aprobarse la resolución. No enmienda la Ley 79-2013, no ordena contratar personal ni asigna fondos; la Exposición de Motivos afirma que la Oficina informó tener 13 empleados y dos contratistas para sus necesidades legales.
Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano; y a la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre el sistema correccional de Puerto Rico, incluyendo la composición y clasificación de la población correccional, la condición de la infraestructura de las instituciones penales, la administración y ejecución de recursos, la prestación de servicios esenciales, la efectividad de los programas de rehabilitación y cualquier otro asunto que incida en la administración y funcionamiento del sistema correccional en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 95 ordena a las Comisiones de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano y de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre el sistema correccional de Puerto Rico. La investigación debe cubrir la composición y clasificación de la población correccional, la infraestructura, la administración de recursos, la prestación de servicios esenciales, la efectividad de programas de rehabilitación y otros asuntos relacionados con su funcionamiento. Las comisiones tienen 180 días para presentar un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones al Senado.
Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 69, que ordena a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, investigar el proceso de traslado de los agentes de la Policía de Puerto Rico; evaluar la necesidad de efectivos policiales en el área metropolitana en comparación con el resto de las regiones policiales; analizar el modus operandi en la implementación de reglamentos vigentes en la Policía de Puerto Rico, específicamente en lo relativo a los tiempos de respuesta a las peticiones de traslado presentadas por los agentes; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 361 enmienda la Sección 3 de la Resolución del Senado 69. Modifica los plazos y el alcance de un informe que la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado debe rendir sobre el proceso de traslado de agentes de la Policía de Puerto Rico, la necesidad de efectivos policiales y la implementación de reglamentos. Afecta directamente a la Comisión del Senado y, de forma indirecta, a la Policía de Puerto Rico y sus agentes.
Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la integración, uso y efectividad de las nuevas tecnologías implementadas por las agencias de seguridad pública del Gobierno de Puerto Rico en la lucha contra la criminalidad; evaluar el impacto de dichas tecnologías en la prevención, investigación y solución de delitos; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 138 ordena a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el uso de nuevas tecnologías por las agencias de seguridad pública en la lucha contra la criminalidad. La investigación debe evaluar la efectividad de estas tecnologías, su impacto en la prevención e investigación de delitos, y los mecanismos de protección de la privacidad ciudadana. La Comisión tiene un plazo de noventa (90) días para rendir un informe final con hallazgos, conclusiones y recomendaciones.
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