Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre el impacto de las políticas públicas de la administración del presidente Donald Trump sobre los servicios dirigidos a los veteranos y veteranas; evaluar la efectividad de los servicios de salud, así como la disponibilidad de médicos, incluyendo de salud mental, que reciben los veteranos residentes en Puerto Rico; evaluar el plan de trabajo del Procurador del Veterano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para abogar y atender las necesidades de los veteranos cesanteados por el gobierno federal; evaluar el impacto de los despidos acontecidos en el Departamento Federal de Asuntos del Veterano; evaluar la accesibilidad y calidad de todos los servicios dirigidos a los veteranos en Puerto Rico; y evaluar cualquier otro asunto que incida sobre la calidad de vida de nuestros veteranos; y para otros fines relacionados.
Qué propone
La Resolución del Senado 99 ordena a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el impacto de las políticas de la administración del presidente Donald Trump en los servicios para veteranos en Puerto Rico. La investigación evaluará la efectividad de los servicios de salud, la disponibilidad de profesionales de salud mental, el plan de trabajo del Procurador del Veterano para atender a veteranos cesanteados federalmente, el efecto de despidos en el Departamento Federal de Asuntos del Veterano, y la accesibilidad y calidad general de los servicios. La medida busca generar hallazgos, conclusiones y recomendaciones para proponer política pública.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se inscribe en la historia de los servicios a los veteranos en Puerto Rico, que incluye la creación de la Oficina del Procurador del Veterano para coordinar beneficios estatales y la red federal de salud gestionada por el VA. Históricamente, esta red ha enfrentado retos estructurales en la isla, como brechas en el acceso a especialidades y tiempos de espera prolongados, lo que la medida busca investigar.
En qué va
La medida, una Resolución del Senado (RS 99), fue el 11 de marzo de 2025, pasó su primera lectura y fue referida a comisión el 13 de marzo de 2025. El 19 de mayo de 2026, la comisión no recomendó su aprobación. La firman legisladores de un mismo partido (PPD).
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Última acción · 19 de mayo de 2026
Comisión no recomienda aprobación de la medida
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, realizar investigaciones continuas sobre los aspectos concernientes a la seguridad pública de Puerto Rico, tanto a nivel estatal, como municipal que repercuten sobre el cumplimiento a cabalidad del derecho ciudadano al libre disfrute de la vida y la propiedad; evaluar los planes, programación, obra pública, organización y la prestación de los servicios ordenados a las agencias gubernamentales de seguridad pública y la seguridad civil en casos de emergencia; verificar el cumplimiento de dichas agencias con las leyes y los reglamentos aplicables, así como los funcionarios responsables de ejecutar dichas gestiones inherentes a sus puestos; investigar los aspectos concernientes a los servicios que se brindan y reciben los veteranos y que repercuten en el disfrute de su derecho a recibir los servicios que le garantice una mejor calidad de vida; cualquier otro asunto que afecte la seguridad pública y los asuntos de los veteranos en Puerto Rico.
La Resolución del Senado 81 ordena a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico a realizar investigaciones continuas sobre la seguridad pública a nivel estatal y municipal, y sobre los servicios que reciben los veteranos. La medida busca evaluar planes, organización, prestación de servicios de agencias de seguridad pública y civil en emergencias, verificar el cumplimiento de leyes y reglamentos, y examinar los servicios a veteranos para mejorar su calidad de vida. Afecta directamente a la Comisión senatorial designada y, de forma indirecta, a las agencias gubernamentales de seguridad pública, seguridad civil, y a los veteranos.
Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la operación de la Oficina del Procurador del Veterano, con particular atención al manejo y resolución de querellas; disponibilidad de personal y recursos para el manejo efectivo de casos; la accesibilidad a los servicios que ofrece la agencia; así como el cumplimiento con los demás deberes y funciones delegados en la Ley 79-2013, según enmendada; y para otros fines relacionados.
La R. del S. 622 ordena a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado investigar la operación de la Oficina del Procurador del Veterano, en particular sus querellas, personal y recursos, accesibilidad de servicios y cumplimiento de la Ley 79-2013. La Comisión podrá celebrar vistas, citar personas y requerir información y documentos; deberá entregar hallazgos, conclusiones y recomendaciones legislativas dentro de 90 días después de aprobarse la resolución. No enmienda la Ley 79-2013, no ordena contratar personal ni asigna fondos; la Exposición de Motivos afirma que la Oficina informó tener 13 empleados y dos contratistas para sus necesidades legales.
Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 260, que ordena a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la población de veteranos que reside actualmente en Puerto Rico, así como las necesidades que enfrenta, con el fin de fundamentar la formulación de políticas públicas dirigidas a su bienestar.
Esta medida, la Resolución del Senado 471, enmienda la Sección 3 de la Resolución del Senado 260. La enmienda establece un nuevo plazo para que la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico presente un informe sobre la población de veteranos y sus necesidades. El informe debe ser entregado al Senado antes de finalizar la Tercera Sesión Ordinaria de la Vigésima Asamblea Legislativa (es decir, antes del 30 de junio de 2026).
Para ordenar a la Comisión de Asuntos Federales y Veteranos de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre todo asunto concerniente a las agencias o entidades federales o internacionales para el establecimiento de programas o proyectos en la Isla a los veteranos y veteranas; los derechos que le corresponden por ley a los veteranos y veteranas, incluyendo pero sin limitarse a, todo lo concerniente al empleo, la educación, el trabajo, la salud y la vivienda; a los esfuerzos gubernamentales o cívicos dirigidos a atacar aquellos problemas que afectan a los veteranos y veteranas y sobre la Oficina del Procurador del Veterano.
La Resolución de la Cámara 107 ordena a la Comisión de Asuntos Federales y Veteranos de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva. Esta investigación abarcará programas y proyectos federales o internacionales para veteranos en la Isla, sus derechos legales (empleo, educación, salud, vivienda), los esfuerzos gubernamentales y cívicos para abordar sus problemas, y la Oficina del Procurador del Veterano. La Comisión deberá rendir informes parciales y uno final antes de que concluya la Vigésima Asamblea Legislativa.
Para establecer la “Ley para la Educación, Prevención y Atención Integral del Trastorno de Estrés Postraumático (PTSD) en la Población Veterana de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.
La medida establece la 'Ley para la Educación, Prevención y Atención Integral del Trastorno de Estrés Postraumático (PTSD) en la Población Veterana de Puerto Rico'. Crea un Programa de Coordinación adscrito al Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, con un Director y una Junta de Directores de 15 miembros. Establece un Registro Estatal voluntario y confidencial para veteranos con PTSD. Autoriza una asignación inicial de $1,000,000 del Fondo General para su implementación y dispone para la creación de campañas educativas, capacitación de profesionales y servicios de apoyo psicosocial, laboral y de vivienda. Afecta directamente a veteranos residentes en Puerto Rico, sus familias, profesionales de la salud, personal de primera respuesta y agencias gubernamentales relacionadas.
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