Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 260, que ordena a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la población de veteranos que reside actualmente en Puerto Rico, así como las necesidades que enfrenta, con el fin de fundamentar la formulación de políticas públicas dirigidas a su bienestar.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, realizar investigaciones continuas sobre los aspectos concernientes a la seguridad pública de Puerto Rico, tanto a nivel estatal, como municipal que repercuten sobre el cumplimiento a cabalidad del derecho ciudadano al libre disfrute de la vida y la propiedad; evaluar los planes, programación, obra pública, organización y la prestación de los servicios ordenados a las agencias gubernamentales de seguridad pública y la seguridad civil en casos de emergencia; verificar el cumplimiento de dichas agencias con las leyes y los reglamentos aplicables, así como los funcionarios responsables de ejecutar dichas gestiones inherentes a sus puestos; investigar los aspectos concernientes a los servicios que se brindan y reciben los veteranos y que repercuten en el disfrute de su derecho a recibir los servicios que le garantice una mejor calidad de vida; cualquier otro asunto que afecte la seguridad pública y los asuntos de los veteranos en Puerto Rico.

La Resolución del Senado 81 ordena a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico a realizar investigaciones continuas sobre la seguridad pública a nivel estatal y municipal, la prestación de servicios por agencias de seguridad pública y civil, y los servicios dirigidos a veteranos. Su propósito es evaluar la eficacia de planes, organizaciones y cumplimiento de leyes, así como la calidad de vida de los veteranos. Afecta directamente a la comisión senatorial y de forma indirecta a todas las agencias de seguridad pública y civil, y a los veteranos.

Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 164, que ordena a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre los protocolos de respuesta interagencial ante emergencias, con relación a los hechos ocurridos el 28 de abril de 2025 en el sector Los Navarro del Barrio Caimito en el Municipio de San Juan, en los que un ciudadano perdió la vida, a fin de identificar deficiencias en los procesos actuales, establecer responsabilidades, y recomendar enmiendas a reglamentos, protocolos o legislación necesaria para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

Esta medida, la Resolución del Senado 371, enmienda la Sección 3 de la Resolución del Senado 164. Su propósito es ordenar formalmente a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico que realice una investigación exhaustiva. Esta investigación se centrará en los protocolos de respuesta interagencial ante emergencias, específicamente en relación con un incidente ocurrido el 28 de abril de 2025 en San Juan donde falleció un ciudadano. Los objetivos son identificar fallas, determinar responsabilidades y proponer cambios legislativos o reglamentarios para prevenir futuras tragedias.

Para ordenar a la Comisión de Asuntos Federales y Veteranos de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la implementación y ejecución de las disposiciones de la Ley Núm. 203-2007, conocida como “Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”, mediante la cual se concede derechos y beneficios a favor de los veteranos; con el fin de formular las recomendaciones legislativas y administrativas necesarias para garantizar su efectivo cumplimiento; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución ordena a la Comisión de Asuntos Federales y Veteranos de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre cómo se están implementando y ejecutando los derechos y beneficios establecidos para los veteranos en la Ley Núm. 203 de 2007. El objetivo es identificar deficiencias y proponer recomendaciones legislativas y administrativas para asegurar el cumplimiento efectivo de dicha ley. La investigación puede incluir citaciones a personas, entidades gubernamentales y privadas, y debe presentar un informe final dentro de 180 días.