Para ordenar a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales que lleve a cabo una investigación sobre el estado e implementación por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de los programas de arrecifes artificiales viabilizados a través de la la Ley 122-2020, la cual enmendó la Ley 147-1999, mejor conocida como la “Ley para la Protección, Conservación y Manejo de los Arrecifes de Coral en Puerto Rico”. Estas enmiendas se aprobaron con el propósito de viabilizar el uso de los arrecifes de coral artificiales, como alternativa para mitigar los efectos del aumento del nivel del mar en nuestra zona marino-costera y maximizar la utilización de fondos asignados por el gobierno federal para estos asuntos. Ante la situación crítica que siguen experimentando nuestras costas, se hace imperativo evaluar la efectividad de estos proyectos de arrecifes artificiales, la disponibilidad de fondos federales para los mismos y la posibilidad de fomentar su implementación a mayor escala.
Qué propone
La Resolución del Senado 33 (RS 33) ordenaba a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el estado y la implementación de los programas de arrecifes artificiales por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). El propósito declarado era evaluar la efectividad de estos proyectos, la disponibilidad de fondos federales y la posibilidad de su expansión, en el contexto de la mitigación del aumento del nivel del mar y la erosión costera, amparándose en la Ley 122-2020 que enmendó la Ley 147-1999.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se inscribe en el debate histórico sobre la protección de las costas y la adaptación al cambio climático, como se evidencia en la Ley 33-2019 que busca mitigar la erosión costera. La investigación sobre arrecifes artificiales es una estrategia para enfrentar el retroceso de la línea de costa, un problema que ha generado políticas urgentes de adaptación.
En qué va
La Resolución del Senado 33 fue el 3 de febrero de 2025 y referida a comisión. El 19 de mayo de 2026, la Comisión de Asuntos Internos del Senado emitió un , no recomendando su aprobación, por considerarla innecesaria y redundante ante otras medidas y resoluciones ya en curso o aprobadas.
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Última acción · 19 de mayo de 2026
Comisión no recomienda aprobación de la medida
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 264, que ordena a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva en torno a la asignación de 36.3 millones de dólares de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) al Municipio de Arecibo para la construcción de dos rompeolas en la zona costera de la Avenida Atlántico, evaluar el estado de ejecución del proyecto y las gestiones municipales para asegurar la utilización efectiva de los recursos antes de su fecha de expiración; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 330 enmienda la Sección 3 de la Resolución del Senado 264 para extender el plazo de entrega de un informe de investigación. La Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado deberá ahora someter su informe sobre la asignación de $36.3 millones de FEMA para rompeolas en Arecibo, el estado de ejecución del proyecto y las gestiones municipales, a más tardar el 31 de octubre de 2025. Esto afecta directamente al Municipio de Arecibo y a la Comisión del Senado encargada de la investigación.
Para ordenar a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes realizar una investigación sobre la capacidad, falta de recursos, retos y oportunidad con los que cuenta el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA) en cuanto a la crisis de erosión costera, restauración de arrecifes y sobre el uso de tecnología de impresión 3D para lidiar con el serio asunto del blanqueamiento de los corales en las costas de la Isla; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 485 ordena a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes que investigue la capacidad, los recursos, los retos y las oportunidades del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en relación con la erosión costera, la restauración de arrecifes y el uso de tecnología de impresión 3D para abordar el blanqueamiento de corales. La Comisión deberá presentar informes parciales y uno final con hallazgos, conclusiones y recomendaciones durante el término de la actual Asamblea Legislativa (2025-2028). Afecta directamente al DRNA, que será objeto de la investigación, y a otras agencias y municipios que puedan ser requeridos a proveer información.
Para ordenar a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre los protocolos y medidas de seguridad implementados en los Sistemas de Relleno Sanitario (vertederos) activos y en desuso, a fin de evaluar su capacidad de respuesta ante incendios, su cumplimiento con las normas ambientales aplicables y la efectividad de sus planes de manejo y emergencia; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 335 ordena a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre los protocolos y medidas de seguridad en vertederos activos y en desuso. El objetivo es evaluar su capacidad de respuesta ante incendios, cumplimiento normativo ambiental y efectividad de planes de manejo y emergencia. La Comisión deberá rendir un informe con hallazgos y recomendaciones en un plazo de 180 días tras la aprobación de la medida.
Para ordenar a las Comisiones de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales; y de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre las denuncias de corte de mangles, relleno, construcción e instalación de estructuras en terrenos protegidos de la Reserva Natural La Parguera en Lajas y áreas aledañas; así como en cualquier otra región de Puerto Rico donde se denuncie actos que atenten contra los recursos naturales en la zona marítimo terrestre y derechos de la ciudadanía sobre bienes de dominio público; y los efectos de las estructuras situadas en los bienes de dominio público.
La Resolución del Senado 25 ordena a las Comisiones de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales; y de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva. Esta investigación se centrará en denuncias de corte de mangles, relleno, construcción e instalación de estructuras en terrenos protegidos de la Reserva Natural La Parguera en Lajas y áreas aledañas, así como en otras regiones de Puerto Rico donde se atente contra recursos naturales en la zona marítimo terrestre y bienes de dominio público. La medida también busca evaluar los efectos de estructuras existentes en bienes de dominio público.
Para ordenar a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva en torno a la asignación de 36.3 millones de dólares de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) al Municipio de Arecibo para la construcción de dos rompeolas en la zona costera de la Avenida Atlántico, evaluar el estado de ejecución del proyecto y las gestiones municipales para asegurar la utilización efectiva de los recursos antes de su fecha de expiración; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 264 ordena a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado a realizar una investigación sobre la asignación de $36.3 millones de FEMA al Municipio de Arecibo para la construcción de dos rompeolas en la Avenida Atlántico. La investigación debe evaluar el estado de ejecución del proyecto, la planificación, diseño, permisos, contratación y las gestiones municipales para asegurar la utilización efectiva de los fondos antes de su fecha de expiración, fijada en octubre de 2025. La Comisión deberá presentar un informe con hallazgos y recomendaciones al Senado antes del 31 de octubre de 2025.
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