Para ordenar a la Comisión de Turismo y Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación sobre proyectos de mitigación de erosión costera a realizarse por la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, comúnmente conocida como COR3, o cualquier otra entidad del Gobierno de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 264, que ordena a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva en torno a la asignación de 36.3 millones de dólares de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) al Municipio de Arecibo para la construcción de dos rompeolas en la zona costera de la Avenida Atlántico, evaluar el estado de ejecución del proyecto y las gestiones municipales para asegurar la utilización efectiva de los recursos antes de su fecha de expiración; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución enmienda la Sección 3 de la Resolución del Senado 264, que ordenó a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado a investigar la asignación de $36.3 millones de FEMA para rompeolas en Arecibo. La enmienda principal reduce el plazo para que la Comisión someta su informe de hallazgos y recomendaciones del 31 de octubre de 2025 al 10 de octubre de 2025. Esto afecta directamente a la Comisión del Senado y al Municipio de Arecibo, al imponer un plazo de entrega de informe extremadamente ajustado, un día después de su aprobación.

Para ordenar a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales que lleve a cabo una investigación sobre el estado e implementación por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de los programas de arrecifes artificiales viabilizados a través de la la Ley 122-2020, la cual enmendó la Ley 147-1999, mejor conocida como la “Ley para la Protección, Conservación y Manejo de los Arrecifes de Coral en Puerto Rico”. Estas enmiendas se aprobaron con el propósito de viabilizar el uso de los arrecifes de coral artificiales, como alternativa para mitigar los efectos del aumento del nivel del mar en nuestra zona marino-costera y maximizar la utilización de fondos asignados por el gobierno federal para estos asuntos. Ante la situación crítica que siguen experimentando nuestras costas, se hace imperativo evaluar la efectividad de estos proyectos de arrecifes artificiales, la disponibilidad de fondos federales para los mismos y la posibilidad de fomentar su implementación a mayor escala.

La Resolución del Senado 33 ordena a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado realizar una investigación sobre el estado y la implementación de los programas de arrecifes artificiales. Estos programas se basan en la Ley 122-2020, que enmendó la Ley 147-1999 para proteger corales. El propósito es evaluar la efectividad de estos proyectos, la disponibilidad de fondos federales y la posibilidad de expandirlos, ante la crítica situación de las costas.

“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 264, que ordena a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva en torno a la asignación de 36.3 millones de dólares de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) al Municipio de Arecibo para la construcción de dos rompeolas en la zona costera de la Avenida Atlántico, evaluar el estado de ejecución del proyecto y las gestiones municipales para asegurar la utilización efectiva de los recursos antes de su fecha de expiración; y para otros fines relacionados.”

Esta Resolución enmienda la Sección 3 de la Resolución del Senado 264 para ordenar a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre la asignación de $36.3 millones de FEMA al Municipio de Arecibo para la construcción de dos rompeolas en la Avenida Atlántico. La investigación debe evaluar el estado de ejecución del proyecto y las gestiones municipales para asegurar el uso efectivo de los fondos antes de su fecha de expiración. La Comisión deberá presentar un informe con hallazgos y recomendaciones al Senado para el 31 de octubre de 2025.