Para ordenar a las Comisiones de Educación, Arte y Cultura; y de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación exhaustiva sobre los protocolos internos, manuales de procedimiento y medidas de intervención adoptadas por las instituciones de enseñanza privada para atender situaciones de maltratos, ausentismo crónico y condiciones de salud e higiene de los estudiantes en sus instituciones; sobre la implementación de protocolos de detección temprana y preventiva de posibles situaciones de maltrato; evaluar el manejo de casos donde se identifiquen patrones de conducta del menor o de su entorno familiar que comprometan su integridad física, emocional o su aprovechamiento académico dentro del marco de la educación privada; asegurar el cumplimento con las leyes de protección al menor aplicables al sector no gubernamental; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a las comisiones de Educación, Arte y Cultura; y Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre el establecimiento, implementación y manejo de los protocolos de seguridad por parte del Departamento de Educación de Puerto Rico en las escuelas públicas de la Isla, al amparo de la Ley Núm. 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”.

Esta medida, una Resolución del Senado (RS) 390, ordena a las Comisiones de Educación, Arte y Cultura; y Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico a llevar a cabo una investigación exhaustiva. El propósito es examinar cómo el Departamento de Educación ha establecido, implementado y manejado los protocolos de seguridad en las escuelas públicas de la Isla, bajo el marco de la Ley Núm. 85-2018. Afecta directamente al Departamento de Educación y a las comisiones legislativas designadas.

Para ordenar al Departamento de Educación de Puerto Rico a investigar, validar y rendir un informe detallado sobre la implementación y efectividad de sus protocolos, políticas y procedimientos para la atención, identificación, notificación, manejo y seguimiento de sospechas de maltrato, maltrato institucional, negligencia y negligencia institucional de menores en el sistema escolar público, conforme a las disposiciones de la Ley 57-2023; para otros fines relacionados.

Esta resolución ordena al Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) a realizar una investigación exhaustiva y emitir un informe detallado sobre la implementación y efectividad de sus protocolos actuales para la detección, atención, notificación, manejo y seguimiento de casos de sospechas de maltrato, maltrato institucional, negligencia y negligencia institucional de menores dentro del sistema escolar público. La investigación debe basarse en las obligaciones establecidas por la Ley Núm. 57 de 2023. Afecta directamente al DEPR, su personal escolar y, por extensión, a los estudiantes del sistema público.

Para ordenar a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el manejo de los protocolos de intervención, procedimientos y medidas adoptadas por el Departamento de Educación para atender y reportar situaciones de maltrato, como cualquier otra situación referida que constituya o represente un riesgo para la salud física o emocional de los estudiantes o en su aprovechamiento académico; así como los recursos humanos y fiscales asignados y dirigidos a estos fines; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución ordena a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva. Dicha investigación se centrará en cómo el Departamento de Educación maneja los protocolos, procedimientos y medidas para atender y reportar situaciones de maltrato o cualquier riesgo para la salud física, emocional o el aprovechamiento académico de los estudiantes. También se examinarán los recursos humanos y fiscales asignados a estos fines. La medida afecta directamente al Departamento de Educación, a sus empleados (especialmente trabajadores sociales y psicólogos escolares), a los estudiantes y a la Comisión de Educación de la Cámara.