Para establecer la “Ley para la Resiliencia de la Infraestructura Eléctrica y la Seguridad Pública mediante el Manejo Integrado de Vegetación”, a los fines de crear un marco normativo uniforme y técnicamente sólido para la gestión de vegetación en las servidumbres eléctricas de Puerto Rico; establecer la métrica de distancia de despeje como el estándar primario para la poda utilitaria; simplificar los procedimientos de permisos y notificación; fortalecer las salvaguardas ambientales mediante un programa de reforestación compensatoria; clarificar la jurisdicción y preempción del Estado en esta materia; y para otros fines relacionados

Para establecer la “Ley para Uniformar la Siembra y Reforestación de Árboles en las Servidumbres y en las áreas adyacentes a estas, y a la infraestructura del Gobierno de Puerto Rico”; disponer política pública general, respecto a los “arboles protegidos” y la reforestación; establecer el alcance e interpretación con otras leyes y reglamentos; disponer sobre la prospectividad de esta ley; establecer normativas y guías; establecer deberes y responsabilidades de toda agencia, instrumentalidad y dependencia gubernamental, municipios, corporaciones públicas o entidades bajo un contrato de alianzas público privadas participativas que tengan el control directo de la servidumbre o de la infraestructura que se trate y de personas naturales o jurídicas privadas respecto a esta ley; disponer sobre el procedimiento ordinario y el procedimiento expedito para estas actividades; establecer el Permiso por Certificación; disponer la designación, rol y responsabilidades de los profesionales facultados para emitir tales permisos; establecer la creación y fiscalización de los Planes de Conservación de Servidumbre e Infraestructura y los Programas de Subvenciones; disponer respecto a la Campaña Educativa; establecer sanciones y penalidades; establecer respecto a exclusiones a esta ley y otras aclaraciones; y para enmendar el Artículo 9-01 de la Ley Núm. 54 de 30 de mayo de 1973, según enmendada; y para enmendar el Artículo 4 de la Ley 213-1999, según enmendada; a fin de establecer la normativa respecto a la siembra, corte, poda, desganche, remoción, trasplante y reforestación de árboles en las servidumbres aéreas o soterradas, de las vías públicas y en las áreas adyacentes a estas, y a la infraestructura del Gobierno de Puerto Rico, entre otras cosas.

Esta medida legislativa crea la Ley para Uniformar la Siembra y Reforestación de Árboles en las Servidumbres y áreas adyacentes a infraestructura gubernamental. Establece normativas y guías detalladas sobre distancias, tipos de vegetación permitida y prohibiciones para la siembra de árboles en y cerca de servidumbres (eléctricas, telefónicas, de acueductos, vías públicas, etc.). Introduce un procedimiento expedito de 'Permiso por Certificación' a cargo de profesionales facultados y enmienda leyes existentes para alinear la normativa, afectando a agencias gubernamentales, municipios, corporaciones públicas, contratistas y propietarios privados.

Para crear la “Ley de protección de tierras agrícolas, bosques y áreas naturales protegidas”; establecer la política pública y prohibición para la protección y conservación de estas áreas; establecer la responsabilidad de la Oficina de Gerencia y Permisos, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y a la Junta de Planificación de Puerto Rico para instrumentar reglamentos y procedimientos que protejan las tierras agrícolas, bosques y áreas naturales protegidas; y para decretar otras disposiciones complementarias.

Esta medida legislativa crea la "Ley de protección de tierras agrícolas, bosques y áreas naturales protegidas". Establece como política pública la protección de estas áreas frente a la crisis climática y la construcción de proyectos energéticos. Prohíbe explícitamente el uso de tierras agrícolas (catalogadas como SERP-A o AP) y de bosques o áreas naturales protegidas (identificadas por el DRNA, Junta de Planificación o ley) para el desarrollo de proyectos fotovoltaicos, eólicos o de otra tecnología energética que menoscaben su potencial bioproductivo. La Oficina de Gerencia de Permisos deberá hacer cumplir esta ley en la evaluación de permisos, mientras que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Junta de Planificación (JP) tendrán la responsabilidad de desarrollar los reglamentos y procedimientos necesarios para su instrumentación. Las disposiciones de esta ley prevalecerán sobre otras leyes o reglamentos en conflicto.

Para enmendar el Artículo 1.6 de la Ley 17-2019, conocida como “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”, y los Artículos 2.3 y 2.13 de la Ley Núm. 82-2010, según enmendada, conocida como “Ley de Política Pública de Diversificación Energética por Medio de Energía Renovable Sostenible y Alterna en Puerto Rico”, con el fin de restablecer el estado de derecho sobre la quema de carbón como fuente para la generación de energía en Puerto Rico; y otros fines relacionados.

Esta medida legislativa propone enmendar la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico (Ley 17-2019) y la Ley de Política Pública de Diversificación Energética (Ley 82-2010). Busca restablecer el uso del carbón como fuente de generación de energía, adelantando la fecha límite para su eliminación del 31 de diciembre de 2032 al 1 de enero de 2028, y modificando las metas de energía renovable para 2030 y 2040. Afecta directamente a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) o su sucesora, a los proveedores de energía al detal, y a la ciudadanía en términos de costos y calidad del aire.

Para crear la “Ley de Mitigación Natural para las Costas”, y ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a establecer en su reglamentación el uso en la zona costanera de estructuras de mitigación basadas en la naturaleza, costas vivas y alternativas de mitigación blandas como primera alternativa de mitigación para adaptar y proteger infraestructuras en riesgo o afectadas por erosión costera, inundaciones, entre otros eventos.

La medida crea la “Ley de Mitigación Natural para las Costas” y ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a establecer mediante reglamentación el uso prioritario de estructuras de mitigación basadas en la naturaleza (costas vivas, mitigación blanda) en la zona costanera. Esto aplica a proyectos que buscan adaptar y proteger infraestructuras contra erosión, inundaciones y otros eventos climáticos, estableciendo un orden de preferencia: primero mitigación natural, luego híbrida y finalmente dura como última opción.

Para crear la “Ley de Mitigación Natural para las Costas”, y ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales establecer en su reglamentación el uso en la zona costanera de estructuras de mitigación basadas en la naturaleza, costas vivas y alternativas de mitigación blandas como primera alternativa de mitigación para adaptar y proteger infraestructuras en riesgo o afectadas por erosión costera e inundaciones, entre otros eventos.

La medida crea la Ley de Mitigación Natural para las Costas. Ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a establecer mediante reglamentación que el uso de estructuras de mitigación basadas en la naturaleza, costas vivas y alternativas blandas sea la primera opción para proteger infraestructuras costeras contra erosión e inundaciones. Esto aplica a proyectos de mitigación climática en la zona costanera de Puerto Rico.