PC 1202

Para crear el“Código Anticorrupción y Ética de Puerto Rico de 2025”; establecer la normas éticas para contratistas, suplidores ysolicitantes de incentivos económicos del Gobierno; enmendar los Artículos 191 y 280, añadir un nuevo Artículo250 derogar los actuales Artículos 250 al 267 y reenumerar los Artículos 268 al 309 como los Artículos 251 al 292 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”; derogar la Ley 2-2018, según enmendada, conocida como “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”; derogar la Ley 99 de 5 de mayo de 1941, según enmendada; y para otros fines

Medida·Cámara·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

🤖 Resumen en lenguaje sencillo▾

Qué propone

La medida propone crear el “Código Anticorrupción y Ética de Puerto Rico de 2025”, el cual busca establecer normas éticas para contratistas, suplidores y solicitantes de incentivos económicos del Gobierno. Además, el Código Penal (Ley 146-2012) para modificar artículos relacionados con corrupción, la Ley 2-2018 (“Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”) y la Ley 99 de 1941. El objetivo es centralizar y actualizar la legislación sobre ética y anticorrupción, enfocándose en un enfoque "económicamente punitivo" para desincentivar la codicia y promover la transparencia y la sana administración pública.

Pros

•Centraliza y actualiza la legislación anticorrupción y de ética en un solo cuerpo legal, facilitando su comprensión y aplicación.
•Establece normas éticas específicas para contratistas, suplidores y solicitantes de incentivos económicos, ampliando el escrutinio más allá de los servidores públicos.
•Propone un enfoque "económicamente punitivo" que busca dejar a los infractores en una peor situación financiera, como mecanismo disuasorio adicional a las penas tradicionales.
•Busca devolver la confianza ciudadana en el Gobierno mediante la promoción de la transparencia, la sana administración y el servicio público genuino.

Contras

•La efectividad del enfoque "económicamente punitivo" dependerá de la robustez de los mecanismos de cobro y la capacidad de las agencias para identificar y recuperar activos, lo cual podría presentar desafíos administrativos y de ejecución.
•La medida la Ley 2-2018, un código anticorrupción previo, sin detallar en el texto analizado si todas las disposiciones preventivas y punitivas de esa ley han sido integralmente reemplazadas o mejoradas, lo que podría generar vacíos temporales o de contenido.
•Si bien se mencionan disposiciones para proteger a testigos y denunciantes, el texto analizado no detalla la implementación específica ni los recursos asignados para garantizar su seguridad y confidencialidad, lo cual es crucial para su efectividad.

Intereses en juego

Beneficia a:: Ciudadanos y el Estado al buscar una administración pública más transparente e íntegra, y potencialmente contratistas y suplidores que operen bajo normas claras y justas.
Preocupa a:: Individuos o entidades que actualmente incurren en actos de corrupción o que podrían verse afectados negativamente por las nuevas y más estrictas normas económicas y éticas, así como aquellos que podrían enfrentar dificultades en la interpretación o cumplimiento de las nuevas disposiciones.
Quién paga o decide:: El costo de nómina y operación de la Oficina Anticorrupción e Integridad Pública (si es una entidad nueva o reestructurada) sería financiado por fondos públicos. La implementación final y la interpretación de las normas recaerán en las agencias del Poder Ejecutivo y, en última instancia, en la judicatura.

📜 Perspectiva histórica

Esta medida se inscribe en la larga historia de intentos por combatir la corrupción en Puerto Rico, un problema que ha afectado a administraciones de ambos partidos mayoritarios, como evidencian los casos de Pedro Rosselló, Aníbal Acevedo Vilá, Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez. La propuesta de un nuevo Código Anticorrupción y Ética busca centralizar y actualizar la legislación, reflejando la necesidad recurrente de fortalecer los mecanismos internos ante la percepción de que la intervención federal se ha convertido en el principal recurso ciudadano.

En qué va

La medida, P. de la C. 1202, fue el 26 de marzo de 2025 y apareció en Primera Lectura de la Cámara el 7 de abril de 2025, siendo referida a la Comisión de lo Jurídico.

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