Para enmendar el inciso (e) del Artículo 6.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, según enmendado a su vez por la Ley 82-2026, a los fines de aclarar que la imposición del monto de la fianza para la paralización de obras en suelo rústico será discrecional del Tribunal de Primera Instancia hasta un máximo del diez (10) por ciento del valor del proyecto propuesto; establecer los criterios que el Tribunal de Primera Instancia deberá tomar en consideración al fijar el monto de la fianza, a saber: los recursos económicos de la parte peticionaria, la naturaleza de los daños que se alegan, si existe un riesgo para la comunidad y los efectos económicos que tendría la paralización de la obra para la parte que sufriría la paralización; aclarar que el requisito de fianza dispuesto en dicho inciso aplicará únicamente a la paralización de obras en suelo rústico; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 6.026 de la Ley 107-2020, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de disponer que los municipios, la Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos, la Autoridad de Carreteras y Transportación, y las demás agencias públicas concernidas, destinen no menos del noventa (90%) por ciento del cobro de exacción por impacto para ser utilizado, específicamente, en mejoras, servicios, conservación y mantenimiento de las facilidades públicas que se afecten por el desarrollo al cual se le impone dicho cargo; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda el Artículo 6.026 de la Ley 107-2020 (Código Municipal) para exigir que los municipios, la Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos, la Autoridad de Carreteras y Transportación, y otras agencias públicas destinen al menos el noventa por ciento (90%) de los fondos recaudados por concepto de exacciones por impacto. Estos fondos deben ser utilizados específicamente para mejoras, servicios, conservación y mantenimiento de las facilidades públicas afectadas por el desarrollo que generó el cargo. La Junta de Planificación tendrá 60 días para enmendar su reglamento y la Autoridad de Carreteras y Transportación también deberá ajustar su reglamento en el mismo plazo.

Para enmendar el Articulo 14.1 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico", a los fines de establecer que cualquier persona, ya sea natural o jurídica, para presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria u otro recurso adecuado, deberá alegar de manera específica que posee un interés propietario o personal sujeto a un daño inminente, que dicho daño puede vincularse razonablemente a la conducta de la parte promovida y que el daño sufrido en el interés propietario o personal es susceptible de reparación mediante el remedio solicitado; añadir al inciso (1) de dicho Artículo que cuando se solicite la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa, haya sido con la intención de inducir a error al ente que emite el permiso, y que en cualquiera de los casos, ya sea por la información incorrecta o falsa, de haberse considerado todos los factores reales, no lo hubiera aprobado; enmendar el Artículo 6.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", a los fines de armonizar las disposiciones sobre ordenación territorial y desarrollo de terrenos; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 (Ley de Permisos) para exigir que cualquier persona natural o jurídica que presente una acción legal (como injunction o mandamus) deba alegar específicamente un interés propietario o personal sujeto a daño inminente, razonablemente vinculado a la conducta del demandado y reparable por el remedio solicitado. También modifica el Artículo 6.007 del Código Municipal para armonizar disposiciones sobre ordenación territorial, clarificando criterios para el uso de suelo rústico especialmente protegido, permitiendo su desarrollo bajo ciertas condiciones como proyectos estratégicos (incluyendo los PROMESA) o justificaciones técnicas/ambientales. Afecta directamente a ciudadanos y entidades que buscan impugnar permisos o usos, y a la planificación territorial municipal.

Para enmendar el inciso h del Artículo 1.008 de la Ley Núm. 107 de 13 de agosto de 2020, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de aclarar que los bienes inmuebles pertenecientes al Departamento de la Vivienda no podrán ser declarados estorbo público ni ser expropiados por los municipios, y para otros fines relacionados.

La medida enmienda el inciso (h) del Artículo 1.008 de la Ley Núm. 107 de 2020 (Código Municipal de Puerto Rico). Su propósito principal es clarificar que los municipios no tienen la facultad de declarar como estorbo público ni expropiar bienes inmuebles que pertenezcan al Departamento de la Vivienda. Esto aplica a todos los municipios de Puerto Rico.