Para enmendar el Artículo 6.026 de la Ley 107-2020, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de disponer que los municipios, la Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos, la Autoridad de Carreteras y Transportación, y las demás agencias públicas concernidas, destinen no menos del noventa (90%) por ciento del cobro de exacción por impacto para ser utilizado, específicamente, en mejoras, servicios, conservación y mantenimiento de las facilidades públicas que se afecten por el desarrollo al cual se le impone dicho cargo; y para otros fines relacionados.

Intereses en juego

Beneficia a:

Los municipios y agencias públicas se benefician al tener una directriz clara sobre el uso de las exacciones, pero principalmente, la ciudadanía y las comunidades afectadas por desarrollos se benefician al ver que los fondos recaudados por el impacto de dichos desarrollos se invierten en la mejora de su infraestructura y servicios públicos.

Preocupa a:

Las agencias y municipios podrían enfrentar desafíos administrativos o de interpretación al aplicar la norma, y existe la preocupación de que la falta de mecanismos de fiscalización robustos pueda permitir que los fondos no se utilicen de manera óptima o directa en las afectaciones previstas.

Quién paga o decide:

Los desarrolladores pagan las exacciones por impacto. La implementación y decisión sobre la asignación específica de los fondos (dentro del 90% obligatorio) recae en los municipios y las agencias públicas concernidas (Junta de Planificación, OGP, ACT, etc.), quienes deberán atemperar sus reglamentos y ordenanzas.