Qué propone
Este Proyecto de Cámara (PC 1309) la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico para automatizar la cancelación de Compañías de Responsabilidad Limitada (CRLD) que incumplan el pago de sus derechos anuales por dos (2) años consecutivos. Tras ese periodo, el Secretario de Estado notificará al agente residente y publicará un aviso. Se otorgará un plazo de gracia de seis (6) meses para pagar los atrasos más una multa única ($500, o $250 si se certifica cero actividad económica ante SURI) o para una disolución voluntaria simplificada. Si no se cumple, el certificado de organización se cancelará automáticamente, cesando la CRLD su capacidad para operar negocios.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
Este Proyecto de Cámara fue presentado el 10 de junio de 2026 y referido a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes para su análisis y posible aprobación.
Generado por IA · puede contener errores y los argumentos a favor/en contra son posibles puntos de debate, no una postura oficial. Verifica con el texto oficial.
Última acción · 11 de junio de 2026
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto, encontradas por significado (no solo por palabras).
Para derogar la Ley Núm. 90 de 21 de junio de 1966, según enmendada, conocida como "Ley de la Compañía de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico", por haberse convertido esta Ley, en una obsoleta e inoficiosa.
Esta medida deroga la Ley Núm. 90 de 21 de junio de 1966, conocida como la "Ley de la Compañía de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico". El propósito declarado es eliminar una ley considerada obsoleta e inoficiosa. La derogación elimina la existencia legal de la Compañía de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico como corporación pública.
Para enmendar la Ley Núm. 164 de 2009, según enmendada, conocida como “Ley General de Corporaciones de Puerto Rico”, a los fines de establecer requisitos de autenticidad, juramentación y fecha cierta para las resoluciones corporativas o administrativas adoptadas por las entidades jurídicas organizadas en Puerto Rico; establecer presunciones legales sobre su validez; y para otros fines relacionados.
La medida enmienda la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico (Ley 164 de 2009) para exigir que todas las resoluciones corporativas o administrativas adoptadas por juntas de directores, accionistas, miembros o cualquier órgano rector de entidades jurídicas en Puerto Rico sean juramentadas ante un abogado-notario. Establece que las resoluciones no juramentadas carecerán de efecto frente a terceros, salvo conocimiento real, y prohíbe a agencias y entidades financieras aceptar resoluciones que no cumplan este requisito. Afecta a todas las corporaciones organizadas en Puerto Rico y a terceros que interactúan con ellas.
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