Para crear la “Ley para el Incentivo Corporativo y Empresarial de Puerto Rico y Amnistía Corporativa”, para la concesión de una Amnistía en las multas, penalidades y cargos por la presentación tardía de Informes Anuales en el Departamento de Estado, para viabilizar la activación de corporaciones inactivadas o canceladas por los pasados diez 10 años, establecer un término de noventa (90) días calendarios para la presentación de informes anuales sin multas, en virtud de esta ley, para disponer los términos, condiciones y procedimientos para esta “Amnistía Corporativa” y para otros fines.

Para enmendar el párrafo (4) del apartado (b) de la Sección 2100.01 del Capítulo 10 y añadir un nuevo apartado (d) a la Sección 2100.01 del Capítulo 10 de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, a los fines de ampliar a cinco (5) años el período de exención que disfrutarán los jóvenes empresarios y aclarar la vigencia de este período; crear como excepción que cuando el negocio nuevo tenga un periodo de creación de dos (2) años o menos se podrá beneficiar de esta Sección por un periodo de tres (3) años, siempre que pueda certificar mediante declaración jurada que advino en conocimiento de estos beneficios posterior al inicio de operaciones de su negocio o empresa; y para otros fines relacionados.

La medida PS 240 enmienda el Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60-2019) para extender el período de exención contributiva para jóvenes empresarios de tres (3) a cinco (5) años desde el inicio de operaciones. También crea una excepción que permite a negocios iniciados hasta dos (2) años antes de solicitar el beneficio acogerse a una exención de tres (3) años, siempre que certifiquen por declaración jurada que conocieron los incentivos tardíamente. Afecta directamente a jóvenes que emprenden negocios en Puerto Rico.

Para establecer la “Ley de Asuntos de la Competencia y Prácticas Comerciales”; establecer la política pública en cuanto todo acto, conducta o contrato relacionado a las prácticas que afecten la competencia comercial en la jurisdicción de Puerto Rico; derogar la Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según enmendada, conocida como “Ley Antimonopolística de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

La medida P. del S. 62 propone establecer la nueva Ley de Asuntos de la Competencia y Prácticas Comerciales, definiendo la política pública sobre actos y contratos que afecten la competencia comercial en Puerto Rico. Sustituye la actual Ley Antimonopolística de Puerto Rico (Ley Núm. 77 de 1964). El texto aprobado por el Senado no detalla mecanismos específicos, cifras, plazos o organismos encargados de su implementación, pero su objetivo es regular prácticas comerciales para fomentar la competencia. Afecta a todas las empresas y consumidores en la jurisdicción de Puerto Rico.

Para enmendar las Secciones 1-A, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18 y 19 del Artículo 1 de la Ley Núm. 73-2008, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos para el Desarrollo Económico de Puerto Rico”; enmendar las Secciones 2, 3, 5, 5-A, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 21 de la Ley Núm. 135-1997, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos Contributivos de 1998”, a los fines de disponer que el Informe de Elegibilidad de la solicitud de incentivo sea rendido por el Director de la Oficina de Incentivos, en lugar del Director Ejecutivo de PRIDCO; eliminar el requisito de endoso del Director Ejecutivo de PRIDCO y de su Junta de Directores sobre la determinación de actividad novedosa pionera, por cuanto el peritaje lo tiene la Oficina de Incentivos del DDEC; y para otros fines relacionados.

Esta medida buscaba enmendar las Leyes Núm. 73-2008 y 135-1997, conocidas como Ley de Incentivos para el Desarrollo Económico y Ley de Incentivos Contributivos, respectivamente. El cambio principal era trasladar la responsabilidad de emitir el Informe de Elegibilidad para solicitudes de incentivos del Director Ejecutivo de PRIDCO al Director de la Oficina de Incentivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). También eliminaba el requisito de endoso del Director Ejecutivo y la Junta de PRIDCO sobre la determinación de actividad novedosa pionera, centralizando esa pericia en la Oficina de Incentivos del DDEC. Afecta directamente a las empresas que buscan o reciben incentivos económicos bajo estas leyes.