Para enmendar el Subcapítulo E de la Ley Núm. 60-2019, según enmendada, conocida como el "Código de Incentivos de Puerto Rico", con el propósito de actualizarla de conformidad a la Ley 121-2019, según enmendada; crear una nueva sección 2025.03 en dicho Subcapítulo E de la Ley 60-2019, con el propósito de uniformar la política pública para el desarrollo empresarial intergeneracional y encomendar al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) la implantación de la política pública establecida por esta ley; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículo 1, 2, 3, 4, 8 y 10 de la Ley 81-2018, conocida como “Ley del Maletín Empresarial para la Mujer”, a los fines de cambiar su título; establecer como política pública el impulso al desarrollo empresarial de la mujer en sectores estratégicos de la economía; crear el “Programa para Impulsar el Desarrollo Empresarial de la Mujer”, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio; ampliar su alcance a las industrias cobijadas bajo la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley 81-2018, conocida como la Ley del Maletín Empresarial para la Mujer, para cambiar su título y establecer como política pública el impulso al desarrollo empresarial de la mujer en sectores económicos estratégicos. Crea el "Programa para Impulsar el Desarrollo Empresarial de la Mujer" adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Amplía el alcance de la ley original para cobijar industrias bajo la Ley 60-2019, el Código de Incentivos de Puerto Rico, buscando así integrar y fortalecer la participación femenina en sectores económicos clave.

Para crear la “Ley para el Incentivo Corporativo y Empresarial de Puerto Rico y Amnistía Corporativa”, para la concesión de una Amnistía en las multas, penalidades y cargos por la presentación tardía de Informes Anuales en el Departamento de Estado, para viabilizar la activación de corporaciones inactivadas o canceladas por los pasados diez 10 años, establecer un término de noventa (90) días calendarios para la presentación de informes anuales sin multas, en virtud de esta ley, para disponer los términos, condiciones y procedimientos para esta “Amnistía Corporativa” y para otros fines.

Esta medida crea la 'Ley para el Incentivo Corporativo y Empresarial de Puerto Rico y Amnistía Corporativa'. Establece un periodo de noventa (90) días para que corporaciones inactivas o canceladas en los últimos diez (10) años puedan presentar sus Informes Anuales ante el Departamento de Estado sin pagar multas, penalidades o cargos acumulados por presentación tardía. Su objetivo es facilitar la reactivación de estas entidades empresariales.

Para enmendar la Sección 2032.01 del Capítulo 2 de la Ley Núm. 60-2019, conocida como el "Código de Incentivos de Puerto Rico", según enmendada, a los fines de añadir un nuevo inciso (f) que cree el Programa de Clusters Médicos como actividad elegible para incentivos; establecer exenciones de hasta el 100% en arbitrios de construcción para proyectos de clusters médicos que incluyan al menos tres consultorios especializados; condicionar dichas exenciones al intercambio estatutario de contratar al menos el 70% de mano de obra local por un término definido de cinco años; requerir fiscalización estricta por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC); promover la descentralización de servicios médicos especializados alrededor de la isla; y para otros fines relacionados.

La medida PS 944 propone enmendar el Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60-2019) para crear el Programa de Clusters Médicos. Este programa haría elegibles a complejos de al menos tres consultorios especializados para exenciones de hasta el 100% en arbitrios de construcción. Dichas exenciones estarían condicionadas a contratar un mínimo del 70% de mano de obra local por cinco años, buscando descentralizar servicios médicos y promover el desarrollo en regiones fuera del área metropolitana de San Juan. El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) sería el ente fiscalizador y regulador.