Para enmendar la Ley Núm. 164 de 2009, según enmendada, conocida como “Ley General de Corporaciones de Puerto Rico”, a los fines de establecer requisitos de autenticidad, juramentación y fecha cierta para las resoluciones corporativas o administrativas adoptadas por las entidades jurídicas organizadas en Puerto Rico; establecer presunciones legales sobre su validez; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley para el Incentivo Corporativo y Empresarial de Puerto Rico y Amnistía Corporativa”, para la concesión de una Amnistía en las multas, penalidades y cargos por la presentación tardía de Informes Anuales en el Departamento de Estado, para viabilizar la activación de corporaciones inactivadas o canceladas por los pasados diez 10 años, establecer un término de noventa (90) días calendarios para la presentación de informes anuales sin multas, en virtud de esta ley, para disponer los términos, condiciones y procedimientos para esta “Amnistía Corporativa” y para otros fines.

Esta medida crea la 'Ley para el Incentivo Corporativo y Empresarial de Puerto Rico y Amnistía Corporativa'. Establece un periodo de noventa (90) días para que corporaciones inactivas o canceladas en los últimos diez (10) años puedan presentar sus Informes Anuales ante el Departamento de Estado sin pagar multas, penalidades o cargos acumulados por presentación tardía. Su objetivo es facilitar la reactivación de estas entidades empresariales.

Para enmendar los artículos 4 y 6, suprimir el Artículo 7, reenumerar los artículos 8, 9, 10 y 11, como los artículos 7, 8, 9 y 10, respectivamente, reenumerar los artículos 12 y 13, como los artículos 11 y 12, respectivamente, y a su vez enmendarlos, y reenumerar los artículos 14, 15, 16, 17 y 18, como los artículos 13, 14, 15, 16 y 17, respectivamente, en la Ley 198-2002, según enmendada, conocida como “Ley Habilitadora del Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico”, a los fines de modificar la composición de su Junta de Directores, en aras de garantizar la adecuada representatividad y pluralidad en la formulación de las políticas públicas del Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico; actualizar las disposiciones de la Ley, conforme al cierre operacional del Banco Gubernamental de Fomento; hacer correcciones técnicas; y para otros fines relacionados.

La medida PS 1220 enmienda la Ley 198-2002, conocida como la Ley Habilitadora del Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (FIDECOOP). Principalmente, modifica la composición de la Junta de Directores de FIDECOOP para reemplazar representantes gubernamentales (como el Director Ejecutivo de PRIDCO y el Administrador de Fomento Comercial) por el Director Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y el Comisionado de la Comisión de Desarrollo Cooperativo. También añade un representante de las Cooperativas de Tipos Diversos. Además, actualiza referencias al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y realiza correcciones técnicas y de reenumeración de artículos. Afecta directamente la estructura de gobernanza de FIDECOOP y la representatividad en su Junta.

Para eliminar los Artículos 222, 223, 224, 225 y 226 de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, con el fin de prescindir del Registro de Personas Jurídicas allí establecido y del requisito de inscripción registral como condición previa para que las corporaciones, compañías, sociedades, sociedades especiales, fundaciones y otras asociaciones de personas de interés particular obtuvieran personalidad jurídica propia y distinta de sus constituyentes; y para otros fines relacionados.

Esta medida propone la eliminación de los Artículos 222 al 226 de la Ley 55-2020, conocida como el Código Civil de Puerto Rico. Con esto, se suprime el Registro de Personas Jurídicas y se elimina el requisito de inscripción registral para que corporaciones, compañías, sociedades, fundaciones y otras asociaciones obtengan personalidad jurídica propia. En la práctica, estas entidades ya no necesitarán registrarse para ser reconocidas legalmente como entidades separadas de sus constituyentes.