Para eliminar los Artículos 222, 223, 224, 225 y 226 de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, con el fin de prescindir del Registro de Personas Jurídicas allí establecido y del requisito de inscripción registral como condición previa para que las corporaciones, compañías, sociedades, sociedades especiales, fundaciones y otras asociaciones de personas de interés particular obtuvieran personalidad jurídica propia y distinta de sus constituyentes; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 21.02, 21.03 y 21.04 de la Ley 164-2009, según enmendada, conocida como la “Ley General de Corporaciones” de Puerto Rico, a los fines de establecer un proceso automático y eficiente de cancelación de Compañías de Responsabilidad Limitada por incumplimiento en el pago de derechos anuales, crear un mecanismo de disolución voluntaria simplificada para entidades inactivas, disuadir el mantenimiento indefinido de entidades abandonadas; y para otros fines relacionados.

Este Proyecto de Cámara (PC 1309) enmienda la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico para automatizar la cancelación de Compañías de Responsabilidad Limitada (CRLD) que incumplan el pago de sus derechos anuales por dos (2) años consecutivos. Tras ese periodo, el Secretario de Estado notificará al agente residente y publicará un aviso. Se otorgará un plazo de gracia de seis (6) meses para pagar los atrasos más una multa única ($500, o $250 si se certifica cero actividad económica ante SURI) o para radicar una disolución voluntaria simplificada. Si no se cumple, el certificado de organización se cancelará automáticamente, cesando la CRLD su capacidad para operar negocios.

Para enmendar la Ley Núm. 164 de 2009, según enmendada, conocida como “Ley General de Corporaciones de Puerto Rico”, a los fines de establecer requisitos de autenticidad, juramentación y fecha cierta para las resoluciones corporativas o administrativas adoptadas por las entidades jurídicas organizadas en Puerto Rico; establecer presunciones legales sobre su validez; y para otros fines relacionados.

La medida enmienda la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico (Ley 164 de 2009) para exigir que todas las resoluciones corporativas o administrativas adoptadas por juntas de directores, accionistas, miembros o cualquier órgano rector de entidades jurídicas en Puerto Rico sean juramentadas ante un abogado-notario. Establece que las resoluciones no juramentadas carecerán de efecto frente a terceros, salvo conocimiento real, y prohíbe a agencias y entidades financieras aceptar resoluciones que no cumplan este requisito. Afecta a todas las corporaciones organizadas en Puerto Rico y a terceros que interactúan con ellas.

Para añadir un nuevo inciso (d) a la Sección 2-102 del Subcapítulo 1 del Capítulo 2 y enmendar el inciso (e) de la Sección 9-109 de la Subparte 2 de la Parte 1 del Capítulo 9 de la Ley 208-1995, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Transacciones Comerciales”, para aclarar que en lo que se refiere a estas transacciones, una vez llevada a cabo la misma, no se afecta lo establecido en el Artículo 1220 del Título VI del Libro Cuarto de la Ley 55-2020, según enmendada, mejor conocida como “‘Código Civil de Puerto Rico’ de 2020”, en cuanto al retracto litigioso; y para otros fines relacionados.

La medida propone enmendar la Ley de Transacciones Comerciales (Ley 208-1995) para añadir un nuevo inciso y modificar otro. Su objetivo es aclarar que las transacciones comerciales cubiertas por dicha ley no afectan el derecho de retracto litigioso establecido en el Artículo 1220 del Código Civil de Puerto Rico (Ley 55-2020). Esto aplica a situaciones donde un crédito es cedido y existe un litigio pendiente sobre la deuda.