Para crear la “Ley para el Sistema de Evacuación de Humo Quirúrgico”, a los fines de proteger a los pacientes y a los trabajadores públicos y privados de la salud, ante los peligros del humo quirúrgico; establecer la política pública que regirá en Puerto Rico, dirigida a garantizar la eliminación del humo quirúrgico, mediante el uso de un sistema de evacuación de humo para cada procedimiento o cualquier procedimiento quirúrgico que probablemente genere el humo quirúrgico; para autorizar la imposición de sanciones y multas; para autorizar y ordenar la creación de la reglamentación y guías necesarias para la debida implantación de la Ley; y para otros fines relacionados.

Contras

• •Las sanciones y multas administrativas establecidas ($150-$350 para sanciones, $250-$3,000 para multas por infracción) pueden ser insuficientes para disuadir el incumplimiento en grandes instituciones de salud, especialmente considerando el costo de adquisición e instalación de los sistemas de evacuación de humo, lo que podría llevar a un cumplimiento nominal en lugar de efectivo.
• •El articulado no especifica los estándares técnicos mínimos (ej. velocidad de captura, tipo de filtro) que deben cumplir los sistemas de evacuación de humo, más allá de la mención genérica en la exposición de motivos sobre recomendaciones de NIOSH, dejando una discrecionalidad amplia en la selección de equipos y potencialmente permitiendo la adquisición de sistemas menos efectivos.
• •Se delega al Departamento de Salud la responsabilidad de identificar y asignar fondos necesarios para la compra e instalación de sistemas en instalaciones públicas (Art. 6(c)), sin detallar el origen de estos fondos ni establecer un mecanismo de asignación presupuestaria claro, lo que podría generar retrasos o la imposibilidad de cumplir en el sector público si no se prioriza adecuadamente.
• •El plazo de noventa (90) días para que el Departamento de Salud enmiende reglamentos o cree nueva normativa (Art. 6(a)) y para que las entidades presenten informes (Art. 5(a)) es muy ajustado, especialmente considerando la complejidad de la reglamentación y la necesidad de que las instituciones adquieran e instalen nuevos equipos, lo que podría dificultar la implementación efectiva y oportuna de la ley.