Para enmendar el Artículo 724 de la Ley Núm. 55-2020, según enmendada, conocida como “Código Civil de Puerto Rico”; y los Artículos 690 y 691 de la Ley Núm. 6 de 1933, según emendada, conocida como “Código de Enjuiciamiento Civil de 1933”, a fin de aclarar la figura de la protección interdictal de la posesión cuando una propiedad inmueble es vendida en pública subasta y el poseedor no fue parte, ni citado en el proceso judicial; armonizar la ley procesal con la ley sustantiva; aclarar la presunción de ineficacia del mandamiento judicial frente al tercero no citado y la naturaleza sumaria del remedio interdictal, en el sentido que no entrará a dirimir cuestiones de titularidad; y especificar que, en el caso de un tercero poseedor no citado en la ejecución de sentencia, el demandante no estará obligado a alegar ni probar que el demandado carece de título o derecho superior, ya que el interdicto posesorio no tiene como finalidad dirimir controversias sobre titularidad, sino únicamente restablecer o preservar la posesión de hecho y para otros fines legales.

Contras

• •El énfasis en la 'posesión de hecho' y la eliminación de la necesidad de que el demandante pruebe la falta de título superior del demandado podría, en la práctica, facilitar la interposición de reclamaciones posesorias por parte de individuos que ocupan una propiedad sin un derecho legítimo, potencialmente retrasando o complicando ejecuciones de sentencia válidas y notificadas a las partes correspondientes.
• •Si bien la medida busca armonizar leyes, la falta de especificación en el articulado sobre los mecanismos de notificación o las pruebas requeridas para establecer la 'posesión de hecho' ante un tribunal podría generar ambigüedad y dar margen a interpretaciones judiciales diversas, afectando la predictibilidad legal.
• •La medida no detalla qué constituye una 'citación' o 'notificación' adecuada para que un poseedor sea considerado parte del proceso original, ni establece un plazo claro para que un tercero poseedor reclame su derecho antes de la ejecución, lo que podría dejar vacíos en la protección contra ocupantes ilegítimos o aquellos que buscan aprovecharse de la venta de propiedades.