Para enmendar las secciones 6.3 y 6.4 de la Ley 8-2017, según enmendada conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de disponer que el tiempo requerido como experiencia y/o años de servicio para ocupar algún puesto o ascenso será contado a partir de la fecha en que la persona haya ejercido las labores, independientemente de que haya adquirido el grado académico posteriormente; excepto en aquellas clases colegiadas o licenciadas en las que se requiera licencia para ejercer la profesión u oficio, en cuyos casos la experiencia será contada a partir de la obtención de la referida licencia; y para otros fines relacionados.
Qué propone
El P. de la C. 1443 propone las secciones 6.3 y 6.4 de la Ley 8-2017 (Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico). El cambio principal es que el tiempo de experiencia o servicio requerido para un puesto o ascenso se contará a partir de la fecha en que se ejercieron las labores, sin importar si el grado académico se obtuvo después. Se exceptúan las profesiones colegiadas o licenciadas, donde la experiencia contará desde la obtención de la licencia. Afecta a servidores públicos que buscan ascender o competir por puestos en el Gobierno de Puerto Rico.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
Esta medida legislativa, P. de la C. 1443, fue el 17 de septiembre de 2026 y referida a la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales el 21 de septiembre de 2026. Fue presentada por el representante Domingo J. Torres García (PPD).
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Última acción · 21 de septiembre de 2026
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para añadir un nuevo inciso (26) y renumera los subsiguientes incisos del Artículo 3; y enmendar la Sección 6.3 del Artículo 6 de la Ley Núm. 8-2017, según enmendada, conocida como la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de permitir que exempleados públicos con diez (10) años o más de servicio continuo o alternado puedan competir en convocatorias internas para puestos de carrera o transitorios, siempre que cumplan con los demás requisitos mínimos del puesto; y para otros fines relacionados.”
El PC 1475 enmienda el Artículo 3 y la Sección 6.3 de la Ley 8-2017. Define como elegible a una persona ciudadana que no trabaje actualmente para el Gobierno de Puerto Rico, haya acumulado al menos diez (10) años de servicio continuo o alternado en agencias cubiertas por esa ley y cumpla con los requisitos de habilitación del servicio público. Mientras exista una situación de crisis fiscal, esas personas podrían competir en igualdad de condiciones con empleados activos en convocatorias internas para puestos de carrera o transitorios, siempre que cumplan los requisitos mínimos del puesto. Si no hay personal cualificado entre los empleados del Gobierno ni entre esos exempleados, se procedería al reclutamiento externo; la medida no garantiza que un exempleado sea seleccionado.
Para enmendar la Sección 4.3 del Artículo 4; la Sección 6.3 y la Sección 6.8 del Artículo 6; derogar el Artículo 13 y reenumerar los artículos 14 al 21 como los artículos 13 al 20, respetivamente, de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico”, de manera que se restituya a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) la facultad de habilitar empleados para el servicio público; y para enmendar la Sección 3 de la Ley Núm. 15 de 14 de abril de 1931, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico”; así como los Artículos 2.044; 2.045; 2.048; 2.060; y 2.062 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de atemperar las citadas disposiciones a la restitución aquí ordenada; y para otros fines relacionados.
La Ley 40-2025 enmienda la Ley 8-2017 para devolver a la OATRH la facultad de habilitar a personas inelegibles para empleos o contratos en el servicio público; el Secretario del Trabajo pierde esa función. También enmienda la Ley Orgánica del Departamento del Trabajo para eliminar la disposición que atribuía esa función al Secretario y modifica cinco artículos del Código Municipal para que la OATRH atienda las solicitudes relacionadas con empleos municipales. Ordena transferir a la OATRH equipo, documentos y materiales, y deroga el Artículo 13 de la Ley 8-2017 y reenumera los artículos posteriores. La solicitud general sigue sujeta al plazo de un año y a las excepciones de la Sección 6.8; la medida no elimina las prohibiciones permanentes que esa sección establece. Entra en vigor 90 días después de su aprobación.
Para enmendar la Sección 6.6 de la Ley Núm. 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la administración y transformación de los recursos humanos del Gobierno de Puerto Rico”, para disponer que todo empleado de carrera podrá renunciar a su puesto libre y voluntariamente mediante notificación escrita a la autoridad nominadora de la agencia con carácter inmediato o efectivo en una fecha futura; disponer que el hecho de que el empleado haya renunciado a su puesto no impedirá que la autoridad nominadora complete o inicie dentro del plazo de diez días de presentada la renuncia, cualquier investigación que considere necesaria relacionada con la conducta del empleado renunciante en la ejecución de su trabajo; disponer que toda agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico deberá aprobar un reglamento para regir los procedimientos administrativos de investigación sobre conducta laboral de empleados renunciantes para los casos en que se considere necesario activar una investigación por entenderse que existe la probabilidad de que el empleado renunciante haya incumplido sus deberes laborales en perjuicio del servicio público; disponer que los procedimientos administrativos honrarán los requerimientos esenciales del debido proceso de ley con respecto al empleado renunciante, asimismo, que luego de completada la correspondiente investigación, la autoridad nominadora notificará sus hallazgos y conclusiones al empleado renunciante y a cualquier agencia a la que en Derecho le corresponda actuar sobre la conducta imputada; y para otros fines relacionados.
Enmienda la Sección 6.6(14) de la Ley 8-2017: elimina la facultad de la autoridad nominadora de rechazar una renuncia para retener al empleado mientras investiga y establece que la renuncia surte efecto tras un preaviso obligatorio de al menos diez días. Permite investigar la conducta laboral después de la renuncia, con un máximo de 30 días para iniciar la pesquisa y 180 días para concluirla, y exige garantías mínimas de debido proceso y referir los hallazgos a los organismos pertinentes. El entirillado también amplía la medida a la Sección 6.8(1): dispone inelegibilidad para empleo o contratación pública y pérdida del derecho a reingreso si se confirma conducta que habría justificado la destitución. Afecta directamente a empleados de carrera que renuncian, a las agencias que investigan y a quienes podrían quedar excluidos de futuros empleos públicos.
Para derogar la Ley Núm. 70 de 20 de junio de 1963, según enmendada, conocida como "Ley del Relevo de la Inhabilidad Establecida por Ley para Ocupar Puestos Públicos a Personas con Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba o Pena Alternativa a la Reclusión"; enmendar los Artículos 6.6 y 6.8 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como "Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico" con el propósito de eliminar la referencia a la Ley Núm. 70 de 20 de junio de 1963, según enmendada, ordenar y facultar la reglamentación necesaria para cumplir con los propósitos de esta Ley; y para otros fines relacionados.
Deroga íntegramente la Ley 70-1963 y también elimina cualquier regla, reglamento, carta circular u otra norma vigente aprobada bajo esa ley. Enmienda la Sección 6.6(13) de la Ley 8-2017 para quitar la referencia a la Ley 70 y remitir al procedimiento de la Sección 6.8 cuando un empleado convicto cumpla sentencia en la libre comunidad. Enmienda la Sección 6.8(2)(b) y (d): personas residentes en Puerto Rico que cumplan una sentencia suspendida o libertad bajo palabra bajo sistemas correccionales de Puerto Rico, federales, del Distrito de Columbia o de otros estados, territorios o posesiones pueden pedir habilitación en cualquier momento; si se trata de un empleado público, la agencia debe presentar la solicitud si el empleado no lo hace y este sigue en su puesto hasta que el Director de OATRH determine lo contrario. Esa nueva redacción no menciona las penas alternativas a la reclusión, que sí estaban cubiertas expresamente por la Ley 70; además, se ordena a OATRH establecer las normas administrativas necesarias, sin fijar un plazo.
Para enmendar el subinciso (e) del Inciso (2) del Artículo 2.04 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”; y para enmendar el subinciso (a) del Inciso (2) del Artículo 9 de la Lay 8-2017, según enmendada, conocida como la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”; a los fines de establecer el requisito de retención de un balance mínimo de cinco (5) días de licencia por enfermedad para la otorgación o utilización de licencias especiales o cesión de balances; y para otros fines relacionados.
El PC 1535 enmienda la Ley 26-2017 para bajar de 12 a 5 días el balance mínimo de licencia por enfermedad que debe conservarse al usar hasta 5 días al año para ciertas licencias especiales. También intenta cambiar ese mínimo en el Artículo 9 de la Ley 8-2017, aunque la sección operativa cita por error la Ley 26-2017. El cambio permitiría usar días para atender la enfermedad de familiares comprendidos en la ley o para ciertas comparecencias iniciales en procedimientos administrativos o judiciales; no altera los propósitos ni el máximo anual. La Ley 26 aplica a entidades de la Rama Ejecutiva, incluidas corporaciones públicas, con excepciones como la Universidad de Puerto Rico y el Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1; los municipios están exentos salvo que opten por acogerse.
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