PC 183

Para establecer la “Carta de Derechos Digitales de Puerto Rico” con el fin de salvaguardar los derechos humanos de las personas en el ámbito digital.

Medida·Cámara·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

Esta medida legislativa, el P. de la C. 183, establece la 'Carta de Derechos Digitales de Puerto Rico'. Su propósito es salvaguardar los derechos humanos de las personas en el ámbito digital, definiendo derechos como la dignidad, libertad de información y comunicación, equidad en la esfera digital, seguridad de datos, transparencia gubernamental en información digital, y el derecho a ser olvidado. Afecta a todos los ciudadanos de Puerto Rico en su interacción con la tecnología y a todas las agencias y subdivisiones del Gobierno de Puerto Rico, que deberán adaptar sus .

Pros

•Reconoce y codifica derechos fundamentales en el ámbito digital, como la dignidad, libertad de expresión, equidad, transparencia y protección de datos personales, adaptando el marco legal a la realidad tecnológica actual para todos los ciudadanos.
•Establece que el acceso a internet será considerado un servicio esencial y que la participación en elecciones no dependerá del acceso digital, asegurando que la tecnología no se convierta en una barrera para derechos básicos y cívicos.
•Impone a todas las agencias gubernamentales y subdivisiones políticas la obligación de modificar sus internos para cumplir con la ley dentro de 180 días, forzando una adaptación proactiva del Estado a los derechos digitales.
•Define responsabilidades claras para el uso de algoritmos e inteligencia artificial, exigiendo que las decisiones con implicaciones éticas sean tomadas por personas y que los criterios de los procedimientos computarizados gubernamentales sean públicos y revisables por un humano.

Contras

•El articulado carece de mecanismos específicos para la fiscalización, auditoría o imposición de sanciones por incumplimiento de los derechos digitales establecidos, dejando la aplicación de la ley en gran medida a la voluntad de las agencias y a la iniciativa individual de los ciudadanos para presentar reclamaciones.
•Si bien se establece el derecho a solicitar la divulgación de procedimientos computarizados gubernamentales y una revisión por persona, la ley no detalla el proceso ni los recursos disponibles para asegurar que esta revisión sea efectiva y no meramente formal, especialmente ante el uso de 'big data' o IA compleja.
•El derecho a ser olvidado está sujeto a limitaciones por 'interés público en la disponibilidad de la información', lo cual es un criterio amplio y potencialmente subjetivo que podría ser invocado por el gobierno o entidades privadas para justificar la retención de información personal, creando incertidumbre sobre la efectividad de este derecho.
•La ley no aborda la necesidad de recursos fiscales o de personal para que las agencias gubernamentales puedan implementar las modificaciones reglamentarias requeridas y asegurar el cumplimiento de los nuevos derechos digitales, ni establece un organismo centralizado de supervisión o coordinación para esta transición.

Intereses en juego

Beneficia a:: Ciudadanos en general, al otorgarles derechos explícitos en el entorno digital y proteger su privacidad, equidad y acceso a la información. También beneficia a quienes buscan un marco legal claro para la interacción con el gobierno en línea.
Preocupa a:: Agencias gubernamentales y subdivisiones políticas, que enfrentan la obligación de adaptar sus y sistemas sin una provisión clara de recursos o supervisión centralizada. También preocupa a quienes podrían ver limitado su derecho al olvido por invocaciones genéricas de interés público.
Quién paga o decide:: El costo de implementación recae en las agencias y subdivisiones políticas del Gobierno de Puerto Rico, que deberán asignar fondos internos para la modificación de y sistemas. Las figuras políticas a cargo de estas agencias y la propia Asamblea Legislativa (a través de supervisión y futuras ) deciden la implementación final.

En qué va

Esta medida legislativa (P. de la C. 183) fue el 10 de enero de 2025 y referida a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes el 16 de enero de 2025, dentro de la primera de la Asamblea Legislativa en curso.

Generado por IA · puede contener errores y los argumentos a favor/en contra son posibles puntos de debate, no una postura oficial. Verifica con el texto oficial.

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Trámite legislativo

Última acción · 16 de enero de 2025

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