Para enmendar el Artículo 1203 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, según enmendado, para aumentar de cuatro (4) a cinco (5) años el plazo de prescripción para las acciones personales que no tienen señalado un término especial de prescripción; y para otros fines relacionados.

Para añadir un Artículo 6.27 y un Artículo 6.28 a la Ley 168-2019, según enmendada, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, a los fines de establecer el término prescriptivo para los delitos contenidos en dicha Ley; establecer los delitos que no prescriben; y para otros fines relacionados.

La medida, Proyecto de la Cámara 1259, propone añadir dos artículos (6.27 y 6.28) a la Ley 168-2019, conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020. Establece que los delitos graves bajo esta ley prescribirán a los cinco (5) años y los delitos menos graves a un (1) año. Crucialmente, estipula que los delitos de la Ley de Armas no prescribirán si se cometen como parte, medio o instrumento para perpetrar un asesinato o tentativa de asesinato. Esto afecta directamente al Ministerio Público y a la forma en que se procesan delitos relacionados con armas de fuego en casos de violencia extrema.

Para enmendar el Artículo 1198 de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida como “Código Civil de Puerto Rico”; derogar el Artículo 40 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico de 1933, según enmendado; a los fines de aclarar que la prescripción queda suspendida respecto de las personas menores de edad no emancipadas y las personas judicialmente incapacitadas; armonizar el ordenamiento vigente sobre prescripción; y para otros fines relacionados.

La medida propone enmendar el Artículo 1198 del Código Civil de Puerto Rico para aclarar que la prescripción (el plazo para presentar una reclamación legal) se suspende automáticamente para las personas menores de edad no emancipadas y para aquellas declaradas judicialmente incapacitadas, sin importar si tienen o no representantes legales o la diligencia de estos. También deroga un artículo obsoleto del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933. Esto afecta directamente a menores de edad, personas incapacitadas y sus representantes legales, así como a posibles litigantes.