“Para establecer la nueva “Ley para la Inspección de las Instalaciones del Gas Licuado en Comercios y Residencias de Puerto Rico”, para facultar a el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos con la autoridad para reglamentar y fiscalizar la instalación, mantenimiento y uso del gas licuado en las residencias y los comercios en Puerto Rico. Del mismo modo, se busca establecer una estructura que haga más seguro el uso de tanques de gas licuado en las residencia y comercios.
Qué propone
Esta medida legislativa establece la nueva "Ley para la Inspección de las Instalaciones del Gas Licuado en Comercios y Residencias de Puerto Rico". Faculta al Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos (NTTSP) para reglamentar y fiscalizar la instalación, mantenimiento y uso de gas licuado en comercios y residencias, especialmente para tanques de 100 libras o más. Requiere inspecciones y certificaciones anuales por parte de las empresas de gas, realizadas por profesionales certificados, y que las instalaciones de tanques de 400 libras o más en residencias cumplan con requisitos comerciales/industriales. Afecta directamente a propietarios de comercios y residentes que utilicen tanques de gas licuado de 100 libras o más, y a las empresas de gas que proveen y dan servicio a estos tanques.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
La medida, P. de la C. 324, fue el 11 de febrero de 2025 y referida a las Comisiones de Pequeños y Medianos Negocios y de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes el 13 de febrero de 2025, donde se encuentra actualmente.
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Última acción · 13 de febrero de 2025
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para crear la “Ley para la Fiscalización de la Industria del Gas Licuado del Petróleo y el Gas Natural, en Protección de los Consumidores”; y para otros fines.
La medida crea la Ley para la Fiscalización de la Industria del Gas Licuado del Petróleo y el Gas Natural, en Protección de los Consumidores. Establece la obligación de desvincular operaciones de importadores/distribuidores mayoristas de negocios de venta al detal, impone la publicación de precios y la emisión de facturas detalladas a los consumidores, y exige reportes semestrales de precios y costos al DACO. Afecta a importadores, distribuidores mayoristas y detallistas de gas licuado, así como a los aproximadamente 600,000 hogares que dependen de este combustible.
Para crear la “Ley de Continuidad del Suministro de Gas Natural para la Generación Eléctrica”, a los fines de establecer un régimen permanente de prevención, Alerta Técnica y respuesta ante interrupciones del suministro de gas natural destinado a la generación de energía eléctrica; disponer el procedimiento y los límites temporales para declarar una emergencia de suministro; autorizar medidas de respuesta graduales sujetas a una determinación previa de viabilidad y eficacia, incluidas, de forma excepcional, la adquisición de combustible y el uso temporal de bienes o derechos mediante un procedimiento judicial urgente y justa compensación; asignar funciones al Negociado de Energía de Puerto Rico y a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico; crear el Comité de Coordinación para la Continuidad del Suministro de Gas Natural; establecer requisitos para los Acuerdos de Continuidad y para los contratos, arrendamientos y concesiones de entidades públicas relacionados con dicho suministro; disponer la relación de esta Ley con otras leyes; preservar las competencias federales; establecer controles fiscales, la responsabilidad compensatoria de la entidad expropiante y sanciones administrativas; enmendar el Artículo 3.6 de la Ley 57-2014, según enmendada, conocida como “Ley de Transformación y ALIVIO Energético de Puerto Rico”, a fin de armonizarlo con esta Ley; y para otros fines relacionados.
Crea la Ley de Continuidad del Suministro de Gas Natural para la Generación Eléctrica y somete a sus reglas a quienes participan en esa cadena de suministro y a las unidades de generación cubiertas. Exige planes de contingencia, reportes de inventarios y riesgos, reservas mínimas de combustible alterno y preparación de suplidores alternos y acuerdos; crea una Alerta Técnica de hasta 14 días por periodo y un proceso de emergencia con declaraciones iniciales de hasta 30 días, renovables hasta un máximo de 90 días por evento. Durante una declaración, permite medidas graduales y, excepcionalmente, adquirir combustible o el uso temporal de instalaciones y derechos mediante acción judicial, depósito previo y compensación; la medida también enmienda el Artículo 3.6 de la Ley 57-2014 para que, ante una interrupción sustancial de gas para generación, se siga esta ley y las facultades del Artículo 3.6 operen supletoriamente. No asigna fondos ni autoriza deuda: la AEE ejecutaría y pagaría las medidas con fondos legalmente disponibles, y la AAFAF tendría que certificar disponibilidad antes de ciertas contrataciones y acciones de expropiación.
Para crear la “Ley para la Uniformidad y Modernización de la Identificación Requerida para el Despacho de Combustible en Puerto Rico”; establecer criterios uniformes sobre las identificaciones válidas que podrán requerir las estaciones de gasolina al momento de despachar combustible; reconocer la validez de las identificaciones digitales oficiales emitidas por el Gobierno de Puerto Rico; promover el uso de herramientas tecnológicas seguras para la verificación de identidad; prohibir prácticas discriminatorias o inconsistentes en la aceptación de identificaciones oficiales; facultar al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para reglamentar y fiscalizar el cumplimiento de esta Ley; y para otros fines relacionados.
Esta medida propone crear la Ley para la Uniformidad y Modernización de la Identificación Requerida para el Despacho de Combustible en Puerto Rico. Establece que las estaciones de gasolina que requieran identificación para despachar combustible deberán aceptar cualquier identificación oficial vigente, incluyendo versiones físicas y digitales oficiales emitidas por el Gobierno de Puerto Rico o entidades reconocidas. Faculta al DACO y DTOP para reglamentar y fiscalizar su cumplimiento, y prohíbe prácticas discriminatorias en la aceptación de identificaciones.
“Para crear la “Ley de Inspección Autorizada de Surtidores de Combustible”, a los fines de establecer un sistema complementario de inspección, comprobación y calibración de surtidores bajo la autoridad del Departamento de Asuntos del Consumidor; y para otros fines relacionados.”
La medida crea la Ley de Inspección Autorizada de Surtidores de Combustible, estableciendo un programa para que técnicos cualificados, autorizados por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), realicen inspecciones, comprobaciones y calibraciones de surtidores de combustible. Esto complementa la capacidad de DACO, agiliza el proceso para los detallistas y establece un sistema de sellos digitales verificables para informar al consumidor. Afecta directamente a los detallistas de combustible, los consumidores y a los técnicos que deseen certificarse.
Para enmendar el Artículo 6.6 de la Ley Núm. 57 de 27 de mayo de 2014, según enmendada, conocida como la "Ley de Transformación y ALIVIO Energético de Puerto Rico", a los fines de reestructurar la composición del Negociado de Energía de Puerto Rico para designar que uno de los puestos de comisionado sea ocupado por el Secretario(a) incumbente del Departamento de Asuntos del Consumidor o por una persona que haya ocupado dicho cargo en el pasado, en representación de los consumidores; y para otros fines relacionados.
Esta medida legislativa enmienda la Ley 57-2014 para reestructurar la composición del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR). Propone que uno de los puestos de comisionado del NEPR sea ocupado obligatoriamente por el Secretario(a) del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) o por un ex-Secretario(a) de DACO, actuando como Comisionado(a) en Representación de los Consumidores. Este cambio busca asegurar la representación directa del interés del consumidor en las decisiones del NEPR.
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