Ley 2-2025 (PC 268)

Para enmendar el Artículo 6.36 de la Ley 57-2014, según enmendada, conocida como “Ley de Transformación y ALIVIO Energético” para aumentar las multas que puede…

Ver título completo

Para enmendar el Artículo 6.36 de la Ley 57-2014, según enmendada, conocida como “Ley de Transformación y ALIVIO Energético” para aumentar las multas que puede imponer y facilitar el cobro de las mismas; y para otros fines relacionados.

Ley aprobada·Cámara·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

La Ley 2-2025 el Artículo 6.36 de la Ley 57-2014. Para cada violación, permite multas de $10,000 a un máximo de $125,000 diarios y establece límites calculados sobre ventas brutas, ingreso neto y activos netos, usando la cifra mayor. Si la violación persiste, permite multas adicionales de $15,000 a $250,000 diarios; por voto unánime, el Negociado puede duplicar los límites porcentuales, y elimina el límite fijo previo de $500,000. Sustituye la cláusula que aclaraba que las reclamaciones legales de personas legitimadas no afectan las multas por reglas sobre cómo pagarlas: los operadores privados no pueden usar tarifas ni otras fuentes que impacten a clientes, y las multas a la AEE se pagan primero de ingresos no vinculados a tarifas y, si no bastan, de su presupuesto operacional; lo recaudado se deposita para acreditar a clientes en la reconciliación trimestral. Eleva a delito grave la infracción intencional, con hasta 18 meses de reclusión o multas de $1,500 a $25,000, y multas de $50,000 a $100,000 por reincidencia, a discreción del Tribunal; además, permite ordenar a entidades públicas que depositen acreencias del regulado hasta cubrir la sanción, aunque solo cobrarlas cuando esta sea final y firme.

Pros

•Frente al máximo previo de $25,000 diarios, el Negociado puede imponer hasta $125,000 diarios por violación y, si esta continúa, hasta $250,000 diarios, con la posibilidad de duplicar por unanimidad los límites porcentuales. El Negociado respaldó el aumento porque considera que sanciones más altas pueden fortalecer la fiscalización e incentivar el cumplimiento de las compañías reguladas.
•La ley prohíbe que un operador privado pague sus multas con la tarifa eléctrica o con otra fuente que impacte a los consumidores, y ordena depositar lo recaudado en una cuenta separada para acreditar a clientes periódicamente durante la reconciliación trimestral. Así, los clientes reciben un crédito y la multa no se carga directamente a sus facturas.
•El Negociado puede ordenar a cualquier entidad pública que tenga una acreencia a favor de un regulado que deposite fondos hasta el monto de la sanción; una vez esta sea final y firme, puede cobrarlos de esos fondos. Esto añade una vía directa para asegurar el pago, además de los remedios que ya podía solicitar ante los foros pertinentes.
•Las penas criminales quedan a discreción del Tribunal, en vez del Negociado, como disponía la ley anterior. El Negociado advirtió que las sanciones penales deben corresponder al Tribunal; este cambio separa la imposición de penas criminales de la función reguladora.

Contras

•Aumentar los máximos no obliga a imponer multas: el artículo dice que el Negociado «podrá» imponerlas. El Comité de Diálogo Ambiental sostuvo que el Negociado había sido renuente a usar las facultades sancionadoras que ya tenía; el propio Negociado advirtió que la eficacia dependerá de que pueda hacer cumplir y cobrar las multas.
•La AEE no queda exenta: si sus ingresos no vinculados a tarifas no alcanzan para pagar una multa, debe usar su presupuesto operacional. Eso puede desplazar fondos destinados a otras necesidades operacionales; la AAPP recomendó eximir al Gobierno y a sus , pero esa excepción no quedó en la ley.
•La orden de depositar acreencias puede emitirse al imponerse la sanción, antes de que esta sea final y firme, y puede alcanzar fondos que cualquier entidad pública deba al regulado, hasta el monto de la multa. Aunque el cobro queda para cuando la sanción sea final, retener esos fondos mientras tanto puede afectar el flujo de efectivo del regulado; el artículo no establece excepciones expresas para pagos ya comprometidos.
•La medida convierte en delito grave cualquier infracción intencional de la Ley o el incumplimiento intencional de una regla o decisión del Negociado, con hasta 18 meses de reclusión y multas de hasta $25,000, y multas de hasta $100,000 por reincidencia. El texto no distingue según la gravedad o el daño de la infracción, por lo que el mismo marco penal puede alcanzar incumplimientos de distinta magnitud.

Intereses en juego

Beneficia a:: El Negociado de Energía recibe mayores facultades sancionadoras y de cobro. Los clientes pueden recibir créditos por las multas recaudadas, y los operadores privados no pueden cargar directamente esas multas a las tarifas ni a otra fuente que los impacte.
Preocupa a:: Las personas y compañías reguladas quedan expuestas a multas mayores y a la retención de acreencias públicas antes de que la sanción sea final y firme. La AEE puede tener que cubrir multas con su presupuesto operacional si sus ingresos no vinculados a tarifas son insuficientes; también hay riesgo de que la aplicación discrecional o la amplitud del delito grave produzcan consecuencias desiguales.
Quién paga o decide:: Los operadores privados pagan con fondos propios, sin trasladar las multas a los clientes; la AEE paga primero con ingresos no vinculados a tarifas y, si no bastan, con su presupuesto operacional. El Negociado decide las multas administrativas y requiere unanimidad para duplicar los límites porcentuales; el Tribunal impone las penas criminales. La ley no asigna fondos ni puestos adicionales para implantarla.

Perspectiva histórica

Esta medida se inscribe en la historia de la regulación del sistema eléctrico de Puerto Rico, que ha pasado de un monopolio público bajo la AEE a un modelo privatizado con LUMA Energy y Genera PR. La medida busca fortalecer la capacidad del Negociado de Energía para imponer multas y asegurar su cobro, un aspecto crucial en un contexto donde la rendición de cuentas de los operadores privados ha sido objeto de debate y crítica.

Qué cambió en comisiónsegún el entirillado del informe

La comisión añadió límites porcentuales a las multas, elevó la sanción por violación persistente de $25,000 a $250,000 diarios y convirtió el delito de menos grave a grave; subió las multas penales máximas a $25,000 y, por reincidencia, a $100,000.

En qué va

La Cámara aprobó la medida el 25 de febrero de 2025 y el Senado el 6 de marzo; la Cámara concurrió con las el 13 de marzo. Fue firmada como Ley 2-2025 el 19 de marzo de 2025 y entró en vigor inmediatamente.

Generado por IA · puede contener errores y los argumentos a favor/en contra son posibles puntos de debate, no una postura oficial. Verifica con el texto oficial.

Texto completo Fuente de datos, en inglésDar mi opinión

Trámite legislativo

Última acción · 19 de marzo de 2025

Ley 2-2025

Termómetro ciudadano

Ciudadanía (reacciones en LegislaPR)Aún nadie ha reaccionado

Legisladores, en votaciones por nombre

A favor: 73 (90%)En contra: 2 (2%)Ausente: 6 (7%)

La lectura de coincidencia compara solo a favor vs. en contra de cada lado.

Votación

Cámara · Aprobada

25 de febrero de 2025

48 A favor1 En contra4 Ausente

Ver cómo votó cada quien

A favor (48)

En contra (1)

Burgos Muñiz, Lisie J.

Ausente (4)

Senado · Aprobada

6 de marzo de 2025

25 A favor1 En contra2 Ausente

Ver cómo votó cada quien

Medidas similares

Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.

Discusión0 comentarios

Tu postura

0 reacciones

Deja un comentario

Entra con tu correo para opinar, comentar y seguir esta medida. La primera vez se crea tu cuenta, gratis.

Entrar

Aún no hay comentarios. Comparte tu opinión sobre esta medida.