Para enmendar el Artículo 6.6 de la Ley Núm. 57 de 27 de mayo de 2014, según enmendada, conocida como la "Ley de Transformación y ALIVIO Energético de Puerto Rico", a los fines de reestructurar la composición del Negociado de Energía de Puerto Rico para designar que uno de los puestos de comisionado sea ocupado por el Secretario(a) incumbente del Departamento de Asuntos del Consumidor o por una persona que haya ocupado dicho cargo en el pasado, en representación de los consumidores; y para otros fines relacionados.

Para derogar el Subcapítulo D del Capítulo VI de la Ley Núm. 57-2014, conocida como la “Ley de Transformación y ALIVIO Energético de Puerto Rico”, en lo pertinente a la creación y operación de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC); transferir sus funciones, poderes, personal, presupuesto y recursos al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO); disponer la transición completa para el 30 de junio de 2026; y para otros fines relacionados.

Esta medida busca derogar el Subcapítulo D de la Ley 57-2014, que creó la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC). Propone transferir todas las funciones, personal, presupuesto y recursos de la OIPC al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). La transición completa se establecería para el 30 de junio de 2026, extinguiendo la OIPC y consolidando sus responsabilidades en DACO.

Para crear la “Ley Especial de Participación, Inclusión Efectiva y Prioridad de los Municipios en los Procesos de Transformación del Sistema de Energía Eléctrica de Puerto Rico”; a los fines de establecer como política pública el proveer garantías específicas para que los municipios del país puedan asumir un rol activo en los procesos y estructuras para la implantación de la transformación señalada; así como para otros fines relacionados.

El P. de la C. 957 propone crear la 'Ley Especial de Participación, Inclusión Efectiva y Prioridad de los Municipios en los Procesos de Transformación del Sistema de Energía Eléctrica de Puerto Rico'. Su objetivo es establecer como política pública garantías específicas para que los municipios asuman un rol activo en la transformación del sistema eléctrico. Esto busca asegurar que los municipios tengan voz y participación en las estructuras y procesos de dicha transformación, afectando directamente a las administraciones municipales y a la ciudadanía en la toma de decisiones sobre el servicio eléctrico.

Para enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4 y 6 de la Ley Núm. 3 2018, según enmendada, a los fines de aclarar las ocasiones en que un cliente podrá reclamar un ajuste a su factura cuando la energía eléctrica no haya sido generada por la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, o su sucesora; y para otros fines relacionados.

La medida propone enmendar la Ley Núm. 3-2018 para aclarar y fortalecer las protecciones al consumidor en facturas de energía eléctrica. Específicamente, prohíbe a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) o su sucesora facturar o cobrar por consumo de energía eléctrica que no haya sido generada y distribuida por la propia Autoridad durante situaciones de emergencia declarada, como apagones prolongados o fenómenos atmosféricos. Además, establece que una reclamación de factura bajo esta ley paralizará el cobro de las cantidades objetadas y estas no contarán para órdenes de suspensión de servicio, utilizando como factor para adjudicar si el sector del cliente tuvo o no servicio eléctrico.