Para crear la “Ley para el plan nacional ante el calor extremo en Puerto Rico”; establecer la política pública para la protección a la vida y salud de la población y asegurar un desarrollo económico sostenible ante los riesgos del calor extremo en Puerto Rico; y para otros fines

Para establecer la política pública de regionalización del sistema de salud; crear el Fondo de Apoyo Nacional para la Salud Pública y la Atención Primaria (FANSPAP); crear los Consejos de Salud Regionales; crear el Programa de Comunidades Saludables; crear la Red Nacional de Centros Comunitarios de Salud; y para otros fines relacionados.

La medida establece la política pública de regionalización del sistema de salud en Puerto Rico. Crea el Fondo de Apoyo Nacional para la Salud Pública y la Atención Primaria (FANSPAP) con una inversión inicial de $100 millones anuales. También establece los Consejos de Salud Regionales (CSR) para la gobernanza participativa a nivel regional, el Programa de Comunidades Saludables y la Red Nacional de Centros Comunitarios de Salud, afectando a toda la población y al Departamento de Salud.

Para prohibir el expendio y utilización de cualquier protector solar que contenga las sustancias químicas —oxybenzona y octinoxato—en todo establecimiento comercial, de venta y distribución autorizado a realizar negocios conforme a las leyes del Gobierno de Puerto Rico; establecer un término de transición para cumplir con lo dispuesto en esta ley; disponer de un procedimiento de orientación a tales fines; establecer penalidades; y para otros fines relacionados

El Proyecto de la Cámara 595 propone prohibir la venta y el uso de protectores solares que contengan las sustancias químicas oxibenzona y octinoxato en establecimientos comerciales de Puerto Rico. Establece un período de transición de 36 meses tras la aprobación de la ley, seguido de un período de 6 meses de advertencia sin penalidades por incumplimiento. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) deberán implementar un programa educativo y de orientación, y se contemplan penalidades por violaciones posteriores.

Para establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico en torno a la instalación de aires acondicionados en las escuelas del sistema público de enseñanza de Puerto Rico, a los fines de requerir un proceso de evaluación técnica y de autorización previo a la instalación de equipos; precisar la responsabilidad de la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) para exigir la presentación de certificaciones de capacidad eléctrica; establecer la responsabilidad de brindar el mantenimiento preventivo a dichos equipos; establecer la responsabilidad de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) para identificar fuentes de financiamiento para la adquisición de equipos; y para otros fines relacionados.

Esta medida establece una política pública para la instalación de aires acondicionados en las escuelas públicas de Puerto Rico. Requiere un proceso de evaluación técnica y autorización previa a la instalación, y define responsabilidades para la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP) y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) en cuanto a la certificación de capacidad eléctrica. También asigna a la AEP la responsabilidad del mantenimiento preventivo y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) la tarea de identificar fuentes de financiamiento para la adquisición de equipos.