Para establecer la política pública sobre el acceso a la salud en Puerto Rico; establecer un Seguro Nacional de Salud con cobertura universal; crear la Corporación del Seguro Nacional de Salud, corporación pública que pondrá en vigor y administrará el Seguro Nacional de Salud; enmendar los Artículos 2(I)(P) y 12(A)(B)(C), de la Ley Núm. 111-2020, conocida como “Ley de Protección Social por Accidentes de Vehículos de Motor”; enmendar el inciso (1), enmendar el inciso (3) y renumerarlo como el nuevo inciso (2), enmendar el inciso (4) y renumerarlo como el nuevo inciso (3) del Artículo 1-B; enmendar los Artículos 1-C (a)(b)(C)(4)(8) y 36 de la Ley Núm. 45 de abril de 1935, según enmendada, conocida como “Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo”; y derogar la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”; y para decretar otras disposiciones complementarias.

• •La creación de una nueva corporación pública (CSNS) sin fines de lucro, aunque busca independencia, podría enfrentar desafíos de gobernanza y fiscalización similares a otras entidades públicas en Puerto Rico, especialmente si la Junta de Directores no opera con la debida autonomía y transparencia, y si no se establecen mecanismos robustos de auditoría y rendición de cuentas.
• •La transición de ASES, ACAA y FSE hacia la nueva corporación, junto con la negociación de fondos federales (block grants) y la integración de Medicare, presenta una complejidad administrativa y operativa considerable. La falta de detalle en el texto sobre cómo se gestionarán estas transiciones y negociaciones podría generar vacíos legales o retrasos significativos, afectando la continuidad de los servicios.
• •El modelo de 'pagador único' y la prohibición de competencia para aseguradoras privadas (excepto en planes complementarios o Medicare) podrían generar resistencia en el sector privado y plantear interrogantes sobre la capacidad del gobierno para gestionar eficientemente un sistema de esta magnitud sin la participación o supervisión adecuada de actores privados, especialmente en la negociación de tarifas con proveedores.
• •Si bien se busca la progresividad en las primas, la falta de cifras concretas sobre el porcentaje de aportación de cada segmento (empleados, patronos, retirados) y los criterios actuariales específicos para fijar estas primas deja un margen de discrecionalidad a la Junta de Directores, lo que podría resultar en cargas financieras imprevistas para ciertos grupos o en un financiamiento insuficiente si las proyecciones no son precisas.

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• Adriana Gutiérrez Colón
• Nelie Lebrón Robles